El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó en un conversatorio su Agenda 2021: Memoria de las almas errantes algunos de los retos que los pueblos indígenas de Chiapas enfrentarán en este 2021; entre los que, lamentablemente, destacan: los desplazamientos forzados y la presencia de grupos paramilitares.
Por Samantha Anaya/ @Sam_An16
Fotos: Centro Frayba
Los desplazamientos forzados y la reactivación de los grupos paramilitares en las zonas Altos y Norte de Chiapas son dos de los grandes retos a los que se enfrentarán las poblaciones indígenas en Chiapas en 2021; ambas circunstancias violatorias a los derechos humanos de acuerdo a Pedro Faro, director del Frayba, son críticas y, por tanto, se debe generar una reflexión sobre la situación de violencia y vulneración que obliga a las y los indígenas a desplazarse de manera forzada de sus territorios.
Parte de esto ha quedado plasmado en la Agenda 2021: Memorias de las almas errantes realizada por el Centro Frayba:
“El título de la agenda es un intento por reflejar por lo que pasan las personas desplazadas de forma forzada y que son vulneradas en todos sus derechos. La agenda busca hacer una reflexión sobre la realidad que enfrentan ellas y ellos, a causa de una nueva guerra, basada en la impunidad y los malos gobiernos que se ha reactivado en Chiapas”, precisó Pedro Faro.
Un ejemplo de la creciente incidencia de violencia hacia comunidades que habitan en la zona, es lo denunciado por el Frayba el pasado 21 de enero, cuando publicaron en su página oficial que, desde el 18 de enero de 2021, integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), agredieron con armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi, en el municipio autónomo Lucio Cabañas.
El Centro Frayba también informó que, desde abril de 2019, la comunidad Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO, lo que ha generado la destrucción de sus bienes materiales, agresiones físicas y verbales.
Otro caso que muestra la violencia y violaciones a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en Chiapas es lo sucedido el 29 de diciembre de 2020, fecha en que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) informó sobre las amenazas en contra de 15 personas pertenecientes a la Red Ambiental del Valle de Jovel, la cual defiende los derechos medioambientales en algunas regiones del estado de Chiapas.
Ese mismo día, por la mañana, las y los miembros de la Red fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque, mientras realizaban una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional, ya que en esa zona se lleva a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales.
A estos hechos hay que sumarle lo denunciado por el Frayba, el 20 de octubre de 2020, cuando, a causa de la desaparición forzada del ejidatario Juan Hernández Morales, el Centro reiteró la criminalización de la protesta del pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastián, en el municipio de Chilón, lo cual se tradujo en la violación su derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad y a defender sus derechos humanos.
A decir del Informe de 2019 sobre Episodios de Desplazamientos Internos Forzados Masivos en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la tendencia que se mostrado hasta ese año, en relación con el número de personas desplazadas anualmente en México, se puede notar una disminución desde 2016, año en que se estimó un total de 23 mil 169 personas, mientras que en 2019, esta cifra llegó a 8 mil 664 víctimas.
Sin embargo, esta disminución no representa un mejor panorama, ya que, aun cuando se están desplazando masivamente menos personas cada año, cada vez son más los eventos de violencia que obligan a muchas más a abandonar sus hogares. En el mismo informe, se expone que el estado que encabezó está lista de entidades que expulsaron un mayor número de personas desplazadas internamente de 2016 a 2019, fue Chiapas.
Por todo ello, Gonzalo Ituarte, consejero ejecutivo del Frayba, señaló que entre las necesidades del Centro está:
“El profesionalizar, institucionalizar, dar un instrumento más específico a estas tareas, particularmente asumiendo y reconociendo esta perspectiva de derechos humanos como un hecho a posteriori a la lucha en práctica, a la liberación, del compromiso con el pueblo. Por ello, la búsqueda constante del Frayba, desde sus inicios, es no ser un centro para los indios, sino un centro de los pueblos originarios”.
