Policía civil de Guatemala reprime a integrantes de la caravana migrante 2021 en Vado Hondo, Chiquimula.
Ante la salida del nuevo éxodo migrante centroamericano los pasados días 13, 14 y 15 de enero, organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, México y Estados Unidos se han unido para exigir a los gobiernos de sus países respuestas humanitarias y apegadas a los derechos humanos, para quienes integran esta movilización transnacional por una vida digna.
Y es que han denunciado que la militarización de las fronteras, las amenazas, el acoso y la violencia desmedida han sido las respuestas ofrecidas por los gobiernos de la región. Apenas el pasado fin de semana, tras la llegada del contingente a territorio guatemalteco, a la zona de Vado Hondo en Chiquimula, elementos de seguridad de Guatemala cercaron el paso de las y los integrantes de la caravana con gases lacrimógenos
Según han advertido las organizaciones, entre 6 mil y 9 mil personas, -hombres, mujeres, niñas y niños, familias enteras- provenientes en su mayoría de Honduras, huyen de la crisis económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y la devastación que los huracanas Eta y Iota trajeron a sus territorios el pasado 2020.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Imágenes de portada e interiores Radio Progreso
Cerca de 300 organizaciones, personas defensoras y activistas a título personal en Estados Unidos, México y Centroamérica se unieron el pasado viernes 15 de enero para hacer un llamado a los gobiernos de la región a que respondan con apego a sus legislaciones internas y al derecho internacional, ante la salida de la nueva caravana migrante 2021.
Con ello, piden que se garantice la posibilidad de solicitar la condición de refugiado para las personas que huyen de la violencia, la persecución en sus territorios de origen y/o las condiciones sociales y económicas derivadas del azote de la pandemia de la COVID-19 y el paso de los huracanas Eta y Iota.
Al respecto, informaron que un primer contingente de personas salió de San Pedro Sula, Honduras el pasado 13 de enero, después, los días 14 y 15 se unieron nuevos grupos alcanzando una movilización de al menos 6 mil centroamericanos que recorren las fronteras en busca de una vida digna.
En ese sentido, las organizaciones recordaron que, tras el inicio del “Programa Quédate en México” en enero de 2019 junto con el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos en junio del mismo año y los Acuerdos de Cooperación para el Asilo de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala, se han ejecutado “una serie de políticas y acciones de los gobiernos de la región que ponen en riesgo la seguridad, el bienestar y la vida de la población migrante, al tiempo que limitan la posibilidad de buscar protección internacional”.
Les preocupa, por lo tanto, que su respuesta ante la nueva movilización siga las estrategias empleadas en el último año, incluso, cuando éstas ya “han sido señaladas con preocupación por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Y es que, si bien los discursos oficiales que surgieron tras el anuncio de la caravana 2021, hablan de la urgente necesidad de dar una respuesta apegada al derecho a la vida y a la seguridad de quienes integran el nuevo éxodo, “las acciones específicas y el mensaje que enviados es de contención, disuasión y criminalización”, precisaron su comunicado.
En este caso, el papel y el uso que se ha dado las fuerzas armadas en México a través de la Guardia Nacional para la detención de personas migrantes, precisaron, ya también ha sido señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de una recomendación emitida en enero de 2020, tras la llegada de una caravana. En ésta se precisa que, “el Instituto Nacional de Migración (INM) violó los derechos de las víctimas al permitir que la Guardia Nacional revisara el estatus migratorio de personas migrantes y las detuviera”; en el mismo sentido, el organismo consideró que los agentes utilizaron de manera arbitraria y desproporcionada la fuerza, pese a que tuvieron que garantizar y salvaguardar la vida y los derechos de las y los integrantes de la movilización.
Aunque en su comunicado habrían advertido sobre las medidas de “estado de prevención” emitidas por el Gobierno de Guatemala para los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa; el sábado 16 de enero, tras la llegada de los contingentes a la frontera entre Honduras y Guatemala, fueron recibidos por un cerco policiaco que reprimió su paso violentamente. De acuerdo con medios de comunicación internacionales, la represión estuvo a cargo de elementos del Ejército de Guatemala y la Policía Civil.
Mientras tanto, la frontera entre México y Guatemala ha sido reforzada por la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano.
Las organizaciones informaron que dadas las políticas de restricción y cierre de fronteras para las personas solicitantes de asilo y refugio durante la pandemia, México mantiene un acumulado de 41 mil 329 solicitudes en 2020, al tiempo que, al menos 100 mil personas han solicitado la condición de refugiado en los dos últimos años. Añadieron que, si bien Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos se comprometió a restaurar el derecho al asilo y a recibir 125 mil personas refugiadas durante el 2021, “este compromiso no exime a México de la obligación de ofrecer asilo a las personas que lo soliciten en el país”.
De tal forma que en su comunicado hicieron un llamado a los Estados para que ofrezcan una respuesta humanitaria y basada en los derechos humanos para quienes salieron de sus países en esta nueva caravana.
Han requerido con ello, garantizar el derecho al refugio “en el país que las personas escojan como destino seguro”; respetar el principio de no devolución; atender las necesidades humanitarias siguiendo los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19; cumplir con la legislación mexicana que prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes no acompañados y acompañados; y garantizar la rendición de cuentas de agentes migratorios y elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a derechos humanos a personas migrantes, solicitantes de protección y personas defensoras.
Finalmente, han exigido que se retire a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, entre ellas, a la Guardia Nacional en México y “asegurar que estos se realicen por autoridades civiles”.
