Anuario 2020
Febrero
Por Violeta Meléndez | Territorio
El 2020 se programó como el año en que comenzarían a cristalizarse las primeras obras del plan de saneamiento integral del río Santiago, según los cálculos del gobernador Enrique Alfaro; uno de los proyectos estelares de su administración al que le apostó desde su primer día en funciones.
Pero recién avanzó enero y sus planes se complicaron: una nota periodística evidenció la existencia de un estudio científico elaborado en 2010 en la cuenca del río Santiago y nunca dado a conocer que evidenciaba daños en la salud de niños por su exposición crónica a los metales pesados del cauce; 94% de los menores en Juanacatlán arrojaron concentraciones de plomo en sangre; en el El Salto, 98% con cadmio y en Puente Grande, Tonalá, 60% tenían mercurio.
Como consecuencia de este cóctel tóxico bioacumulado en el organismo de los niños y niñas analizadas en aquel entonces, ya manifestaban problemas para aprender y alteraciones en sus células sanguíneas. Esos eran algunos de los resultados que a pesar de la gravedad, nunca fueron revelados, de hecho, los investigadores que participaron firmaron una cláusula de confidencialidad por 10 años; venció en 2020.
A partir del hallazgo de que el gobierno estatal supo durante una década los efectos de la contaminación del río en la salud de niños pero fue omiso a la crisis, la opinión pública se volcó al tema porque ¿cuál fue el desenlace de aquellos menores donde se identificaron metales pesados en altas concentraciones? De acuerdo con activistas como Graciela González, algunos de ellos, hoy jóvenes, desarrollaron cáncer, asma, entre otros padecimientos graves.
De inmediato, funcionarios del gobierno actual como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf; el de Salud, Fernando Petersen y el propio gobernador se deslindaron del hallazgo. Aseguraron desconocer el estudio y justificaron que estaba guardado entre los archivos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) desde entonces…
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