Reportaje
En 2020, la pandemia afectó a diversos sectores poblacionales, uno de éstas fueron las y los migrantes, pues a su travesía se sumó un nuevo obstáculo: enfermar de COVID-19, lo que ocasionó que los flujos migratorios disminuyeran y las normas se incrementaran; sin embargo, aún con el riesgo de contagio las personas tomaron la decisión de salir de su países en busca de una mejor calidad de vida.
El presente trabajo trata de retratar las circunstancias que vivieron y viven los y las migrantes en su tránsito por México en el marco de la actual pandemia.
Por Karely Daniela Jiménez Aguirre y Aletse Torres Flores.
La migración es un fenómeno mundial, el humano está en constante tránsito, conforme a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2019, la población migrante representada al 3.5% de la población mundial. En el 2000, era el 2.8%.
México es considerado un “país tránsito” de migrantes; a causa de su posición geográfica con los Estados Unidos. Particularmente, los estados del sur de México son importantes áreas de tránsito para los migrantes de “paso” que provienen, en su mayoría, de Centroamérica.
En la actualidad se identifican ocho flujos de movilidad y migración internacional, a los que se les reconoce como: emigración, migración de retorno, migración circular, movimientos transfronterizos, inmigración, extranjeros y naturalizados, migración de tránsito, y refugiados.
En cada uno de ellos, se observan perfiles diversos, que se modifican según el contexto histórico, social, económico y político del país de origen y del país de destino.
En el proyecto Inmovilidad en las Américas (2020), para el 2017, las cifras indicaban que había 8 mil 975 personas reconocidas como refugiadas en México, de las cuales el 37% eran provenientes de El Salvador, el 32.3% Honduras y el 13.2% Venezuela.
Además, entre enero y noviembre de 2020, en la Síntesis de Estadísticas Migratorias de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación se registro la emisión de 30 mil 731 tarjetas de Residente Temporal y 48 mil 746 tarjetas de Residente Permanente por la condición de refugiados.
En marzo de 2020 todo cambió, pues las fronteras se cerraron para evitar la propagación del de la enfermedad COVID-19; por tanto, el fenómeno migratorio sufrió severas modificaciones, pues la población que ya era sistemáticamente vulnerada tuvo que optar por cambios de rutas, cierre de albergues, agresiones, abusos por parte de la autoridad, cierre de instituciones internacionales y gubernamentales, dejándolos sin nada, más que con la esperanza de que todo volviera a la “normalidad”.
El nuevo muro: virus COVID-19
En marzo de 2020, el gobierno mexicano, decidió cerrar sus fronteras para evitar el paso de la población migrante so pretexto de la pandemia, pues se buscaba prevenir el contagio de la COVID-19.
Esto ocasionó un cambio en los flujos migratorios, pues se registró una baja en el paso de personas migrantes en el sur del país.
En la Síntesis de Estadísticas Migratorias de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de 2020, se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración a 80 mil 926 personas migrantes.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM), en su Informe 2019 expuso que existen cuatro escenarios visibles que determinaron el contexto migratorio del país:
1) La presencia de la Guardia Nacional en la contención a migrantes, demostrando que el Gobierno Federal ve al fenómeno desde la seguridad nacional y no desde una perspectiva humanitaria;
2) Incremento de personas en las caravanas migrantes;
3) Entrega de tarjetas visitantes que caducaron a los meses, dejando sin protección jurídica a quienes se las brindaron; y
4) Reforzamiento del control y seguridad de la frontera sur, evitando el ingreso al país.
La presencia de estos escenarios aumentaron en el 2020, ya que el cierre de fronteras implicó un redoble de vigilancia fronteriza en los primeros meses de la pandemia, se mantuvo durante los meses de junio y julio. Durante el mes de agosto se incrementó la vigilancia y la militarización de la frontera sur, cuestión que se mantiene hoy ante la posible llegada de la Caravana Migrante 2021.
En la frontera norte, entre México y Estados Unidos, en el periodo de enero a noviembre las detenciones disminuyeron y se registró el retorno de 50 mil 470 personas migrantes, mientras que en 2019 fueron 143 mil 42 personas (64% más) las que fueron devueltas a su país de origen.
