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Existe una crisis humanitaria en los centros de reclusión para personas con discapacidad psicosocial, como El Batán donde la tasa de mortalidad de los pacientes es del 30 por ciento. Organizaciones urgen a modificar la estrategia hacia un enfoque social comunitario de derechos
Por Jorge Lanzagorta / Lado B
Foto: Disability Rights México
“El primer requisito, si entras al Batán y eres de nuevo ingreso, te amarran de extremidades superiores e inferiores, con candados 24 horas. En la noche, a la mayoría, nos amarraban a las camas, para que no nos paráramos”.
Este es el testimonio de Felipe Orozco Salazar, médico cirujano de 42 años, quien tiene un trastorno mental esquizoafectivo –pues combina síntomas de esquizofrenia con alteraciones de estados de ánimo–. Por ello, en 2018, estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, donde –asegura– fue víctima de tratos deshumanizantes.
El Batán es uno de los 55 centros de reclusión en el país que incurre en la violación de los derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial –es decir, personas con un diagnóstico psiquiátrico–, a través de esterilizaciones forzadas, sujeciones físicas y químicas, y muertes por negligencia médica. Esto de acuerdo con el informe “Crímenes de lesa humanidad: Décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas”, realizado entre 2015 y 2019 por Disability Rights International (DRI).
En este documento se puntualiza la necesidad –urgente– de migrar del modelo biomédico (o farmacológico) actual de atención de la salud mental, hacia un enfoque social, tal como lo indica el tratado internacional (firmado por México) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este nuevo enfoque, busca el derecho de toda persona –incluidas aquellas con discapacidad psicosocial– a vivir en la comunidad, y a recibir atención médica y servicios en un entorno comunitario.
Las violaciones en El Batán
El caso del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano en Puebla es alarmante. En el informe de Disability Rights International se reporta que la tasa de mortalidad de los últimos dos años ha sido de casi el 30 por ciento. Han perdido la vida, al menos, 98 personas con discapacidad psicosocial de 300 que conformaban la población del hospital psiquiátrico.
Acerca de esto, el director de la institución dijo a DRI que la alta tasa de muerte se debió al “mal uso de los medicamentos psicotrópicos”, admitiendo la gravedad de la negligencia médica.
Además, un médico mencionó al equipo de DRI que cuando las personas con discapacidad están en estado de manía, y hay necesidad de contenerlas, se les administra “lo que está disponible”, en lugar de lo que podría ser más eficaz.
Cabe resaltar que el ex relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Mendez, escribe en el informe de Disability Rights, “que el hallazgo más grave de este informe es el altísimo grado de impunidad que hay hacia las violaciones consignadas en él”.
Méndez argumenta que es posible que estas violaciones alcancen el nivel de crímenes de lesa humanidad, debido a que “el conocimiento de un patrón de violaciones y la falta de acción institucional por parte de México para corregir estos tremendos abusos va mucho más allá de una conducta criminalmente negligente”.
Migrar de modelo
Víctor Lizama Sierra, de la organización Documenta AC, explica en entrevista para LADO B que el actual modelo de salud mental, de tipo biomédico, no soluciona la problemática en el tema de salud mental:
“Es un modelo con baja respuesta –sobre todo en cuestiones farmacológicas– que se limita a dar atención en las grandes instituciones psiquiátricas, que justifica la restricción de derechos en determinadas circunstancias y que favorece la institucionalización”.
A pesar de esto, México aún destina el 80 por ciento del presupuesto para la salud mental, a fortalecer centros psiquiátricos, según la investigación “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, realizada por Documenta AC.
El documento también señala que destinar tan sólo dos por ciento del presupuesto de salud a la salud mental es muy poco. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea mínimo un diez por ciento.
Lizama explica, por otra parte, que la forma de determinar los diagnósticos psiquiátricos bajo el esquema biomédico es ampliamente cuestionada, pues es posible que muchos de estos no correspondan a enfermedades y, por lo tanto, que las personas no requieran tratamiento farmacológico o que sean recluidas en lo absoluto.
En el documento de DRI, los directores de las instituciones psiquiátricas –en las que se incluye El Batán– coinciden en que la mayoría de las personas que recluyen no son peligrosas, ni tienen ninguna necesidad médica o psiquiátrica para permanecer en el encierro; sin embargo, también es verdad que, en ocasiones, la reclusión es inevitable.
“A una persona en situación crítica con delirios, alucinaciones, agitación fuerte o que tenga intentos suicidas, tiene que ser intervenida y/o institucionalizada para que se le estabilice”, dice Lizama al respecto, pero aclara que también existen formas de intervenir en las que no está presente la coerción.
Otras maneras de intervenir
El doctor Felipe Orozco nunca debió haber sido internado en El Batán, de acuerdo con su primer psiquiatra. Pero tan solo duró en el hospital psiquiátrico dos meses, pues cuando su padre se dio cuenta de las condiciones en que vivía su hijo, decidió sacarlo de ahí.
Esto, sin embargo, dio paso a que el doctor decidiera crear un Club House en Puebla, un grupo donde se realizan actividades recreativas, como ir al teatro, al cine o al parque, para incluir a las personas con discapacidad psicosocial a la comunidad.
Además, realiza conferencias para informar y desestigmatizar las ideas acerca de la salud mental. También pertenece al grupo Sin colectivo y participa en el consejo ciudadano de grupos vulnerables del municipio de Puebla.
En el caso del doctor Orozco, el acompañamiento familiar y las redes de apoyo, han sido lo que le ha permitido construir este proyecto para ayudar a otras personas. Así, lo que busca Sin colectivo –y otras organizaciones como Documenta AC– es brindar información y acompañamiento para las personas con discapacidad psicosocial y sus redes de apoyo.
En este sentido, Lizama apunta que, para lograr caminar en el paradigma social de derechos de las personas con discapacidad, se tienen que hacer adecuaciones, generar accesibilidad pero, sobre todo, crear sistemas de apoyo para que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre su vida, ser parte de la comunidad y construir sus proyectos de vida.
“El proceso tiene que iniciar por cambiar la legislación y dedicarle presupuestos. Lo que generaría políticas públicas con el enfoque de derechos humanos y de discapacidad, para que se hagan valer los derechos al trabajo, a la educación, a pertenecer a la comunidad; como el resto de las personas con discapacidad y como el resto de la población”, concluye Lizama.
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Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
