EL 14 de noviembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aprobó los lineamientos de paridad de género para postular candidatos y candidatas a alcaldías para el próximo proceso electoral de 2021, sin embargo y pese a la exigencia de paridad, una vez más no pudieron garantizar las demandas para alcanzar la igualdad sustantiva que la sociedad civil, a través de las colectivas feministas, exige.
Por Sofía Ávila / @SofiaCaravi
Para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas a las 125 presidencias municipales del estado, se solicitaba que los 10 municipios más poblados de Jalisco y, por lo tanto, de mayor incidencia política, económica y social se repartieran equitativamente a hombres y mujeres; es decir, cinco y cinco. No obstante, en múltiples ocasiones y a pesar del derecho constitucional a la paridad, este ejercicio se quedaba en la mera simulación, ya que, a las candidatas se les relegaba a alcaldías de menor demografía y, por ende, de menor incidencia.
“Si se pone sobre la mesa que los 10 municipios de mayor población se repartan en paridad, es decir, cinco y cinco no hay mayor complicación y lo demás todo a la mitad como ya se venía haciendo” compartió Dolores Lazcarro integrante de G10 X Jalisco y presidenta de la organización Portavoces de Paz.
El IEPC Jalisco, ya había establecido que todas las planillas a postular por los diferentes partidos políticos durante el proceso electoral -para la conformación de los 125 ayuntamientos que integran el estado-, deberían cumplir con los tres tipos de paridad: paridad horizontal, vertical y transversal.
La paridad horizontal implica que el 50% de las candidaturas a las presidencias municipales de los 125 municipios deberán ser encabezadas por mujeres y 50% por hombres, mientras que la paridad vertical implica que al interior de cada una de las planillas deberán postularse igual cantidad de hombres que de mujeres.
Por otra parte, en el caso de las candidaturas independientes se deberá acreditar la paridad vertical al interior de las planillas:
En otras palabras: “los 125 municipios se dividirán en 6 bloques que se ordenaran en razón del número de habitantes, es decir, del más poblado al menos poblado y en los primeros 5 espacios que tienen un mayor número de población se deberán postular al menos 2 candidaturas del género distinto al resto” tal como lo comentó Zoad García consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sin embargo, estas medidas no garantizan la paridad que exige la sociedad civil, dado que:
“La paridad horizontal era algo que ya se tenía, aquí la cuestión era que no se estaba garantizando que en los municipios de mayor competitividad por partido postularan mujeres, estas medidas no garantizan que en los municipios más poblados realmente estén postuladas la mitad hombres y mitad mujeres, porque dice que de esos cinco primeros de cada bloque se tendrán que elegir por lo menos 2 de diferente género y lamentablemente en nuestro sistema político cuando se habla de dos de diferente género estas son mujeres, entonces esto no garantiza justamente la progresividad de los derechos políticos de las mujeres” aclaró Dolores Lazcarro.
Esta simulación de paridad representa un riesgo, puesto que, nuevamente en Jalisco, y pese a la paridad que aprobó el IEPC no se puede asegurar progresividad ni certeza que garantice el ejercicio libre de los derechos políticos de las mujeres:
“Siempre seguimos quedando en riesgo porque es considerado por muchos como el territorio masculino en el que las mujeres son vistas como invasoras, como que el género femenino es el invasor” compartió Dolores Lazcarro.
La limitación a la participación de las mujeres en el ejercicio político no sólo violenta los derechos constitucionales, sino que también, limita a la sociedad mexicana a recibir nuevas propuestas, innovación, saberes y habilidades, como bien lo expresa Dolores Lazcarro:
“Las mujeres necesitamos ejercer nuestros derechos políticos a plenitud, porque tenemos saberes, habilidades y conocimientos que no han estado puestos al servicio de la población y eso equivale a una ausencia enorme que provoca pérdidas en la sociedad”
Al respecto, Las constituyentes CDMX Feministas han manifestado públicamente que: “Paridad en todo no es una consigna, es un derecho constitucional y es un principio democrático”, por lo tanto, se debe garantizar la participación igualitaria en los cargos de elección popular en cada estado del país.
