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Circunstancias difíciles enfrentan miles de personas que pidieron asilo en Estados Unidos y han sido obligadas a permanecer en la frontera norte de México, en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtieron en una sala de espera donde los retornados se mantienen a la expectativa de su resolución que ahora pasa a manos de un nuevo gobierno.
Por Rocío Gallegos / La Verdad
Fotografías y video: Alicia Fernández
Cada vez que se alarga el trámite de su petición de asilo en Estados Unidos (EEUU), Yaneth Blanco Valdez siente que se le esfuma la posibilidad de vivir del otro lado de la frontera. Su situación migratoria la mantiene en Ciudad Juárez desde hace casi un año y siete meses, en el olvido de los gobiernos de dos países.
“Estoy como en el limbo, no sé si me quedo aquí o me voy para allá” dice Yanet, quien el 23 de junio de 2019 fue retornada por el gobierno de Donald Trump a Ciudad Juárez, junto con su hermana Claudia, con quien huyó de Cuba para solicitar asilo en Estados Unidos.
Salió de su país por la situación económica y política, dice. Acompañada de su hermana llegó esta frontera en 23 días; ambas cruzaron a Estados Unidos por el Río Bravo el 14 de junio, se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y nueve días después fueron regresadas a territorio mexicano.
Sus casos son dos de los más de los 70 mil migrantes que fueron trasladados desde Estados Unidos a la frontera norte de México, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México, programa que comenzó a operar el 29 de enero de 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano mientras sus casos son atendidos en cortes de migración.
Yanet aún espera la resolución de la Corte de inmigración. La situación de su hermana Claudia es distinta, a ella le negaron el asilo y se quedó en el limbo en territorio mexicano, donde no cuenta con residencia legal.
Yaneth Blanco, médica cirujana cubana, se prepara un café en la cocina del lugar de renta que habita al lado de su hermana en Ciudad Juárez, en donde aguarda en espera de su próxima cita para solicitar asilo político en Estados Unidos.
Solo ocho días estuvieron en territorio estadounidense, en celdas de centros de detención para inmigrantes. Cuatro días en El Paso y otros cuatro en Fort Hancock, Texas. “Ahí nos metieron al MPP y nos enviaron para México”, cuenta desde su casa en una vecindad deteriorada en Juárez, ciudad que pasó de ser una ruta de migrantes a una sala de espera de Estados Unidos.
La incertidumbre que le desata su situación no se desvanece con el arribo del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, menciona. Aunque confiesa que con el cambio en el gobierno recuperó un poco la esperanza que aún tiene de cruzar la frontera para permanecer de manera legal en EEUU, porque el nuevo presidente ofreció cambios migratorios.
“No tengo 100 por ciento de seguridad de que voy a cruzar, pero del 10 por ciento de esperanza contra el 90 que tenía de que se me negara con (Donald) Trump, ya por lo menos ahora tengo un 50 por ciento de esperanza” afirma Yaneth, de 35 años, sin saber cuánto más debe esperar aún en México.
Su tercera audiencia en la Corte de inmigración en El Paso se aplazó dos veces por el cierre de la frontera debido al COVID y su próxima cita está programada hasta el 8 de marzo de este año, bajo un nuevo gobierno.
Biden advirtió a mediados de diciembre que tardará meses para establecer su propio plan de asilo y desmantelar el de la Administración de Trump.
Mientras eso ocurre los migrantes extranjeros que aún esperan su asilo en Ciudad Juárez, en su mayoría cubanos y centroamericanos, viven condenados a permanecer en condiciones de extrema precariedad en albergues o departamentos, casas o cuartos que rentan de manera compartida, en muchos casos, sin la posibilidad de contar con servicio médico y ante condiciones de inseguridad.
Isela y Fernando de El Salvador cuelgan ropa en el patio del albergue de migrantes El Buen Samaritano
“Tenemos una situación poco complicada con los migrantes, estas personas no han podido seguir sus Cortes en Estados Unidos, por la pandemia están cerradas. Entonces, esas personas están esperando en México seguir su proceso y muchas esperando empezar su proceso. Hay mucha incertidumbre” dice Luz Adriana Torres Serrano, consultora del Comité Internacional de Rescate (IRC), organización que ofrece ayuda a migrantes en la frontera mexicana.
Por su experiencia Torres Serrano asegura que los migrantes están vulnerables, han ser víctimas de delitos, y el clima invernal es una situación problemática, desata enfermedades respiratorias, lo que complica su salud en medio de una pandemia.
