Uno de los proyectos apunta a flexibilizar las regulaciones en torno a la evaluación de impacto ambiental. El otro, a eliminar las prohibiciones de utilizar maquinaria en minería aluvial.
Especialistas llaman la atención sobre el peligro de estas iniciativas y cuestionan el nombramiento de la nueva titular del Ministerio del Ambiente.
Por Enrique Vera /Mongabay Latam
Actualización
Luego de publicado este informe, los proyectos de ley que apuntaban a crear condiciones para el desarrollo de la minería aluvial aurífera en la Amazonía y modificar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental fueron retirados.
En el primer caso fue el mismo autor de la iniciativa, legislador Alexander Lozano Inostroza (UPP), quien comunicó al presidente del Congreso de la República, Luis Valdez, su voluntad de que quede descartada.
En cuanto al otro proyecto, el vocero de la bancada parlamentaria Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, solicitó al oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, que disponga autorizar el retiro de la propuesta. Esto pese a que el creador de la misma, congresista Omar Chehade (APP), manifestara en un comunicado que su proyecto no vulnera el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental sino que posibilita la adecuación de proyectos de impacto positivo en la sociedad.
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En medio de la crisis política que atraviesa el Perú tras la vacancia del hoy expresidente de la República Martín Vizcarra, fueron presentados dos controvertidos proyectos parlamentarios que buscan crear condiciones para el desarrollo de la minería aluvial aurífera y modificar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Las iniciativas han quedado a consideración del Congreso de la República en momentos que acaba de asumir como nueva ministra del Ambiente la abogada Lizzet Rojas Sánchez.
El congresista por Alianza por el Progreso (APP), Omar Chehade es el autor del proyecto de ley que apunta a modificar los artículos 3, 7 y 12 de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (Ley 27446). Los puntos en cuestión giran en torno a la obligatoriedad de la certificación ambiental para la ejecución de un proyecto, el contenido de la solicitud para acceder a esta certificación, así como los requisitos para el otorgamiento de la misma. Expertos entrevistados por Mongabay Latam señalan que la iniciativa del congresista Chehade apunta a flexibilizar este instrumento ambiental.
“El objetivo de estas modificatorias es que los proyectos se puedan ejecutar sin tener estudios de impacto ambiental aun cuando la ley obliga a eso. Puedes empezar a construir todo lo que quieras, afectar el ambiente y corregir sobre la marcha sin sanción. La excusa es reactivar la economía”, explicó el abogado especialista en materia ambiental César Ipenza.
El docente de Derecho Ambiental y exviceministro del Ambiente Mariano Castro sostuvo que este proyecto de ley desconoce que la reactivación económica debe tener un contenido ambiental y climático y el principio básico de la prevención. Además, Castro señaló que la iniciativa pretende —de acuerdo con la segunda disposición transitoria incluida— que se inicien construcciones, o haya ampliaciones de los proyectos, sin contar con el instrumento ambiental pues pueden presentarlo en un plazo de 60 días.
“La evaluación ambiental se debe realizar antes de iniciar los proyectos de inversión justamente para mejorar la calidad, para que sean más eficientes. Y esta propuesta es un atentado contra la sostenibilidad ambiental de cualquier proyecto de inversión. Es un contrasentido. Causará daño, vulnerará el sistema de evaluación de impacto ambiental y no generará confianza social”, precisó.
Riesgo por minería aluvial
El otro cuestionado proyecto ha sido presentado por el legislador por Unión por el Perú Alexander Lozano Inostroza. En el documento entregado el día de ayer, Lozano propone que la minería aurífera aluvial en la Amazonía sea considerada la principal alternativa económica frente al impacto del Covid-19.
Según explicó el ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, este proyecto de ley apunta a eliminar la prohibición de utilizar equipos o maquinaria en cuerpos de agua para el ejercicio de la minería.
“Es una carta abierta para el desarrollo de la minería ilegal en la Amazonía cuyas consecuencias ya conocemos por lo que ocurre en Madre de Dios. Las consecuencias negativas son previsibles. Esto es algo absolutamente peligroso”, declaró.
El exministro indicó que las prohibiciones que ahora se buscan suprimir han estado vigentes desde el periodo de Antonio Brack, primer ministro del Ambiente; sin embargo, estas restricciones también han estado constantemente sujetas a “amenazas”. “Las circunstancias actuales del país hacen peligrosísimo proyectos de esta naturaleza, que abren la puerta a una minería absolutamente destructiva”, sostuvo.