Por su parte, Blanca Martínez Bustos, consejera ejecutiva del Frayba, compartió que otro de los retos y tareas a trabajar como Centro es la manera en:
“Cómo empoderamos, facilitamos y acompañamos en los procesos. Cuando el Frayba cumplió 15 años, un chico contó la historia de cómo antes no podían ni caminar por las calles de San Cristóbal de Las Casas. Él nos dijo ‘si nos sentábamos en una banqueta, salía la gente y nos echaban agua caliente, pero ahora no sólo caminamos por las banquetas, sino que también defendemos nuestro territorio, nuestra lengua y nuestra cultura’. Esas luchas tan concretas y fuertes contra la discriminación, misma que absorbe la identidad de los pueblos originarios, nos permite remover la tierra y decir que encontramos la semilla que nos ayuda a defender a su lado nuestra tierra. Esto es algo que el Frayba quiere cuidar”.
Asimismo, Ituarte precisó que a lo que más aspiran, como un centro que defiende los derechos humanos de los pueblos originarios, es alcanzar su mayor contradicción: dejar de ser necesarios.
“A lo que aspira el Frayba es una contradicción: trabajar para que el Centro ya no sea necesario; que ya no se requiera defender los derechos humanos de los pueblos, y que ellas y ellos se hagan sujetos de su propia historia, de sus propios derechos, y que exijan el cumplimiento de los mismos, pero por ahora la tarea aún se mantiene. Por eso, la historia de los pueblos en Chiapas muestra cómo un pueblo consciente y articulado va tomando en sus propias manos su historia, y eso es a lo que se aspira obtener con esta resistencia y lucha para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios”.
Retos de resistencia para este 2021
Blanca Martínez aseguró que, entre los retos que presenta este nuevo año, no sólo está relacionado con las acciones de los diferentes niveles de gobierno, especialmente, el gobierno federal, sino también con los sucesos que acontecen a nivel mundial:
“Lejos de traer un cambio como lo ‘prometía’, se ha empeñado en consolidar las reformas estructurales, en medio de la continuidad a un modelo neoliberal, que favorece sólo a ciertos grupos privilegiados. El fortalecimiento de las reformas estructurales implica 100 años de retroceso en los procesos históricos de resistencia de nuestros pueblos, lo que implica, para las organizaciones que damos acompañamiento a estos, revisar no sólo lo que está sucediendo en México, sino que también es muy importante observar lo que acontece a nivel mundial, como la pandemia y todas sus consecuencias”.
Otro punto importante que destacó en el conversatorio y que pone en perspectiva lo que el Frayba debe afrontar en el contexto actual es “no descuidar la trinchera”.
“Lo que no podemos dejar de hacer es mantener y revisar nuestro espacio organizativo, actualizándose con los retos que tenemos ahorita a nivel mundial, porque afrontemos grandes retos que amenazan la forma en cómo resistimos, en medio de condiciones desconocidas. Ahora, tenemos mayores retos que nos exigen una mayor revisión de lo que hacemos en la práctica, y recrearnos constantemente ante la exigencia histórica que tenemos, como personas que deseamos cambiar este mundo, para rescatarnos como pueblo y como humanidad”, enfatizó Martínez.
Sordera gubernamental
La indiferencia y la impunidad, por parte de los diferentes niveles de gobierno ante los crímenes y la violencia que viven las y los habitantes de las comunidades: “no es una novedad: son históricas”.
“Lo vivido en Chiapas muestra cómo el lenguaje de señas para esta sordera gubernamental es la transformación que los pueblos originarios han hecho a lo largo de la historia. El Frayba es resultado de ese caminar, así como el ejército Zapatista, y las demás resistencia que han transformado Chiapas. Chiapas no es igual que hace 30 años, ha cambiado desde abajo, pese a una sordera gubernamental mantenida a lo largo de los sexenios”.
Para finalizar, Blanca Martínez expresó que el compromiso que ellas y ellos tienen es “seguir resistiendo y generando alternativas a lo impuesto por el sistema, así como alternativas de vida”.