Esas condiciones de precariedad y abandono de los solicitantes de asilo en Estados Unidos son documentadas en el informe de investigación “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”.
El documento fue elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones encontraron en más de un año de investigación que los solicitantes de asilo enfrentan abusos no solo por parte de autoridades, también por bandas de delincuencia organizada, debido a que son enviados a ciudades que el Departamento de Estado incluye en su lista de más peligrosas para los ciudadanos estadounidenses, y a donde recomienda no visitar.
Mencionan, además, varias irregularidades legales detectadas en la forma como se implementó la estrategia, como el hecho de que se anunció por el Gobierno de México como una “medida humanitaria”. Sin embargo, no ha garantizado a los retornados el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, empleo o seguridad.
En su investigación, las organizaciones documentaron que desde 2019 y hasta mayo de 2020 más de mil integrantes del programa MPP fueron víctimas de secuestro, extorsión, tortura, asesinato y abuso sexual.
“Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump”, se menciona en el informe, donde se reporta que las primeras personas retornadas ingresaron por Tijuana el 29 de enero; en marzo de 2019, se iniciaron a las ciudades de Mexicali y Ciudad Juárez. Posteriormente, se incorporaron Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila y, desde inicios de 2020, Nogales, Sonora.
‘NO PODEMOS PARAR, NECESITAMOS AVANZAR’
La inseguridad y la precariedad son condiciones que Yaneth ha sorteado durante su travesía y su estancia en Ciudad Juárez, donde ha logrado sobrevivir con ayuda que ofrecen grupos promigrantes o religiosos, con trabajos en bares, restaurantes y desde mayo del 2020 con su labor en el hotel filtro, estancia donde se recibe a los retornados de Estados Unidos. Ahí ejercer su profesión de médica, en la atención de migrantes con COVID-19.
Ella es egresada de la Universidad de Ciencias Médicas ubicada en la provincia de Camagüey.
“Decidí salir de Cuba por la situación política y económica, que se está poniendo bastante complicada”, narra mientras realiza la limpieza de la casa donde reside temporalmente. “Tenía un dinerito y vi que allá no me iba alcanzar para nada, decidí dejar el país”.
Decidió iniciar su travesía hacia Estados Unidos donde vive su papá, dice. Junto con su hermana viajó a Nicaragua, porque ahí los cubanos tienen visa libre, es decir, pueden viajar sin demostrar a su gobierno que van a regresar con la compra de pasajes de regreso.
“Ahí contactamos un coyote que nos cobró 5 mil dólares por traernos hasta acá, pasamos ríos, ya sabe, de todo lo que se pasa en el camino, huyendo de la policía, venimos por el pacífico en lancha, el día que hubo un terremoto en El Salvador casi se tira la lancha en zona de tiburones. Una trayectoria bastante difícil” cuenta.
Cruzaron México de manera ilegal. Llegaron a Ciudad Juárez, donde las convencieron de no anotarse en la lista de espera para cruzar por el puente internacional. Pagaron mil dólares más para pasar por el Río Bravo. Les pidieron entregarse a los agentes de migración de EEUU.
“Nos hicieron decir toda una historia, de que nos asaltaron… para que un contacto que supuestamente tenían allá supiera que éramos enviados de ellos. ¡Mentira! Nadie tiene contacto de aquí allá”, expresa al tiempo que eleva su voz para mostrar su molestia.
Les dijeron las verían del otro lado de la frontera en tres o cuatro días. Con ese argumento los traficantes las desposaron de sus pertenencias, solo les dejaron los pasaportes, dice.
Las hermanas Claudia y Yaneth
“Todas emocionadas nos creímos la historia, y como nos había salido todo bien con el coyote que veníamos, nos confiamos”, cuenta. “Todo era mentira”.
Sin dinero, sin teléfono, sin documentos y solo con la ropa que traían puesta ella y su hermana fueron retornadas por Ciudad Juárez, donde se estima que aún permanecen unos 11 mil migrantes extranjeros, de los más de 22 mil que cuentas con audiencias programadas en la Corte de El Paso, Texas.
“Cuando llegamos a Migración (en Ciudad Juárez) nos dicen que todas las casas para los inmigrantes estaban llenas, porque en esa época era todos los días gente pa’ca y pa’ca y no había ni dónde meterse”, cuenta Yaneth, quien tuyo que llamar a su papá que reside en Estados Unidos para que les enviara ayuda, solo ese mes pudo hacerlo porque por la pandemia el hombre se quedó sin empleo.