Las detecciones han sido realizadas por miembros de la Guardia Nacional, esta militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) es preocupante para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien ha denunciado que es importante contar con personas con perspectiva de derechos humanos en la organización para evitar vulnerar los derechos de la población en tránsito.
En septiembre de 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el ACNUR y la OIT buscaron ampliar el acceso al trabajo en personas con estatus de refugiado y solicitantes de asilo en ocho estados del país.
Lo que no se reafirmó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, pues en éste, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso recortes presupuestales a las organizaciones e instituciones destinadas al apoyo para las y los migrantes.
A pesar de la pandemia y sus consecuencias, en agosto del año pasado, se registró una alta en los flujos migratorios, pues la población migrantes entró al país por puntos ciegos, lo que permitió la llegada de migrantes de Centroamérica, Cuba, Venezuela y, en menor proporción, de Haití y África.
Sin oportunidad de quedarse en cuarentena, las personas migrantes se vieron en la necesidad de vivir en la calle, volviéndose altamente vulnerables al contagio; así lo cuenta Alberto, nombre ficticio para resguardar su identidad:
Atención en puerta
En México, la población migrante representa un grupo de la sociedad en situación de vulnerabilidad y cuyos derechos humanos son frecuentemente violentados, pues son una población que, por diferentes factores, deciden dejar su lugar de origen y emprender su trayecto en busca de una vida mejor.
Durante su viaje, los albergues y las casas migrantes representan un lugar de seguridad, descanso y apoyo; aquí se les apoya con asilo, comida, vestido y asesoría en trámites de refugio y/o asilo..
Los albergues trabajan de manera independiente, respecto al gobierno, y se mantienen a través de la solidaridad de la propia sociedad civil u donativos de organizaciones internacionales.
En el mes de marzo, cuando el gobierno federal declaró emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial por la enfermedad COVID-19, muchos de los albergues y las instituciones gubernamentales que atendían a la población migrante cerraron sus puertas, confinando a las personas que residían en el albergue y limitando la ayuda a quienes tocaban sus puertas.
Sin embargo, nueve meses después, han reconfigurado sus prácticas para seguir apoyando en su camino a la población en tránsito que no se ha detenido por la pandemia.
FM4 Paso Libre
En Guadalajara, Jalisco, en la colonia Arcos Vallarta, se encuentra el albergue FM4 Paso Libre, el cual desde 2010 atiende a personas migrantes y refugiados. Antes de la pandemia podían alojar hasta 100 personas.
En el mes de marzo, 35 personas se alojaban en el albergue. Con el confinamiento, el número de migrantes y refugiados dentro de FM4 fue disminuyendo, en diciembre residieron sólo cuatro personas que no salían para nada. Por tanto, optaron por aislar a sus huéspedes y limitar la atención, para proteger su salud y evitar el contagio masivo.
Actualmente, dan atención en la puerta y el comedor se encuentra abierto para los que están “de paso”, también, entregan víveres, medicinas, ropa a los migrantes que viajan en el tren; los trabajos colaborativos y el voluntariado siguen suspendidos.
A pesar de los nuevos obstáculos que se han presentado por la pandemia, el centro sigue solidarizándose con la población migrante.
“Al final de cuentas, las casas, y albergues de migrantes lo que hacemos es llenar el vacío estatal que que les brinda atención a esa población”, comentó Luis Enrique González, coordinador de FM4 Paso Libre.
Hospitalidad y Solidaridad A.C.
En el sur del país, en Tapachula, Chiapas, ciudad que se ha caracterizado por el gran flujo migratorio que presenta, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) señaló ahí se ha dado más de 60% de las 36 mil solicitudes de asilo recibidas en 2020.
Con los años se ha incrementado el número de personas migrantes en Tapachula, pero a diferencia de otros lugares, ahí las y los migrantes que llegan buscan tramitar la condición de refugiados. Este fenómeno, ocasionó la construcción de un albergue que se especializa en la atención a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en el sur de México.
