Ante los sucesos ocurridos el pasado 22 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde fueron localizadas 19 personas calcinadas al interior de dos camionetas -presumiblemente migrantes-, organizaciones de la sociedad civil, casas de apoyo a migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenaron la masacre y exhortaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y demás autoridades responsables, a realizar acciones efectivas para evitar que crímenes como este sigan sucediendo.
Esta sería la quinta masacre cometida en contra de personas migrante en México, en los últimos 10 años.
Por Samantha Anaya/Sam_An16
La denuncia de las organizaciones y demás personas que acompañan y luchan por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, señalan que la tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población en movilidad humana en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país, y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
Por otro lado, aun cuando las investigaciones han sido adelantadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, exigen la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) -la cual debe garantizar una investigación con una perspectiva de macrocriminalidad-, atender los motivos de estos delitos, así como el derecho de los familiares de las víctimas a participación en el seguimiento del caso, a través de los mecanismos de justicia transnacional existentes, como el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE).
Las organizaciones que apoyan a la población migrante y sus familias precisan que estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas anteriormente en Tamaulipas y Nuevo León, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012, la masacre de Guemez de 2014 y la desaparición de personas migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019.
También, solicitaron a la FGR que aplique las herramientas de la Ley Orgánica, forme un equipo mixto (en conjunto con la Fiscalía de Tamaulipas) y una Comisión Especial con personas expertas independientes que se avoque a la investigación de estos casos.
Por su parte, la Fiscalía de Tamaulipas informó, de manera preliminar, que las muertes fueron provocadas por arma de fuego y, posteriormente, se les prendió fuego. Sin embargo, también señaló que en el lugar no se encontraron casquillos, por lo que se considera que la masacre ocurrió en un sitio distinto al de la localización de las víctimas.
A partir de que se dieron a conocer los hechos ocurridos, el diputado guatemalteco Mario Ernesto Gálvez informó que 18 de los 19 cuerpos corresponden a migrantes guatemaltecos.
Las autoridades de Guatemala señalaron además que las víctimas probablemente eran originarias de la comunidad indígena Comitancillo y San Marcos, en ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó estar en coordinación con las autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre, la quinta ocurrida en territorio mexicano en un período de 10 años.
Por su parte, en México ni el gobierno federal, la cancillería, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se han pronunciado por esta nueva masacre contra migrantes.
Por otro lado, el gobierno federal de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular, pero la realidad demuestra que la política implementada no garantiza ninguno de esos puntos.
El discurso de una migración ordenada, segura y regular no ha sido efectivo, y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante. El militarizar las fronteras, no sólo viola los derechos humanos de las personas migrantes, sino que además se trata de una acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de traficantes de personas. Las organizaciones que realizan este reclamo insisten en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración.
A su vez, se pone en evidencia y perspectiva la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura, tal y como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial, pero incumplido en su propio territorio.
Al día de hoy, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece la obligación de las autoridades responsables de brindar apoyo a las familias a través del MAE, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incumplido su obligación de emitir lineamientos, para que consulados y embajadas de México atiendan directamente a los familiares de las víctimas. El hecho de que estas familias no cuenten con la operación integral del MAE es una violación a su derecho de acceso a la verdad y a la justicia.
Por todo ello, las ONG que hacen pública esta denuncia hacen un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades en contra de este grupo de la población.
Finalmente, advierte que, contrario a lo que ha afirmado el presidente de México en diferentes conferencias matutinas, el Estado mexicano no protege a la población migrante en el país, pues tan sólo este caso, junto con los ya antes ocurridos en esa misma zona fronteriza, implican violaciones graves a derechos humanos que han quedo en la impunidad.
Conferencia de prensa matutina del 17 de diciembre de 2020: https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/2331700963643459/.
Conferencia de prensa matutina del 22 de enero del 2021: https://youtu.be/UfnmGe4vLLE
