En el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, México 2019, la Comisión Mexicana de Derechos Ambientales (CEMDA) ha documentado el clima de violencia recrudecido al que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en el país.
De acuerdo con sus datos, durante el año 2019 se perpetraron cerca de 39 ataques, de los cuales 15 corresponden a asesinatos.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
En el periodo de tiempo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Comisión Mexicana de Derechos Ambientales (CEMDA) identificó un total de 39 ataques contra personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Esta cifra es menor en comparación a años previos: en 2015 (que registra la cifra más alta en estos últimos años), se presentaron 107 ataques; en 2016 un total de 85; en 2017, se tiene registro de 53; y en 2018, un total de 49. Sin embargo, entre estos 39 ataques registrados el año pasado, casi un tercio corresponden a homicidios, es decir, 15 personas defensoras de los derechos humanos ambientales fueron asesinadas en 2019.
Uno de los crímenes más mencionados durante 2019, fue el asesinato de Samir Flores, en el estado de Morelos el 27 de febrero. Sus agresores le quitaron la vida afuera de su domicilio en vísperas de la consulta ciudadana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual, consiste en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto en este territorio. Samir había sido amenazado en varias ocasiones desde el año 2012, y posterior a su asesinato se han presentado más agresiones relacionadas con la criminalización y el hostigamiento en contra de las organizaciones y comunidades que se posicionan en contra de este megaproyecto.
Otra de las agresiones letales en contra de quienes defienden el medio ambiente, es el doble homicidio de Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, el 1 de mayo de 2019. A ambos defensores los asesinaron afuera de su casa. Otilia defendía el territorio del pueblo rarámuri ante la tala ilegal, en la Sierra Tarahumara.
En 2019, también fue asesinado Luis Álvarez Flores, el 10 de junio en Palenque Chiapas. Luis era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, y también había realizado múltiples denuncias por la extracción ilegal de arena y material pétreo.
Otro caso que se suma a estas tragedias, es el asesinato de Isaías Cantú Carrasco, ejecutado el 11 de octubre de 2019. Desde 2012 luchaba contra las amenazas locales de la explotación minera de oro y plata en Guerrero. Isaías era presidente del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, en el municipio Malinaltepec, en aquel estado, e integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
Luis Armando Fuentes Aquino, en Oaxaca fue otra víctima de la violencia contra las y los defensores de derechos ambientales en México. Luis defendía el territorio del Istmo de Tehuantepec y era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y el Territorio de la Zona Oriente del Istmo.
Casos por estado
Durante todo el 2019 se registraron 39 ataques contra personas defensoras de derechos humanos ambientales, los cuales se presentaron sólo en 17 entidades federativas.
Oaxaca es el estado con mayor número de ataques en este año (seis de 39). A Oaxaca le siguen los estados de Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con 4 casos; Chihuahua con 3 casos; Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas con 2 casos; y en el resto de las entidades federativas como Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Yucatán registraron una agresión en cada una de estas entidades.
Morelos, por ejemplo, se encuentra con un registro abajo de las agresiones documentadas respecto a los años anteriores. Sin embargo, el año pasado, en el contexto de implementación del PIM, incrementó el número de casos a cuatro. Estas cuatro agresiones están relacionadas con la defensa de los derechos humanos por la implementación de dicho proyecto, y una de ellas es el homicidio de Samir Flores.
Por su parte, Quintana Roo, registró durante todo 2019 una agresión en el contexto de la planeación del proyecto Tren Maya.
En cuanto a Oaxaca, la mayoría de las agresiones se relacionan con conflictos territoriales por invasión de terrenos para la tala ilegal de árboles.
De los cuatro casos registrados en Puebla, tres de ellos están relacionados con proyectos hidroeléctricos, y uno con la industria textil. Por un lado, se encuentra el intento de homicidio hacia Salvador Sánchez Bolaños, quien es opositor de la construcción de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, de la empresa Minera Autlán. Y, por otra parte, se encuentra el allanamiento en contra de la familia de Sergio Rivera Hernández, actualmente desaparecido, y quien tenía un papel activo en el caso contra la misma hidroeléctrica.
Gráfica Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales
Ataques individuales y colectivos
En 22 de los 39 casos de ataques, las víctimas fueron atacadas de forma individual. Por lo tanto, en 2019, al igual que en años anteriores, la estrategia más utilizada por los agresores es gestar los ataques contra una sola persona (es decir, 56% de los casos registrados el año pasado).