El 2 de diciembre de 2020, la organización Hospitalidad y Solidaridad A.C. y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) inauguraron el primer albergue en México dedicado exclusivamente a la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Aunque el espacio está pensado para personas refugiadas y solicitantes de asilo, también se recibirán a las personas en condición de refugiado que salen de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración bajo el programa de Alternativas a la Detención.
El albergue busca prestar servicios basados en la dignidad, el respeto, la eficiencia, la sustentabilidad y la vinculación con otros actores (sociedad civil, academia, gobierno e iniciativa privada). Pese a que la pandemia continúa, el esfuerzo y trabajo de los integrantes, el nuevo albergue ya está condicionado para apoyar a las personas migrantes: “estamos listos para cualquier escenario”, así lo comentó Fernanda Acevedo, integrante del albergue.
El Refugio Casa del Migrante
Hace más de una década está en funcionamiento “El Refugio Casa del Migrante”, albergue ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
Al principio de la cuarentena contaban con 50 huéspedes; sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y la pandemia, los migrantes han dejado el albergue por la incertidumbre a la que se enfrentan; actualmente, las personas que ahí residen están en espera de resolución de su trámite de refugiados.
Heriberto Vega, director del Refugio, explicó que durante un tiempo notaron una baja en el flujo migratorio, pero desde agosto las familias que bajaban del tren empezaron a amanecer afuera de su puerta, solicitando su apoyo. Esta situación los llevó a “abrir” sus puertas, pero solamente para ofrecer comida, baño, ropa y casas de campaña para dormir alrededor de las instalaciones.
Asimismo, la Hermana Teresa, integrante del personal del Refugio, comentó que no recibieron una respuesta por parte del gobierno municipal de Tlaquepaque cuando solicitaron su apoyo, así que ellos mismos tuvieron que resolver los nuevos problemas que trajo la pandemia.
Sin embargo, afirmaron que el apoyo incondicional de los donantes lo mantuvo firmes, para la hermana es impresionante que la misma comunidad sea la que más aporte: “con lo poco que tienen nos ayudan, así sean pollos o dos suéteres”.
El gobierno los dejó a la deriva
Las instituciones gubernamentales que se encargan de los trámites, refugio y situación legal de las personas en tránsito tomaron la decisión de suspender temporalmente sus actividades, lo que dejó a la deriva y sin respuesta a todos los que dependían de ellas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió temporalmente la extensión de permisos de estancia vía Forma Migratoria Múltiple para continuar en el país, esto ocasionó irregularidad migratoria y aumentando la posibilidad de deportación.
Lo mismo pasó con la COMAR, la cual hasta junio permaneció sin atender trámites que personas migrantes de distintas nacionalidades intentaban realizar en Tapachula, dejando a cientos de migrantes varados.
Los albergues migratorios operados por gobierno federal y por la sociedad civil llegaron al tope de su capacidad, lo cual era un riesgo de contagio; en consecuencia, ACNUR México suspendió temporalmente el programa de reubicación.
En el mes de octubre de 2020, volvieron a funcionar todas las instituciones; sin embargo, debido a que la pandemia continúa, los trámites se han vuelto más largos, las pautas han aumentado y las respuestas siguen sin llegar para miles de migrantes que dejaron sus papeles por la “desesperación” y se arriesgaron a seguir su camino sin ninguna seguridad.
¿Y qué hizo el Gobierno de Jalisco?
En el estado de Jalisco, la dirección de “Atención a personas migrantes” no ha bajado la guardia, desde que comenzó la pandemia el director Raymundo Galván y otras dos personas han permanecido activos. Si bien, la ayuda ha sido mayormente para los mexicanos que se encuentran en el extranjero, la dirección explica que se han dedicado a designar en algún albergue a las personas que llegan o asesorarlos en algún trámite.
Otra institución que sigue brindando ayuda es el DIF Guadalajara, la directora Elizabeth García, destacó que operan a la mitad de su capacidad, como consecuencias de las medidas implementadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19, pero eso no impidió que, hasta septiembre del 2020, la atención de 35 personas migrantes, quienes, principalmente, era originarias de Honduras y El Salvador.
