Mamás de víctimas de feminicidio de Puebla, Ciudad de México y el Estado de México se manifestaron afuera del Congreso de Puebla, exigiendo un alto a la violencia de género. Mientras tanto, el gobernador Miguel Barbosa denostó públicamente la toma del Congreso
Por Aranzazú Ayala Martínez / Lado B
Fotos: Marlene Martínez
Irinea Buendía se para frente al micrófono. Con una mano se sostiene de un bastón, en medio de su pecho cuelga la foto de su hija —asesinada en 2010— y con la otra mano sostiene un centenar de hojas engargoladas: es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del caso Mariana Lima Buendía, que marcó un parteaguas en México para investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio.
La señora Irinea, quien se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia en los feminicidios en México, acompañó este martes una manifestación en la que estuvieron presentes y representadas las familias de Zyanya Figueroa Becerril, Diana Celina González Hernández, Gabriela Sánchez Martínez y Elizabeth Orea, todas víctimas de feminicidio en Puebla.
Cuando Mariana Lima fue asesinada hace diez años, las autoridades dijeron que había sido suicidio, para no investigar más. Lo mismo hicieron con Zyanya, con Gabriela y algo similar en el caso de Diana Celina. Aún cuando el Estado tenía la obligación de investigar todos esos casos como feminicidios.
Junto con la mamá de Mariana Lima estaban Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, y las señoras Araceli Mondragón, mamá de Abigail Guerrero Mondragón, y Mónica Borrego, mamá de Yang Kyung Jun Borrego. Todas acompañándose, todas respaldándose, y todas alzando la voz también en apoyo a las feministas que desde el 24 de noviembre mantienen tomado el Congreso de Puebla exigiendo, entre otras cosas, resultados concretos de la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM), vigente en un tercio de los municipios de la entidad.
A las diez de la mañana, las mamás de las mujeres asesinadas, acompañadas por integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se plantaron frente al Congreso que está tomado por la Coordinadora Feminista de Puebla y la colectiva Coatlicue Siempreviva.
Colgaron dos lonas con las fotos de Zyanya Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018, y María Elizabeth Orea Méndez, asesinada el 14 de febrero de 2020. Bajo las lonas, una estela de cruces rosas con nombres de las mujeres que faltan, que fueron víctimas de feminicidio. Estas cruces de color rosa pálido que se han vuelto el símbolo del dolor, pero sobre todo de la lucha y la justicia por los feminicidios.
Quien tomó la palabra fue la señora Paty, mamá de Zynya, cuyo caso lo acompaña el OCNF. La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que su hija, quien trabajaba en el Hospital del Niño Poblano, se había suicidado. Días después se filtró una supuesta carta de despedida escrita por la joven, pero la familia ha tenido hallazgos distintos, como que la letra no coincide, o que la muerte no fue por ahorcamiento.
En entrevista previa, la mamá de Zynya habló de cómo la unión crea un apoyo para visibilizar y exigir justicia para varias mujeres.
«Compañeras, mamás de la Ciudad de México me acompañarán para que las otras mamitas se den una idea de lo que es el andar juntas. Que se sepa que ya no están solas, que nuestro andar en Puebla ahora es juntas, así como lo hemos llevado a cabo en la Ciudad de México. Nos hemos unido mucho, hay otras mamás que no podrán estar presentes pero a la distancia sabemos que estarán».
Desde el día uno, la madre de Zyanya se enfrentó a una serie de omisiones y malos tratos por parte de funcionarios del estado de Puebla. La más reciente sucedió el viernes 27 de noviembre, cuando se amenazó a la familia de levantar el aseguramiento del inmueble donde ocurrieron los hechos, con lo que imposibilitarían continuar con investigaciones clave para esclarecer la muerte de Zyanya. La familia Becerril logró que esto no pasara después de pasar horas en espera y de vivir revictimización por parte de la Fiscal María Eugenia Calderón Olimán.
«La violencia institucional se ensaña todavía más con nosotras, como si el dolor de la pérdida de nuestras hijas, y el ver que no hay avances para lograr justicia, no fueran suficientes».