Ella lleva dos audiencias ante un tribunal de inmigración, pero debido al cierre de la frontera, por la pandemia del COVID-19, desde marzo su trámite quedó suspendido.
“La primera cita ante la Corte la tuve el 22 de enero del año pasado, luego tuve una segunda el 20 de febrero y tenía una próxima el 6 de junio, pero ya estaba cerrada la frontera y la Corte por el COVID, después me la pusieron para octubre, también se cambió”, dice. Ahora debe esperar hasta el próximo 8 de marzo.
Su situación le angustia, no solo por la incertidumbre de la espera por el asilo, también por la condición de su hermana a quien el gobierno de Estados Unidos le negó el refugio.
A Claudia la rechazaron en su cuarta Corte, en diciembre del 2019, cuenta. Pidió apelación y se la programaron para febrero del 2020, pero ya no se presentó.
“Me negaron todo y no podré ir para allá, aquí me quedaré en Juárez, aquí tengo varios propósitos, primero sacar mis papeles para trabajar y reunirse con mi familia. Pero es un poco complicado” dice Claudia, de 20 años.
Tampoco obtuvo una opción para regular su estancia en México. El refugio debe pedirse dentro de los primeros 30 días de entrada a México. Así que las opciones que tiene ahora es casarte, tener un hijo o una enfermedad grave para que el gobierno mexicano le otorgue la residencia.
“Hay que seguir adelante, no se puede uno parar en la vida, necesitamos avanzar”, expresa Yaneth, quien quiere cruzar la frontera para dirigirse a Dallas, Texas, donde quiere retomar su vida.
La inseguridad y la precariedad son condiciones que Yaneth ha sorteado durante su travesía y su estancia en Ciudad Juárez, donde ha logrado sobrevivir con ayuda que ofrecen grupos promigrantes o religiosos, con trabajos en bares, restaurantes y desde mayo del 2020 con su labor en el hotel filtro, estancia donde se recibe a los retornados de Estados Unidos. Ahí ejercer su profesión de médica, en la atención de migrantes con COVID-19.
Ella es egresada de la Universidad de Ciencias Médicas ubicada en la provincia de Camagüey.
“Decidí salir de Cuba por la situación política y económica, que se está poniendo bastante complicada”, narra mientras realiza la limpieza de la casa donde reside temporalmente. “Tenía un dinerito y vi que allá no me iba alcanzar para nada, decidí dejar el país”.
Decidió iniciar su travesía hacia Estados Unidos donde vive su papá, dice. Junto con su hermana viajó a Nicaragua, porque ahí los cubanos tienen visa libre, es decir, pueden viajar sin demostrar a su gobierno que van a regresar con la compra de pasajes de regreso.
“Ahí contactamos un coyote que nos cobró 5 mil dólares por traernos hasta acá, pasamos ríos, ya sabe, de todo lo que se pasa en el camino, huyendo de la policía, venimos por el pacífico en lancha, el día que hubo un terremoto en El Salvador casi se tira la lancha en zona de tiburones. Una trayectoria bastante difícil” cuenta.
Cruzaron México de manera ilegal. Llegaron a Ciudad Juárez, donde las convencieron de no anotarse en la lista de espera para cruzar por el puente internacional. Pagaron mil dólares más para pasar por el Río Bravo. Les pidieron entregarse a los agentes de migración de EEUU.
“Nos hicieron decir toda una historia, de que nos asaltaron… para que un contacto que supuestamente tenían allá supiera que éramos enviados de ellos. ¡Mentira! Nadie tiene contacto de aquí allá”, expresa al tiempo que eleva su voz para mostrar su molestia.
Les dijeron las verían del otro lado de la frontera en tres o cuatro días. Con ese argumento los traficantes las desposaron de sus pertenencias, solo les dejaron los pasaportes, dice.
MILES ABANDONARON SU PETICIÓN
Hasta diciembre de 2020, 70 mil 467 personas fueron trasladadas desde Estados Unidos a la frontera norte de México, de acuerdo con datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracusa que reúne información sobre justicia federal en Estados Unidos.
De esa cantidad, 22 mil 694 tienen su proceso en una corte en El Paso, Texas; sin embargo, únicamente 3 mil 268 solicitantes de asilo se presentaron a sus audiencias. Otros 8 mil 514 aún esperar su primera cita.