Otro virus llamado xenofobia
En México, si bien, los flujos migratorios bajaron nunca se detuvieron, representando nuevos retos para quienes cruzan el país para llegar a la frontera con Estados Unidos, y así alcanzar el “sueño americano”.
La pandemia de la COVID-19 también generado un incremento en la xenofobia, discriminación y violencia hacia la población migrante en transito, dificultando su camino y orillándolos a tomar rutas más peligrosas para evitar estas conductas de la población mexicana.
La estigmatización y la discriminación hacia las y los migrantes que se difunde mediante los discursos de odio, fomentan en la sociedad civil prejuicios falsos, pues ahora se les ve como: “los portadores de virus”, encasillándolos como enemigos.
Matías (nombre ficticio para resguardar su identidad), se ha movilizado desde que tenía seis años debido a la violencia de su país de origen. Actualmente reside como refugiado en México donde se enfrenta a la discriminación en su día a día:
Pero los ataques no sólo son verbales, pues se han presentado numerosos incidentes racistas y xenófobos en relación al brote del virus del COVID-19, entre los que se encuentran agresiones físicas, tales como: golpes, violaciones, secuestros, entre otros.
Asimismo, las extorsiones y chantajes son otro tipo de violencia al que se enfrentan.
De acuerdo con el informe de 2019 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM) durante todo ese año las personas migrantes sufrieron las siguientes agresiones: robos (mil 412), abuso de autoridad (mil 124), abusos sexuales (91), y secuestros (150).
Para la investigadora de la red, esta situación resulta alarmante :
“En números tal vez no resuena tanto, pero sí es alarmante, nos situamos ante un panorama de necropolítica, donde el estado se ve beneficiado de alimentar un sistema donde la vida de las personas vale menos que un acuerdo arancelario”.
En el Estado de México donde reside Sergio (nombre ficticio para resguardar su identidad), “muchas cosas no le han gustado”, una de ellas es que sufrió un acto violento por parte policías estatales:
Desafortunadamente, la situación que vivió Sergio no es un caso aislado.
Al comienzo de la pandemia en México, la población migrante sufrió dos eventos violentos.
El primero tuvo lugar el 27 de febrero de 2020 en la estación migratoria de Acayucan, donde al momento de ser liberados 74 salvadoreños varios habitantes de Oluta quisieron lincharlos; el otro evento tuvo lugar el 3 de marzo, cuando un grupo de migrantes resguardados en un auditorio de Palenque, Chiapas, fueron desalojados de manera violenta y sus pertenencias fueron quemadas por los habitantes.
Pero el rechazo y los abusos vienen también por parte de las autoridades, quienes son las responsables de brindarles ayuda. Samuel (nombre ficticio para resguardar su identidad), dejó su natal de Cuba en busca de una vida mejor, sin lograr pasar la frontera hacia Estados Unidos, decidió quedarse en México, pero cuenta que el país no ha sido tan acogedor como pensaba:
“Yo creo que más que xenofobia y discriminación es miedo a la pobreza, si fuera un extranjero francés caminando con mochila, no existiría ese rechazo” expuso Nimsi Arroyo, integrante de la organización Hospitalidad y Solidaridad.
Ella desde su experiencia expone que la sociedad rechaza a las y los migrantes encasillándolos en un estereotipo fijo que abona a la discriminación que este grupo de la población sufre.
Al respecto, Christopher Gascon, Jefe de Misión de OIM México, comentó que:
“a menudo el origen de los prejuicios y la discriminación proviene del miedo; la discriminación hacia los que viajan o vienen de otros países no tiene que ver nada con COVID-19. Es más bien otro virus, llamado xenofobia”.
Con todo en su contra, las personas en tránsito han tenido que reconfigurar sus rutas, embarcándose en trenes de carga, cruzar selvas, ríos, lagos, con tal de evitar el cruce con todos aquellos que los agreden, aunque estas nuevas rutas impliquen una mayor posibilidad de contagio e inseguridad.
Cárceles disfrazadas
El Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales, las cuales durante la pandemia alojaron a los migrantes que fueron detenidos en las fronteras y dentro del país.