Al respecto, Mariano Castro dijo que el mensaje del Perú con proyectos como este será que el oro producido proviene de la destrucción de la Amazonía. Anotó que eso no nos va a permitir salir de la crisis por cuanto es una reactivación económica sin cuidado ambiental ni social.
En tanto, César Ipenza hizo hincapié en que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), dictada el año 2012, que confirma la prohibición del uso de dragas en todo el país. En esa línea, Mariano Castro puntualizó que el proyecto de ley del parlamentario Alexander Lozano contravendría una prohibición que tiene amparo constitucional.
Ministra cuestionada
Manuel Pulgar Vidal remarcó que el rol del Ministerio del Ambiente es pronunciarse ante este tipo de proyectos, defender sus fueros y los temas claves para la protección del medioambiente. No obstante, consideró que la flamante titular del sector, Lizzet Rojas Sánchez, “no tiene ninguna especialidad y ningún conocimiento sobre el tema”. “Eso es lo más preocupante”, puntualizó.
Además, a través de su cuenta en la red social Twitter, el exministro acotó que, en los últimos años, Lizzet Rojas postuló sin éxito a cuanta convocatoria lanzó el Estado y recalcó que no tiene antecedente alguno en materia ambiental. “Es absoluta falta de respeto al sector y al Perú”, anotó. La ministra Rojas postuló este año al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no obtuvo los cargos que tentó por no cumplir con los requisitos exigidos, entre estos, experiencia.
Ceremonia de juramentación de la nueva Ministra del Ambiente, Lizzet Rojas Sánchez. Foto: PCM.
De acuerdo con una reciente publicación del Gobierno, Rojas es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con un máster en Gestión Medio Ambiental por el Centro Europeo de Postgrado y la Universidad Alcalá de Henares, España. En cuanto a su experiencia laboral se detalla que ha sido especialista de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del Ministerio de Educación y que fue subintendente de la Intendencia de Lima Metropolitana de la Sunafil. Sin embargo, con respecto a alguna labor en materia ambiental solo se indica que “ha tenido oportunidad de trabajar en temas ambientales para la gestión pública”.
Mariano Castro hizo hincapié en que Lizzet Rojas, como nueva ministra del Ambiente, es el ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y que su responsabilidad política es no permitir que este sistema se perfore con una reactivación económica en desmedro de la naturaleza y sin reconocimiento de los derechos sociales. “Es un desafío que deberá atender como parte prioritaria de su agenda”, sostuvo.
Para Pulgar Vidal resulta claro que los grupos parlamentarios que promovieron la vacancia de Martín Vizcarra siempre tuvieron, detrás de aquel objetivo, una agenda partidaria y personal. Citó, por ejemplo, capturar el dinero del fondo de pensiones, lograr que se levante la cancelación de licencias de universidades de muy baja calidad educativa y flexibilizar actividades que promueven la informalidad como la minería ilegal.
“Hemos perdido el balance de poderes porque quien está asumiendo de manera ilegítima el cargo de la presidencia de la República viene del Congreso. Lo que tenemos es la figura más peligrosa de poder que podría llevar a que estos proyectos se materialicen. No es gratuito que estos proyectos empiecen a aparecer justo dos días después que asume con ilegitimidad este gobierno”, apuntó.
De la misma opinión fue César Ipenza. A su juicio, hubo un aprovechamiento de la actual situación de crisis en el Perú para la presentación de dos iniciativas “totalmente atentatorias contra el medioambiente y nuestros derechos”. En entrevista con Mongabay Latam, el abogado manifestó:
“Creen que ahora tienen el poder para aprobarlas porque toda vez que fueron presentados este tipo de proyectos, particularmente similares al de minería, terminaron siendo archivados”.
Por su parte, el ex viceministro Castro comentó que los mismos sectores que han promovido estos polémicos proyectos de ley son aquellos que se opusieron a la ratificación del acuerdo de Escazú, el cual apuntaba a mejorar la aplicación de derechos ambientales. Recordó que aquellos grupos políticos señalaban que nuestra legislación era adecuada para tales efectos. “Sin embargo, con proyectos como estos se evidencia más burdamente que están debilitando la legislación ambiental. El nuevo gabinete tiene que salir a responder claramente en contra de estas propuestas”, concluyó.
Mongabay Latam llamó varias veces a los congresistas Alexander Lozano y Omar Chehade para obtener su versión sobre los proyectos de ley, pero hasta la publicación de esta nota no respondieron.