Comúnmente, los ataques son hacia quienes ocupan un papel de liderazgo, vocería y de mayor visibilidad en la defensa de los derechos humanos ambientales. Y de estos 22 ataques individuales, ocho estuvieron dirigidos contra mujeres y 14 contra hombres.
Por otro lado, nueve de los 39 casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos ambientales en 2019, fueron atacadas, al mismo tiempo, dos o más personas (23.1%), de las cuales 16 eran hombres y cinco eran mujeres.
En cuanto a la cantidad de agresiones en contra de comunidades o de organizaciones de la sociedad civil se registraron seis casos en el primero de los casos (15%) y dos en contra de organizaciones (5%).
Sectores que representaron el mayor número de ataques
Respecto al análisis de 2019, ocho de los 39 ataques registrados por la CEMDA están vinculados con proyectos de energía eléctrica (20.5%). Uno de estos proyectos energéticos es el PIM.
Por otro lado, se registraron siete casos de agresiones relacionados con el sector económico (17.9%). La mayoría de estas agresiones fuero cometidas contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que también defendían diversos derechos humanos en contextos diferentes. Tal es el caso de Sinar Corzo, quien formó parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra, y que fue asesinado el 3 de enero de 2019, lo que lo convierte en el primer defensor de derechos ambientales asesinado en ese año.
En cuanto al sector forestal la CEMDA registró seis casos (15.4%). Se observó que, seis de los cinco eventos estuvieron vinculados a personas que luchaban contra la tala ilegal en su localidad.
Por otro lado, en el sector de proyectos para la construcción de vías de comunicación se registraron cinco agresiones, de las cuales, dos fueron a causa del proyecto conocido como Tren Maya; y dos más con la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México. Es decir, el sector de vías de comunicación representa el 12.8% del total de los casos presentados el año pasado.
Por su parte, los sectores minero, agropecuario y de hidrocarburos tuvieron un registro de tres casos cada uno, por lo que, representan el 7.7% de los ataques. Los proyectos hidráulicos registraron dos casos (5.1%), y el “desarrollo” urbano y el industrial registraron un caso cada uno (2.6%).
Tipos de agresiones cometidas contra las defensoras y los defensores
Del total de casos de agresiones registrados en 2019, 12 corresponden a homicidios y un intento de homicidio, lo que le convierte en el tipo de agresión principal en este periodo de tiempo (21.1% del total). En estos ataques fueron asesinadas 15 personas. En la mayoría de estos hechos, el análisis realizado por la CEMDA identificó que, previamente a su asesinato, las personas habían sido víctimas de otros tipos de agresiones, tales como: estigmatización, las amenazas y las agresiones físicas.
El segundo tipo de agresión que se presentó con mayor frecuencia durante todo el año pasado fueron las amenazas, con un total de 11 casos (19.3%); en tercer lugar, se encuentra la criminalización, con un registro de nueve casos (15.8%); y en cuarto lugar se ubica la intimidación, con ocho casos (14%).
Por su parte, se registraron cuatro casos de agresiones físicas (7%), tres casos de hostigamiento (5.3%), y dos casos de difamación (3.5%).
La desaparición forzada, el allanamiento, el robo, la privación ilegal de la libertad, la estigmatización, el secuestro y el uso indebido de la fuerza representan cada una 1.8%.
Gráfica Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales
Responsables de las agresiones contra quienes defienden la vida
En 17 de los 39 ataques registrados no se identificó al agresor; es decir, en 40.5% de los casos no se tiene documentado quién cometió el crimen. Sin embargo, se considera al gobierno como el presunto agresor, de acuerdo con la organización. Y es que, durante el 2019 se identificó al nuevo gobierno como el presunto agresor principal, y, entre las instituciones señaladas se encuentran las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal.
A la par, se señaló a alguna persona de la comunidad como presunta responsable de dos de los 39 ataques (4.8%); al crimen organizado como responsable de dos casos (4.8%); y a grupos paramilitares, grupos armados, a las empresas y a los medios de comunicación como responsables cada uno de 2.4% del total de agresiones.
El contexto de México está caracterizado por la violación de los derechos humanos de las minorías históricamente vulneradas y desfavorecidas. Aunado a ello, la lógica de “desarrollo” que es orquestada por el Estado mexicano continúa cobrando la vida de quienes defienden la tierra, sus comunidades, y de la humanidad misma.
