Lo que no se nombra no existe, dicen en el Frente Nacional para la Sororidad. Por eso, que las leyes federales nombren la violencia digital y castiguen la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, será un gran paso en el camino de la justicia para las víctimas de estas prácticas. Sin embargo, en un sistema de justicia patriarcal como el mexicano, una reforma es solo el comienzo de la lucha.
A más de dos semanas de su aprobación en el Senado y a la espera de su votación definitiva en la Cámara de Diputados, las mujeres que han impulsado la Ley Olimpia ya prevén otras acciones para enfrentar la violencia digital, así como la impunidad que prevalece alrededor de ella.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
El 5 de noviembre las mujeres que estaban plantadas afuera del Senado de la República celebraron un gran logró. Después de 6 años de impulsar la Ley Olimpia, la reforma fue aprobada por unanimidad en la cámara alta de México.
“Lo que no está prohibido está permitido y lo que no se nombra no existe. Reconocer está violencia y hacer obligatorio su combate es el primer paso, no la panacea” explicaban al día siguiente de la aprobación, en el perfil de Facebook del Frente Nacional para la Sororidad, la colectiva feminista que creó y expandió la reforma por el país con apoyo de colectivos locales en cada estado.
Si bien, Ley Olimpia todavía no es un hecho a escala nacional porque en las próximas semanas tiene que ser votada también por la Cámara de Diputados, Flor Rodríguez del Frente Nacional para la Sororidad explica que, de aprobarse, sería un gran logro para visibilizar y nombrar la violencia digital. Además, para atenderla, sancionarla y reparar el daño que causa a las víctimas.
Sin embargo, tanto Flor como sus compañeras feministas saben que la Ley es sólo el primer paso de su lucha, porque en el sistema de justicia patriarcal mexicano la aprobación de la Ley no garantiza su funcionalidad y eficacia. Además, sólo considera un tipo de violencia digital de los muchos que existen en la actualidad.
Pero, ¿qué incluye la Ley Olimpia?
El dictamen aprobado por el Senado de la República implica reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal.
En la Ley de Acceso a la Vida Libre de Violencia se reconoce la violencia digital como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización”.
También, “aquellos hechos que le causen daño psicológico o emocional a las personas, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Y, por último, se reconoce la violencia mediática como “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.
En el Código Penal la reforma castiga el delito de violación a la intimidad sexual con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. Esto a quienes video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.
Este paquete de reformas es una iniciativa ciudadana hecha por mujeres y para mujeres. Su creación en Puebla data del 2014, después de que Olimpia Coral Melo fue víctima de la difusión sin consentimiento de un video íntimo. Entre Olimpia y otras mujeres se agruparon en el Frente Nacional para la Sororidad y con ayuda de otras víctimas del mismo delito impulsaron la Ley en diferentes estados del país.
Hasta ahora, se ha aprobado en 27 entidades federativas, lo que ha representado el mayor obstáculo en los años de lucha para avanzar hacia la justicia contra la violencia digital.
“Cuando llegamos y la presentamos (la Ley Olimpia) hay muchos conflictos de interés por parte de legisladoras y legisladores locales, porque al final de cuentas ellos no se van a llevar ese reconocimiento. Entonces ellos y ellas se oponen porque quieren llevarse esa medalla de haber reformado, o puesto en la mesa este tema” explica Flor Rodríguez del Frente.
Agrega que además de oponerse, los y las diputadas locales a veces proponen cambios en la iniciativa que la vuelven revictimizante. O, a veces, copian la Ley y la presentan como una iniciativa propia. De ahí ha surgido la campaña #NoSinNosotras, para exigir que se reconozca el trabajo de las mujeres que impulsan la reforma, que se les considere en su revisión y que realmente sea una iniciativa con perspectiva de género y que prioriza a las víctimas como se planteó desde un inicio.
Flor Rodríguez explica que, con la aprobación de la Ley Olimpia a escala nacional, los conflictos de intereses de legisladores y legisladoras locales podrían dejar de ser un problema porque los estados tendrán la obligación de homologar las reformas federales a sus códigos penales.
Lo que quedaría pendiente es “corregir el sistema patriarcal que tenemos, o darle una nueva mirada bajo la perspectiva de género”. Eso con el fin de que las denuncias por violaciones a la intimidad no queden sólo en carpetas de investigación que perpetúen la impunidad, sino que, los procesos judiciales lleguen a sentencias condenatorias sin revictimizar a las mujeres en el proceso.
Para ello, lo primero que proponen en el Frente Nacional para la Sororidad es la creación de áreas especializadas en las Fiscalías Estatales para atender la violencia sexual en Internet, tal como la Unidad Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual en la Ciudad de México.
El plan de las mujeres que integran el Frente es trabajar hasta que haya una Unidad en cada estado del país. Y no sólo eso, sino que se les dé el espacio para colaborar en la capacitación a servidores públicos, así como, en la creación de protocolos de atención a víctimas e investigación.
Además, también buscarán incidir en el sistema educativo para que comience a impartirse una materia de seguridad y educación digital, porque “el espacio digital es una extensión de nuestra vida y tenemos que empezar a regularlo, a educarnos para ser usuarios responsables”, como explica Flor Rodríguez.
La Ley Olimpia es urgente para atender la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, por eso su aprobación es bien recibida y celebrada por las colectivas feministas. Sin embargo, las mujeres no pierden de vista que sólo atiende un punto del “violentómetro virtual”, por lo que, además de trabajar por la aplicación eficaz de la Ley, seguirán impulsando otras herramientas legales para visibilizar y castigar el hostigamiento virtual, la violación de datos personales, la trata virtual de personas y otras prácticas violentas contra las mujeres.
“No termina nada con una reforma, es apenas el comienzo de un reconocimiento, hay que insistir en su aplicación y no REVICTIMIZACIÓN pues en un sistema de justicia Patriarcal hay que joder mucho”, dicen en el perfil de Facebook del Frente Nacional para la Sororidad.
En Jalisco
Antes de la aprobación de la Ley Olimpia en Jalisco el 3 de septiembre del 2020, existía el artículo 135 bis en el Código Penal del Estado para castigar la difusión de contenido sexual sin consentimiento, aunque no tenía perspectiva de género. Hasta agosto del 2020 la Fiscalía del Estado tenía 160 carpetas de investigación por ese delito y sólo dos sentencias condenatorias.
Flor Rodríguez explica que, aunque la Ley Olimpia se eliminó el artículo 135 bis, el proceso jurídico de todas las denuncias hechos con la legislación anterior debe continuar hasta que se haga justicia.
“Una nueva Ley no puede ser retroactiva, es decir, tienen que darles solución a las denuncias, aun cuando allá una nueva Ley”, dice ella y recalca que una Unidad Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual, con protocolos de atención e investigación con perspectiva de género, sería una buena opción para hacer más eficientes los procesos de justicia.
