La exoneración de los cargos contra el General Salvador Cienfuegos -detenido en octubre pasado por autoridades americanas por presuntos vínculos con el narcotráfico- por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) violentó el derecho a la justicia y significó un paso más para la impunidad; así lo consideraron las organizaciones Seguridad sin guerra,
Colectivo Contra la Impunidemia, Fiscalía que Sirva y Tojil.
En entrevista con Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), fue clara al señalar que, específicamente, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, no estuvo a la altura de su cargo.
Por Josué Ibarra / @josueibarrasala
El 14 de enero del 2021, el general Salvador Cienfuegos fue absuelto de cargos por la FGR, pues concluyó que no hubo pruebas de que haya tenido vínculos y conversaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del extinto Cártel H-2 y en las que supuestamente acordaron rutas para el tráfico de droga y sobornos para realizarlo, tal y como había señalado la Agencia para la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
En entrevista con ZonaDocs, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) señaló cuáles fueron los errores que cometió la FGR en este caso y por qué esto abona a la impunidad que tanto han denunciado las víctimas de la violencia en México y las organizaciones en defensa de los derechos humanos.
“En nuestro país históricamente ha habido mucha impunidad en casos donde militares han sido acusados de violaciones graves a derechos humanos; la decisión que toma la FGR lo que hace es perpetuar esta impunidad en la han estado en nuestro país los militares”.
Para ahondar más en las repercusiones que tuvo la exoneración del General Salvador Cienfuegos, ZonaDocs le cuestionó el por qué considera que la FGR cambió su postura frente a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional.
“Al haber llegado a México había una tremenda responsabilidad de la FGR de estar a la altura, pero no lo estuvo, porque en muy poco tiempo decidió sin que hubiera, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, una investigación a fondo, no ejercitar la acción penal”.
Para la también fundadora de FJEDD, es necesario que tanto el Fiscal General, Alejandro Gertz Maner, como el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejen de justificar la exoneración por la falta de pruebas de la DEA:
“El Presidente y el Fiscal mencionaron que la DEA no entregó suficientes pruebas y que sólo se va a investigar cuando haya una denuncia, esto desde nuestro punto de vista es erróneo, hay una obligación de la Fiscalía de investigar de oficio; es decir, sin que haya ningún tipo de denuncia si los delitos son graves y, en segundo lugar, no es correcto lo que dice el Fiscal que cuando alguien denuncia se debe llegar con pruebas, porque esto es poner la carga de la prueba en quien denuncia y para eso está la Fiscalía”
Para Delgadillo esta falta de explicaciones y fundamento otorga elementos necesarios para exigir la renuncia del Fiscal General:
“Se requiere una rendición de cuentas transparente y efectiva sobre cómo se investigó al General, la investigación de la DEA se transparentó, pero la investigación de la FGR no, su investigación es imposible de leer, así que se tiene que transparentar, tiene que haber una rendición de cuentas para todos los ciudadanos sepamos si hubo una investigación exhaustiva, pero la otra cosa que estamos pidiendo es una acción del Senado, consideramos que el Senado debe exigir una rendición de cuentas al Fiscal, no sólo del caso Cienfuegos”.
Para la también fundadora de FJEDD, Lorena Delgadillo, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, debe hablar de qué ha hecho en estos dos años al frente de la FGR, pues lo más destacado que ha hecho es impulsar un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la institución, lo cual consideran un riesgo y retroceso porque:
“Ayudaría a perpetuar la impunidad; por ello, esas peticiones las hacemos basándonos en las propias peticiones que hizo la oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México donde se señala que tiene que haber un diagnóstico sobre cuál ha sido el actuar de la Fiscalía, tiene que haber un diálogo abierto con la sociedad civil respecto al actuar y también tenemos que cuestionar por qué el Fiscal no ha podido aplicar la ley orgánica que quiere que se cambie.”
Finalmente, Delgadillo precisó que lo ocurrido con el Fiscal y el caso Cienfuegos fue la gota que derramó el vaso respecto de una serie de irregularidades que desde el FJEDD han documentado en torno al trabajo de la FGR:
“Una institución de procuración de justicia cuando realmente se pone a prueba es cuando tiene que investigar a quien está en el Estado y a quien tiene o ha tenido un gran poder en la toma de decisiones, ahí es cuando se ponen a prueba las instituciones y la FGR ha reprobado esta prueba de encabezar investigaciones efectivas que permitan que no se perpetúe la impunidad”, concluyó.
Cuestionan autonomía de la FGR
Diversas organizaciones dedicadas al combate a la impunidad judicial como Seguridad sin guerra, Colectivo Contra la Impunidemia, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Fiscalía que sirva -a través de diversos comunicados- denunciaron el retroceso en la procuración de justicia en el país que implicó la exoneración del General Salvador Cienfuegos.
De la misma manera, la organización Tojil realizó una solicitud de audiencia ante la autoridad Judicial para exigir el ejercicio de la acción penal en contra de Salvador Cienfuegos, pues su exoneración violenta el derecho al acceso a la justicia para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Seguridad Sin Guerra, el 16 de enero, publicó un comunicado donde denunció que la acción de la FGR al deslindar al general Cienfuegos de los hechos que le imputaba la DEA, da cuenta del pacto de impunidad frente a los actos delictivos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, dando de ejemplo el caso de Tlatlaya y las 3 mil 196 denuncias presentadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares durante la gestión de Cienfuegos (2012-2018), y de las cuales sólo un porcentaje ínfimo llegaron a los tribunales.
Por ello, en su comunicado, Seguridad Sin Guerra exigió:
1: Se transparenten las razones y diligencias realizadas a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores que llevaron a la exoneración de Cienfuegos; y se informe a la ciudadanía quienes fueron los funcionarios públicos que participaron en el proceso.
2: Se ponga alto a la impunidad militar. No pedimos una sentencia condenatoria para el general, pero sí un juicio exhaustivo y serio, sin intromisión del ejecutivo. La verdadera transformación del país pasa por revertir la impunidad existente.
3: Se revise y detenga el proceso de avance militar en México. Las fuerzas armadas no deben seguir realizando funciones que corresponden a autoridades civiles. Para lograr un México en paz, es necesario volver a un estado constitucional de las cosas y construir policías de las cosas y construir policías civiles de calidad.
Un día después, el 17 de enero, lo colectivos Seguridad sin guerra, Colectivo Contra la Impunidemia yFiscalía Que Sirva, publicaron de manera conjunta un comunicado solicitando la destitución del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
“La autonomía de una fiscalía se pone a prueba justamente en estos casos, por lo que no es aventurado que, a casi dos años de haber asumido la titularidad de la Fiscalía, el Dr. Alejandro Gertz Manero ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda el país”.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que el Fiscal General, Gertz Manero, será citado a comparecer para aclara cómo y con qué fundamentos se exoneró al General Salvador Cienfuegos; al día de hoy, no hay fecha para esta acción.