Al menos 10 mil 912 migrantes no acudieron a su última audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por el TRAC. Organizaciones promigrantes estiman que la mayoría de ellos abandonaron su trámite para permanecer en México o regresaron a su país de origen.
Aunque esta situación no se documenta en registros oficiales de México ni de Estados Unidos, si se refleja en los albergues donde la población de migrantes que esperaban su asilo disminuyó en los últimos meses. Tal es el caso de El Buen Samaritano, donde son pocos los que permanecen.
El refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores tiene unos 50 migrantes, menos de la mitad de los que tenía hasta marzo del 2020, cuando se reportó en situación de hacinamiento.
Juan Fierro, el director del albergue El Buen Samaritano, ubicado al surponiente de Ciudad Juárez habla sobre las medidas de seguridad impuestas, como cámaras de seguridad, sentado en su oficina
Desde ese mes Estados Unidos cerró su frontera con México y canceló las audiencias a personas bajo el programa MPP, sin una fecha fija para su reanudación.
Este albergue ha dado refugio a unos mil 750 migrantes desde octubre del 2018, cuando comenzó el arribo de las personas que llegaron con la primera caravana, cuenta el pastor del albergue, que se habilitó en las instalaciones del templo El Buen Pastor.
“Empezamos con personas que duraban un día, luego tres días, luego cinco, siete días, quince días, un mes, tres meses y luego ya se vino la espera larga de hasta casi dos años” dice el religioso.
La situación obligó ampliar su infraestructura para recibir a más migrantes y por más tiempo, aunque ahora tiene menos. Una condición similar se registra en la red de albergues que reciben migrantes en la ciudad.
Ismael Martínez Santiago, encargado de Pan de Vida, que desde hace dos años da refugio a extranjeros, comenta que muchos de los migrantes retornados por el gobierno de Trump y que estaban alojados en su albergue se regresaron a su lugar de origen porque no aguantaron la espera para su asilo.
El año pasado llegó a tener hasta 360 personas en el lugar, ahora son menos de la mitad las que permanecen alojadas en casitas tipo cabañas, donde hay dos habitaciones con camas, un baño y una estancia grande donde se improvisó una cocina, un espacio con sillones y camas tipo literas. En ellas habitan varias familias.
Entre los migrantes que no han desistido y mantiene la esperanza de cruzar a Estados Unidos y lograr su asilo se encuentra Victoria Santos, de 21 años, procedente de San Paulo, Brasil, quien busca asilo para reunirse con su suegra en Nueva Jersey.
Victoria Santos cocina en el albergue El Buen Samaritano. Ella es una migrante Sao Paulo de Brasil que tiene meses en espera de su siguiente cita para solicitar asilo
Dice que cruzó la frontera junto con su marido y su hija de dos años por Mexicali, Baja California, se entregó a los agentes de inmigración en Arizona y de allá la trasladaron para El Paso. Ahí les informaron que serían enviados a México.
“No queríamos estar aquí”, dice en español, un idioma que se esfuerza en hablar para comunicarse con el resto de los residentes del albergue que en su mayoría son cubanos y centroamericanos.
Ella llegó en febrero del 2020, su cita en la Corte de El Paso se la dieron en marzo, pero por el cierre de la frontera ya no cruzó. El gobierno de Estados Unidos le difirió su audiencia para junio, luego para septiembre y otra vez para enero, pero ahora espera una nueva fecha bajo un nuevo gobierno.
Ella permanece en el albergue El Buen Samaritano, donde tiene la comisión de ayudar en la cocina con la preparación de los alimentos para todos.
Cada seis días le toca hacer equipo para sumarse a las labores de elaborar platillos, lavar trastes y hacer el aseo del lugar, cuenta mientras prepara lo que van a servir ese día: arroz, frijoles y un guiso de papas con zanahorias.
Sirven la comida a las 2 de la tarde, dice. “No estaba acostumbrada a cocinar para tantos”.
Tampoco estaba preparada para esperar tanto en su trámite de asilo.
Lo mismo dice Yaneth, quien se da ánimos para no desistir.
“Casi todos salimos buscando un mejor futuro, los que salimos intentamos vivir normal, solo queremos mejorar la vida”, expresa mientras continua su espera a que el nuevo gobierno de Estados Unidos les abra las puertas.
(Con información de Alicia Fernández)
laverdadjz@gmail.com
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Este contenido fue producido por La Verdad, como parte de una colaboración binacional de medios fronterizos bajo el programa piloto Rebuilding Local News impulsado por Microsoft en El Paso-Ciudad Juárez.
