El presidente Andrés Manuel López Obrador durante una rueda de prensa señaló que podrían desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), esto a causa de una reforma administrativa donde se propone que sus labores pasen a formar parte de diversas secretarías y dependencias del gobierno federal.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil advierten que, en el caso del INAI, al ser un organismo garante del derecho a la información, su desaparición representaría un grave retroceso tanto en el desarrollo democrático del país como en materia de derechos humanos como lo son la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, ambos establecidos en el artículo sexto de la Constitución Mexicana.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de funcionar como contrapeso frente al ejercicio público, tiene la atribución de la tutela de derechos clave, como el acceso a la información, que permite el ejercicio de otros derechos como el acceso a la información.
De acuerdo con Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el derecho a la información es una herramienta de la ciudadanía para generar un escrutinio del ejercicio público y la rendición de cuentas a las autoridades y, como consecuente, poder habilitar la garantía de otros derechos.
Sin embargo, bajo el argumento del ahorro y austeridad al “ser organismos que consumen miles de millones de pesos y tienen poca utilidad”, el ejecutivo federal pretende delegar las funciones del INAI a dependencias del gobierno como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o, incluso, la Fiscalía Anticorrupción.
Lo que para Sarahí Salvatierra representaría una reducción en el estándar de garantía del derecho, ya que la Secretaría de Función Pública (SFP) no podría intervenir en otros poderes, pues se convertiría en juez y parte.
“Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo”, señaló Fundar a través de un comunicado.
Asimismo, explicó que al quitarle la autonomía al INAI —resultado de décadas de lucha de la sociedad civil organizada— iría en contra de estándares internacionales sobre libertad de expresión como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde se señala como fundamental contar con un organismo especializado que pueda implementar una ley de transparencia.
Otro ejemplo es la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, en la cual establecen que “para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información”, que en este caso es el INAI.
Por otra parte, el INAI ha permitido la apertura de información relevante y de interés público a través del acceso a información adicional solicitada que no está transparentada en primera instancia, por medio de mecanismos como la Plataforma Nacional de Transparencia.
No obstante, las prácticas de opacidad han continuado, lo que reitera la importancia de la existencia y autonomía de este organismo especializado, de acuerdo con Fundar: el 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513, lo que representó un incremento del 817 por ciento respecto al año anterior.
De igual manera, en 2019 incrementaron las declaratorias de inexistencia de información solicitada: de 152 a 831, con respecto al año anterior. Y en el 2020, la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para responder 389 solicitudes de información, mecanismo que nunca se había utilizado para negar información por parte de Presidencia.
Por ello, en la opinión de Sarahí Salvatierra, el cumplimiento de estas resoluciones es una de las áreas de oportunidad para fortalecer el INAI, así como promover políticas de transparencia proactivas que puedan abrir información a sectores en situación de vulnerabilidad, ya que “son a quienes más les afecta”.
“El presente y futuro de las y los mexicanos, así como el desarrollo del país, dependen en gran medida de las telecomunicaciones y radiodifusión, y para ello es preciso mantener la autonomía del organismo diseñado para ello: el IFT”, declararon diversas organizaciones de Jalisco como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
Para Sarahí, la austeridad no puede ser un argumento para anular derechos: “en los estándares de derechos humanos se busca que cada vez se garanticen, no retroceder.” Y las diversas organizaciones coincidieron en que las reformas deberán ir encaminadas al fortalecimiento institucional de organismos e instaron al Gobierno Federal a sumar esfuerzos para la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos.
Incluso, el propio INAI –a través de un comunicado– señaló que:
“Reemplazar su función representa a la vez un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto, pues se estaría obligando a las personas a renunciar a dos derechos fundamentales. Dar un paso hacia atrás en la consolidación del Instituto de la Transparencia sería una regresión en la historia democrática de México”.
Desde su creación, en 2003, el INAI asegura que las y los ciudadanos han presentado ante instituciones y dependencias públicas 2 millones 703 mil solicitudes; de las cuales 2 millones 236 mil son de acceso a la información y 467 mil de protección de datos personales.
En cuanto a su papel de mediadora ante la negativa de las instituciones públicas para otorgar la información ha participado en 133 mil 721 recursos de revisión: 116 mil 568 de acceso a la información y 17 mil 153 de protección de datos personales.
A la fecha, la reforma administrativa anunciada por López Obrador, aún no ha sido presentada.