Éstas no cuentan con ninguna medida sanitaria, ocasionando varias muertes por por COVID-19 de personas migrantes en detención y bajo custodia del INM.
El informe de 2019 de la REDODEM advierte que al menos 823 personas mencionaron haber sido detenidas en Estaciones Migratorias; de éstas, 183 nombraron no haber contado con condiciones dignas de detención y 69 declararon haber sufrido agresión física o verbal en el momento de la detención.
Frente a esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, al menos tres recomendaciones al INM, en razón de la atención a la población migrante que fue violatoria a sus derechos; y con el apoyo de OIM y ACNUR, muchos migrantes que fueron detenidos pudieron volver a su país de origen (no se transparento si sus traslados fueron voluntarios).
“Si no me muero de COVID, me muero de hambre en mi país”
Se escucha a lo lejos las vías del tren. Es un tren de mercancías al que llaman La bestia; este recorre miles de kilómetros desde el sur de México hasta la frontera estadounidense. En su lomo carga cada año a miles de indocumentados que comparten el mismo anhelo: vivir el sueño americano.
Otra de las rutas es por el agua, en balsas que bordean la costa del Océano Pacífico, en botes por los ríos, escondidos en camiones de carga, en taxis, autobuses de pasajeros, o en ocasiones a pie por brechas entre cerros, ciudades, campos, o caminatas que a veces superan 100 kilómetros; pese a los duros trayectos, prefieren no volver a su país.
El informe 2019 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM), expuso que la principal razón del traslado es la económica y, en segundo lugar, la violencia. Sin embargo, están las variables familiares, ambientales, socioculturales y personales, que pueden estar entrelazadas unas con otras.
En su viaje, pasan hambre, sed, cansancio, corren el riesgo de ser violentados por las autoridades o el crimen organizado, en su propia voz, los y las migrantes narran cómo ha sido su viaje por México.
Un rayo de esperanza
En el marco de la pandemia de la COVID-19, los y las migrantes se enfrentaron al endurecimiento de los controles migratorios, junto con un claro rechazo por parte de la sociedad.
Es claro que México no dejará de recibir migrantes, pero el paradigma es la respuesta del gobierno federal que ha dado para la gestión de flujos migratorios irregulares.
La política migratoria de México, plantea una lógica instrumental, que pone en riesgo el bienestar de la sociedad.
Los movimientos migratorios no se van a detener, así lo demostró la población en tránsito este año, que con la pandemia decidieron emprender y seguir con su viaje.
Por ello, es importante verles como lo que son, personas con derechos, no se tienen que combatir, no se les tiene que ver como la “peste”. Es necesario buscar estrategias con perspectiva de derechos humanos, para protegerles y acompañarles.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes (REDODEM) enlistó una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano para que atienda en virtud de los derechos humanos y las políticas públicas, la realidad migratoria:
1) Alzar la voz. Solicitar y pedir que el Estado mexicano brinde el derecho de la libre movilidad.
2) Analizar, valorar y considerar la creación de una Secretaría Especializada en el tema migratorio.
3) Capacitar desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a todas las autoridades competentes.
4) Evitar acciones punitivas y de contención.
5) Generar espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y especialistas en migración para la elaboración de propuestas.
6) Articulación efectiva con los gobiernos de la región.
7) Trabajar de manera coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.
8) Facilitar el pleno acceso a derechos de personas sujetas a protección internacional.
9) Implementar protocolos funcionales de acción para las caravanas migrantes.
No es un camino fácil, encontrar y poner en práctica estas estrategias para el fortalecimiento de la política migratoria, pero es importante reconocerles sus derechos, respetarlos, conocer sus historias, entender su movilización forzada y abrazarles. Asimismo, como sociedad es momento de sacudir esos estigmas que llevamos y difundimos, apoyar a los albergues y brindarles un nuevo hogar.
Genaro, nombre ficticio para resguardar su identidad, tiene 42 años y viene desde El Salvador, dejó su país por el hambre que padecía. En México ha tenido “malos ratos”; sin embargo, cree que la pandemia mejorará las cosas para él y toda la población migrante:
