A dos años del inicio de su administración, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, presentó un balance bianual sobre la incidencia delictiva en el estado (2018 y 2020): “las cifras que hoy vamos a presentar son las cifras del sistema nacional de seguridad, no son cifras inventadas, no son cifras construidas a modo’’, afirmó el pasado 11 de enero en un evento virtual.
De acuerdo con los datos presentados por el mandatario, hubo una reducción del 20% en el número de personas desaparecidas dentro del estado; 11.3% en homicidios dolosos y 4.3% en secuestros; sin embargo, delitos, como: feminicidios, violencia familiar y hallazgos de fosas clandestinas, se fueron al alza.
¿Qué opinan las organizaciones junto con las y los expertos que monitorearon el incremento de la violencia durante el 2020? Dolores del Carmen Chinas y Arturo Villarreal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) consideran que, pese a que se ha reconocido una disminución en la incidencia delictiva, esto no refleja la inseguridad y la violencia que siguen experimentando las y los ciudadanos; mientras que, el informe presentado, obvia analizar las estadísticas del año 2019, es decir, las deja fuera.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), manifestó su preocupación sobre el incremento de los delitos de alto impacto, particularmente el incremento del 388.4% en el número de víctimas encontradas en fosas clandestinas; y la responsabilidad del Gobierno del estado en la instalación y permanencia de la violencia en la entidad.
Por Jacqueline López / @jacqueline_lope
Dolores del Carmen Chinas, especialista en seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), reconoció que, aunque en el informe presentado por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hubo una disminución numérica en la incidencia delictiva, aún prevalecen fuertes problemáticas vinculadas a temas complejos que afectan al estado y a sus habitantes, como: las desapariciones de personas, los feminicidios, así como, los hallazgos de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas. Delitos que no han disminuido con la pandemia, sino que se han agravado.
Por ejemplo, ante la ausencia de personal en muchas instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia, debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, se dejó de dar continuidad a muchas carpetas de investigación y diligencias en campo para la búsqueda de personas desaparecidas.
La especialista, advirtió que, si bien, las cifradas hablan de una disminución (2019-2020) del 23.30% en el número de personas desaparecidas en el estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), es una realidad que muchos de estos casos no son denunciados: “las familias refieren que, por cada una de las personas desaparecidas, mínimo hay otras tres que no se están denunciando’’.
Por ello, resulta fundamental advertir que se trata de una problemática que no disminuye, sino que, con el tiempo se ha agravado.
Algunas de sus causas, precisó, se deben a que no hay suficiente personal capacitado en las dependencias para la búsqueda de personas desaparecidas; los recursos para la identificación forense son escasos; y las leyes en la materia aún permanecen en proceso de revisión. Es urgente, por lo tanto, una acción coordinada entre el gobierno estatal y las dependencias para resolverlas: “se requiere demasiada colaboración entre instituciones, para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas’’.
Respecto al alza de 106% en los casos de feminicidio, con 68 mujeres víctimas de este delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dolores del Carmen Chinas advirtió que, pese a que en Jalisco esto ya era un problema, las medidas de confinamiento han sido un factor importante para su aumento, no sólo para mujeres adultas y jóvenes, sino también, para las y los menores de edad: “esta pandemia también ha generado mucha vulnerabilidad a los menores”.
No existe una disminución y esto se debe a la impunidad, la corrupción, la validación social de la violencia hacia la mujer y la falta de políticas públicas y de prevención para atender esta problemática y todo lo que se deriva de ella, explicó Chinas. Señaló, además, que pocos son los programas que están siendo destinados a apoyar a las y los niños huérfanos por un feminicidio.
El gobernador de Jalisco también informó sobre un aumento de 388.4% en el número de víctimas encontradas en fosas clandestinas; sin embargo, aseguró que el incremento se debe a las labores de búsqueda ejecutadas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
No obstante, la presencia del crimen organizado en el estado y sus colindancias ha provocado que estos entierros clandestinos se vuelvan cada vez más comunes. A ello, se suma la saturación de los servicios médicos forenses, la demorada labor de identificación de restos humanos y las cada vez más brutales formas en las que son encontrados los cuerpos:
“Es un problema agravado y más allá de que ahora sí están haciendo el trabajo correcto para encontrar las fosas, refleja el problema de seguridad tan grave que seguimos teniendo, pues no todas las fosas clandestinas encontradas en el 2020 son antiguas, muchas son recientes’’.
Por otro lado, el mandatario estatal informó que en 2020 se colocaron en la vía pública mil 500 botones de pánico, además de 6 mil 640 cámaras de videovigilancia y sensores para “ayudar a combatir la inseguridad”; sin embargo, los botones de pánico, sensores y cámaras son útiles, pero necesitan de todo un engranaje de seguridad preventiva, aseguró la especialista.
La investigadora, consideró importante resaltar que la delincuencia tiene una repercusión grave en la sociedad, no sólo para quienes ya han sido sus víctimas directas, sino para todas aquellas potenciales. Y es que, señaló que las personas han dejado de hacer muchas cosas, privándose del espacio público debido a la inseguridad.
Por lo tanto, es vital que el miedo no se convierta -como sucede ahora- en una dinámica social naturalizada, puesto que, el miedo provocado por la inseguridad genera como resultado: una afectación al derecho de vivir con dignidad.
Por su parte, Arturo Villareal del departamento de Derecho Público en el CUCSH, precisó que este informe “no tiene elementos de contraste para ver si efectivamente las cosas están como las señala el gobierno del estado’’.
En su opinión, es importante considerar que las estadísticas presentadas se basan en el número de denuncias que reciben las autoridades, lo que no necesariamente refleja el número real de delitos que se cometieron en el estado; sobre todo si se considera que la cifra de impunidad y el número de delitos que no se denuncia ronda en el 92%.
Al mismo tiempo, aunque advirtió que podría reconocerse el trabajo que han realizado las corporaciones policiacas para disminuir la incidencia delictiva del estado, esto no puede ser atribuido exclusivamente a la actuación del gobierno estatal. En su opinión, hay “un factor importante y atípico”: la pandemia.
De esta forma, el confinamiento ha ayudado a la disminución de algunos delitos, sin embargo, la inseguridad se ha trasladado a otras esferas y esto se debe a que la delincuencia tiene la capacidad y movilidad de cambiar estructuras y objetivos.
‘’Hay una pequeña trampa en ese informe, pues se contrasta el 2018 con el 2020, dejando fuera el 2019, lo que hace suponer que se están tratando de maximizar los logros’’ afirmó.
Desde la sociedad civil organizada, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), manifestó que existe “mucha desconfianza” por parte de las y los ciudadanos hacia a las autoridades del estado, debido al índice de impunidad en el que permanecen un sinnúmero de carpetas y expedientes de investigación, lo que inhibe la presentación de denuncias. Así es como las estadísticas muestran una cifra a la baja:
‘’Pero eso no quiere decir que los millones de delitos que se comenten a diario no sigan prevaleciendo. Hay mucha impunidad por lo que las personas deciden ya no denunciar, pues realmente la sociedad no siente que tendrá justicia, no existe una atención inmediata, los procesos son muy largos para las víctimas y eso dificulta muchísimo el que se quiera denunciar. Solo 10% de los delitos son denunciados, y el 7% de las denuncias llegan a una carpeta de investigación” explicó Jonathan Ávila, encargado del área de investigación e incidencia delictiva del CEPAD.
En ese sentido, dijo que es necesario que el Gobierno del estado diseñe y ejecute verdaderas acciones preventivas, donde los cambios sustantivos sean visibles dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Finalmente, con preocupación habló sobre “lo peligroso” de los informes de seguridad que esta administración ha utilizado para justificar su quehacer en la materia, principalmente, porque no existe un reconocimiento de la responsabilidad que el Gobierno del estado mantiene sobre el incremento de la violencia en los delitos de alto impacto, particularmente, respecto al aumento en el número de fosas clandestinas encontradas en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como, al interior del estado, tal y como se denunció en el reportaje: Guadalajara: Zona de exterminio y desaparición – ZonaDocs.
“El gobierno se vanagloria de que el número de fosas son resultados de la búsqueda, pero es algo que nos debería de alarmar bastante’’ concluyó.
