Todo es lo que parece
Por Igor Israel González Aguirre / @i_gonzaleza
En días pasados el periódico Reforma –sin ninguna referencia al trabajo realizado por Álvaro Delgado en el 2020– publicó un informe que constata lo que desde 2014 ya sospechábamos: que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, habría contado con la participación activa de miembros del Ejército Mexicano y de diversas corporaciones policiacas. Gravísimo.
De ser cierto el testimonio ofrecido por “Juan” -un testigo protegido, supuesto integrante del Cártel Guerreros Unidos-, se comprobaría que una de las heridas más dolorosas de nuestra historia reciente habría sido perpetrada -en colaboración estrecha con el crimen organizado- por una de las instancias encargadas de garantizar la seguridad en el territorio nacional. Subrayo: en colaboración estrecha. Más aún: por una de las instituciones que tradicionalmente suele generar altos niveles de confianza entre la ciudadanía. En caso de que las declaraciones de “Juan” puedan ser corroboradas con evidencia palpable, sin duda contribuyen a desvelar el tamaño y la profundidad de la corrupción institucional e institucionalizada en nuestro país.
La lista de oprobios es grande y crece: Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Acteal, Aguas Blancas, Tlatelolco, Chilpancingo, Cananea. No hay lugar para las dudas: fue y ha sido el Estado… Insisto, el asunto es grave. Gravísimo. Más allá del escalofriante contenido del relato de “Juan” -lleno de dolorosa crueldad-, me parece que de su testimonio se desprenden diversas consecuencias que afectan a la vida pública en nuestro país; y sobre las que valdría la pena reflexionar. Sobre todo porque se ha hablado relativamente poco del tema.
A continuación enumero sólo algunas de las aristas que considero centrales:
- El desplazamiento cualitativo de la violencia. Este flagelo nunca nos ha sido ajeno. Sin embargo, hasta hace un par de décadas, las causas de lo violento eran más o menos identificables. Pienso, por ejemplo, en los casi tres lustros que comprende el periodo conocido como Guerra Sucia. Ahí lo violento tenía un fuerte componente ideológico-político: quien desaparecía o moría era quien pensaba diferente y se oponía al régimen. Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, iniciada a finales del 2006, la narrativa gubernamental tendía a plantear que el incremento brutal de las muertes violentas en el país eran en su mayoría de integrantes del crimen organizado. “Se matan entre ellos”, afirmaba Calderón. Con la desaparición de los 43 lo que se revela es que hoy todas y todos estamos en riesgo. ¿Por qué nos desaparecen y nos matan? Simplemente porque pueden. Quizá la consecuencia más nefasta de todo esto sea la normalización conspicua de lo violento.
- La publicación del Reforma contribuye a desmontar la “verdad histórica”, esbozada por el cansino Jesús Murillo Karam. Y con ello se ponen de relieve los mecanismos a través de los que el gobierno peñanietista se erigió como artífice de la mentira. La labor de encubrimiento llevada a cabo por el entonces Procurador General de la República evidencia las raíces profundas de un régimen preocupado más por preservar el poder que por incidir positivamente en el bienestar de la ciudadanía. ¿Hasta qué nivel se extiende el alcance del crimen organizado? ¿Habrá justicia y se castigará también a las autoridades quienes por acción u omisión fueron cómplices de este crimen? No hay que olvidar quién era el Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña. Tampoco hay que perder de vista el papel del entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ojo ahí.
- El testimonio de “Juan” habla de millones de pesos mensuales repartidos entre diversos mandos altos y medios del Ejército. Para este caso en particular se señalan a los batallones de infantería 27 y 41, asentados en Guerrero. ¿Será esta práctica una regla en toda le extensión de la palabra, o más bien una excepción cuyas consecuencias han sido terribles? Como quiera que sea, no me cabe duda que lo anterior erosiona en alguna medida la confianza que genera una de las instituciones mejor valoradas en el país. Esto se torna aún más espinoso si se toma en cuenta que el actual gobierno ha validado de algún modo la versión publicada en el diario ya mencionado. Y de paso le ha dado un espaldarazo al Ejército. Ojo ahí.
- A la luz de lo anterior resulta ingenuo obviar el poder que ha adquirido la milicia en lo que va de este sexenio. Puede que la silla presidencial sea ocupada hoy por un político de modos distintos a quienes le precedieron. Tal vez el personaje sea un garbanzo de a libra y tenga una férrea voluntad para producir una transformación política de fondo. Como quiera que sea, las inercias y las permanencias estructurales son muy fuertes. Y el Ejército, lo sabemos, es un sistema cerrado, con dinámicas y lógicas que le son propias. Su ritmo de cambio institucional es lentísimo y no siempre responde como tal a las adecuaciones que se experimentan en el entorno. En otras palabras: la milicia que comanda López es la misma que le dejaron sus antecesores. Ojo ahí.
Desde esta perspectiva, es inevitable plantearse algunas interrogantes. Desde luego, se derivan del caso específico, pero no se agotan ahí: ¿Hasta qué punto se ha infiltrado el crimen organizado en una institución tan cerrada y disciplinada como el Ejército? ¿La tortura y la desaparición son prácticas recurrentes en este organismo? ¿Lo será también la colaboración con diversos grupos del crimen organizado? ¿Realmente en manos de quién estamos? ¿De qué tamaño es la podredumbre en otras instituciones encargadas de la seguridad y de la impartición de la justicia? ¿Será que es tan descomunal que ya somos incapaces de verla?
Sea pues.
