La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación porque la crisis de salud causada por la COVID-19 sea también una crisis generalizada de derechos humanos en las Américas, la región más desigual del mundo.
En su labor por velar y proteger la vida, la integridad y la salud de todos y todas, la CIDH ha instalado una sala de trabajo que incluye resoluciones, guías prácticas y otras herramientas que los gobiernos deben atender para incluir la perspectiva de derechos humanos en todas sus políticas públicas relacionadas con la pandemia.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
De acuerdo con las consideraciones de Joel Hernández García, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Américas es la región más desigual del mundo. En ella la pobreza y pobreza extrema son un problema que atraviesa a la mayoría de los países, hay altos índices de corrupción, impunidad y violencia generalizada, trabajos precarios y otras condiciones que han dejado a la población en una situación de mayor vulnerabilidad desde el inicio de la pandemia por COVID-19.
La CIDH ha recibido más denuncias por violencia contra las mujeres a partir de la llegada del SARS-CoV-2. Durante el 2020 en México las llamadas de auxilio por el mismo motivo aumentaron 131% con respecto al 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región disminuyó cerca del 8 % en 2020 debido a la prolongación de las medidas de confinamiento nacionales.
Esos son algunos de los datos que alertan que la crisis sanitaria puede convertirse también en una crisis generalizada de derechos humanos.
Preocupan también las suspensiones o limitaciones de derechos humanos que han aplicado todos los Estados. Si bien, las restricciones a la movilidad, reunión o trabajo pueden ser legítimas siempre y cuando se justifique su necesidad, temporalidad y proporcionalidad, la poca certeza sobre la duración de la pandemia también provoca incertidumbre sobre el cumplimiento de los derechos.
Debido a esta situación y como parte de su labor de proteger los derechos humanos, la CIDH estableció la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19) en marzo de 2020. Como parte de esta sala, los Comisión ha trabajado en resoluciones, guías prácticas y otras herramientas que tienen un propósito en común: incitar a los países del continente americano a incluir la perspectiva de derechos humanos en todas sus medidas de atención y contención de la pandemia.
“El centro de nuestra preocupación es que todos los Estados sean respetuosos del marco de derechos humanos. Hacemos un llamado para que cada política pública relacionada al COVID-19 tenga como centro a las personas”, dijo el presidente de la CIDH durante la conferencia magistral realizada por la organización no gubernamental México Justo el pasado 25 de enero.
Joel Hernández García, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Entre los principales ejes de trabajo que la Comisión Interamericana ha adoptado se encuentra el desarrollo de estándares de protección, que los 35 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben atender. El primero es la resolución 1/20 sobre “Pandemia y Derechos Humanos de las Américas”.
Este documento publicado el 10 de abril de 2020 incluye 85 recomendaciones sobre las “obligaciones de hacer” y “obligaciones de no hacer” de los países, varias de ellas dirigidas a grupos de personas en situación de especial vulnerabilidad: personas mayores, personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTIQ+, personas afrodescendientes y personas con discapacidad.
Entre las obligaciones negativas o “de no hacer” está el abstenerse de suspender procedimientos judiciales; evitar las estrategias de detención migratoria que aumenten los riesgos de propagación de COVID-19; abstenerse de restringir el trabajo de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que monitorean el trabajo del Estado; entre otras.
Por otro lado, en las obligaciones positivas o “de hacer”, está: incorporar la perspectiva de género con enfoque interseccional en todas las respuestas para contener la pandemia; mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental; asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional; entre otras.
“Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen” enuncia la segunda recomendación de la resolución 1/20 de la CIDH.
La segunda resolución de la SACROI COVID-19 es la 4/20 de los “Derechos Humanos de las personas con COVID-19“. Ahí se declaran la protección del derecho de acceso a la información, igualdad y no discriminación de las personas con COVID-19, así como los derechos de las personas trabajadoras de la salud y cuidado que atienden a quienes han enfermado.
Integrantes de la organización México Justo
Entre los otros ejes de trabajo de la CIDH están:
El monitoreo y análisis de impacto de políticas públicas en el goce de los derechos humanos, con el fin de identificar situaciones de preocupación y exhortar a los Estados a atender esos problemas.
El desarrollo de medidas cautelares o instrumentos que contienen recomendaciones para que los Estados protejan la vida de la población en mayor riesgo, como las personas privadas de su libertad.
El sistema de casos y peticiones para atender violaciones de derechos humanos de una o varias personas en específico que, además, en su país han agotado todos los recursos para alcanzar la justicia.
La promoción y capacitación o asistencia técnica, tanto a funcionarios como a organizaciones de la sociedad civil, para lograr mejores prácticas de protección de los derechos. Para ello se han desarrollado dos guías prácticas hasta ahora: la “Guía Práctica Nro. 1 sobre ¿Cuáles son los estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19?” y la “Guía Práctica Nro. 2 sobre ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia?“.
El presidente de la CIDH anunció el pasado 15 de enero que próximamente se publicará una guía sobre el acceso universal al Internet.
La comunicación pública y campañas de promoción sobre las resoluciones, guías y otras herramientas que la CIDH realiza.
La articulación e institucional y social a través de reuniones con gobiernos para conocer preocupaciones y acciones para atender la pandemia.
Finalmente, el presidente de le CIDH, Joel Hernández García, recordó que lo que hacen en la Comisión es un trabajo complementario para reforzar esfuerzos nacionales. Sin embargo, los Estados de América tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos para que la vida, salud e integridad de las personas se proteja de acuerdo a estándares internacionales.