Para Patricia la falta de perspectiva de género en el quehacer de las fiscalías, supuestamente especializadas en delitos contra la mujeres, es más que evidente.
“Podrán pensar que el no saber no afecta, pero a nosotras nos afecta demasiado. Por eso están estancados los avances en las investigaciones y el avance al logro de la justicia. Por gente que no tiene la capacidad para estar frente al reto tan grande que es la investigación de feminicidio», denunció.
La señora Becerril también habló a nombre de Julia, mamá de Gaby; y María, mamá de Diana Celina. En el caso de Gaby, asesinada el 5 de mayo de 2019, las autoridades también dijeron que había sido suicidio y no ha habido avances en la investigación.
Tampoco hay avances en el caso de Diana Celina, asesinada el 20 de diciembre de 2019; ni siquiera se han citado a todos los testigos. Lo mismo con el feminicidio de María Elizabeth, cuya familia se acercó hoy por la mañana a la movilización. Y ellas son apenas cuatro de las cientos de víctimas de feminicidio en Puebla que siguen sin justicia.
También habló mamá de Lesvy Berlín Osorio, quien dijo que ni ella ni nadie quisieran estar ahí, pero que lo hacen para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Y recordó que aunque no estamos todas, no estamos solas.
“No somos las mismas”, dijo casi gritando, a punto del llanto. “No somos las mismas: ahora estamos juntas. Nunca más solas.”
“Esta es la cara del dolor, pero también la cara de la dignidad. No vamos a dejar que nos sigan matando ni que nos sigan violentando ni en Puebla ni en ninguna parte del mundo”, dijo Araceli.
El OCNF publicó una carta donde resume las numerosas irregularidades de los tres casos que acompaña en Puebla —el de Zyanya, el de Gabriela y el de Diana Celina— y donde, junto con las familias, hacen un llamado urgente a las autoridades para terminar con la violencia hacia las mujeres.
El gobierno sigue omiso ante la violencia de género
Y mientras las madres exponían y evidenciaban la falta de perspectiva de género y voluntad política de las autoridades de Puebla, las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el trato revictimizante y la lentitud o nulo avance en las investigaciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta denostó públicamente la toma del Congreso.
En su rueda de prensa diaria, Barbosa Huerta dijo que no tenía referencia de que un Congreso decidiera o se comprometiera a resolver
“la reforma a una ley, una ley nueva, una política pública, a base de condicionamientos, y en un sentido determinado (…). Quien piense que puede provocar una condición que obligue a un congreso a resolver un tema, cualquier que sea, en un sentido determinado, se equivoca.”
Además, el gobernador dijo que las que impulsan el movimiento son siete, 15 o 20 personas, y que están haciéndolo de la peor manera, porque no están planteando un escenario de debate. También insistió en que el movimiento está totalmente politizado.
“Se está llevando por el peor camino. Estamos a tiempo de evitar una confrontación. No van a conseguir nada así. Con miras a qué, a fines políticos”, dijo Barbosa, sin hablar de todas las iniciativas, marchas, foros y movilizaciones que desde al menos hace dos años hay en Puebla para insistir en la despenalización del aborto.
Mientras él decía eso, el mitin afuera del Congreso seguía. Después de mostrar el apoyo mutuo y exigir un alto a la violencia de género, las mamás y las personas del OCNF se retiraron, pero el plantón siguió. Dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intentaron ingresar al inmueble del Congreso, y el personal de atención ciudadana los retuvo cerca de 40 minutos impidiéndoles el acceso.
La toma del Congreso sigue y no son sólo las feministas de Coatlicue Siempreviva, son más de 150 organizaciones nacionales, más de 700 personas que respaldan, y ahora madres de víctimas de feminicidio y el acompañamiento del OCNF. No es sólo la despenalización del aborto o la Ley Agnes: es terminar de una vez por todas con la violencia contra la mujer en uno de los estados más feminicidas de México.
Como dijo Irinea Buendía parada frente al Congreso, viendo hacia el balcón a las chicas que llevan ya una semana dentro, resistiendo: “no desistiremos hasta que la justicia corra como el agua”.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
