Por violentar los derechos humanos de sus trabajadores y retardar los procesos de justicia en materia laboral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del Estado.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
¿Con quién hay que acudir cuando el organismo encargado de la defensa y el respeto a los derechos humanos te violenta? se cuestiona una extrabajadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien fue despedida de manera injustificada en septiembre de 2019, luego de experimentar por más de un año constante acoso laboral y discriminación de género.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco (CLADEM Jalisco) ha acompañado este caso que, el día de hoy, espera una resolución que subsane los derechos vulnerados a las víctimas, así como, una investigación que sancione a quienes dentro de las delegaciones de la CEDHJ están generando “atropellos a los derechos humanos laborales de quienes le son incómodos a esta comisión”, así lo afirmó Sandra Quiñones, abogada feminista, integrante del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta y CLADEM Puerto Vallarta.
“Esta comisión es la que se encarga de la vigilancia de los derechos humanos por parte del Estado, hoy en su papel de Estado demandado resulta que está haciendo lo mismo que las autoridades a las que les emite recomendaciones”.
Ella, a quien sólo le mencionaremos con este pronombre para resguardar su identidad, tenía trabajando más de una década en la defensa de los derechos humanos de las personas en el estado, dentro de la CEDHJ. Durante un tiempo ya, se habría opuesto a las malas actuaciones que el personal de este organismo estaba llevando a cabo al interior de la entidad; es decir, dentro de sus visitadurías y delegaciones.
Comenzó a hacer señalamientos sobre el mal uso de los recursos, a pedir que se respetaran los procesos de confidencialidad entre autoridades y víctimas, a advertir la contratación de personal que no reunía el perfil, entre otras tantas cosas que, de a poco la volvieron “muy incómoda para la institución”, sentencia la abogada.
Y es que, lamentablemente, reconoce Quiñones, “esta práctica sabemos que se está llevando a cabo en otras comisiones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara… en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán también están padeciendo esta misma estrategia, estos acosos y atropellos a sus derechos laborales porque les son incómodos a la comisión”.
Cuando Ella se acerca a la organización, fue porque ya había pasado por una serie de actos de acoso laboral, misoginia y discriminación por razón de género “tendientes a buscar que ella saliera de la institución”, explicó la abogada. Incluso, trataron de abrirle un expediente administrativo para sancionarla, el cual resultó improcedente porque sus señalamientos eran evidentemente infundados.
Después la bajaron de puesto, “la congelaron”, le quitaron algunas de sus prestaciones laborales y su derecho a vacaciones; también, le obligaron a realizar otras actividades sin un horario establecido, todo con la intención de forzarla a abandonar por “voluntad propia” su trabajo.
Pero como esto no sucedió, comenzaron un proceso de despido que le fue notificado por el apoderado legal en materia de juicios laborales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, quien viajó desde la capital del estado con la intención de “liquidarla” y pedirle su renuncia.
“Esta es la instrucción que tengo desde Guadalajara”, dijo el funcionario quien, además, afirmó que sólo tenía dos opciones: firmar su renuncia y aceptar la cantidad que ellos asignarían; o, irse.
Para Ella, ninguna de estas dos “opciones” era la suya, por ello, decidió comenzar un proceso para demandar el acceso a un finiquito e indemnización correspondiente al tiempo laborado, así como, para subsanar las distintas violencias y acosos a las que fue sometida por más de un año.
Sin embargo, advirtió la abogada, durante el proceso de demanda laboral que fue iniciada en septiembre de 2019, también le ha sido violentado su derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita:
“Durante el tiempo que fue trabajadora se le estuvieron violentando sus derechos y ahora que ella comienza un juicio, la propia comisión hace estas prácticas dilatorias”.
Según señaló Quiñones, si bien, la pandemia se atravesó en el proceso de demanda, la realidad es que la comisión, a través de su apoderado legal en materia laboral, ha presentado “una serie de argucias para retardar el tiempo” y no sólo eso, sino que, además, han argumentado falsedades ante la autoridad judicial:
“En la última audiencia nos damos cuenta que no sólo se trata de retrasar el proceso, si no mentirle a la autoridad porque argumenta una serie de situaciones que nosotros corroboramos vía transparencia que no son ciertas”.
Por ello, reconociendo que el actuar de este funcionario ha sido improcedente y ha demostrado “intereses frívolos con el objetivo de dilatar el procedimiento”, el tribunal a cargo del caso determinó el pago de una multa sancionatoria de entre los 12 mil y 123 mil pesos. Sin embargo, las preguntas son: ¿quién los pagará? y cómo una institución encargada de velar por los derechos humanos de las víctimas ha favorecido estas prácticas.
Ahora mismo, se ha presentado a la par una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por las acciones que el apoderado legal de la CEDHJ ha llevado a cabo, entre estas: fraude procesal y falsedad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. A la par, se inició otra más ante la Contraloría del Estado “para que revisara el actuar de un funcionario por el posible actuar en detrimento de la institución”, expresó Quiñones.
Para la abogada, resulta grave que este actuar reste credibilidad al organismo que en el estado es el encargado de la tutela y defensa de los derechos humanos de las personas; mientras que, como tal, sus trabajadoras y trabajadores no cuenten “con la libertad y la tutela de la propia comisión en cuanto a la protección de los derechos humanos y labores”.
“A nosotras nos llama la atención que mientras por un lado ejecuta una serie de quejas y emite una serie de recomendaciones respecto a los tratos que diferentes autoridades en el ámbito estatal y municipal hace en detrimento de los derechos humanos, la propia comisión en sus propios procedimientos tiene prácticas de acoso, de misoginia, de discriminación por cuestión de género” sentenció.
Por ahora, tanto Ella como su defensa, esperan que este organismo sea capaz de respetar los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras y subsane su mal proceder, incluso, que se cuestione qué está haciendo su personal en las delegaciones regionales de la CEDHJ y cuáles derechos están siendo vulnerados por la propia comisión.
“Qué pedimos, que se sujete a la legalidad y realice las investigaciones correspondientes y dé con los funcionarios responsables y sepa cuáles son las acciones que se están realizando en detrimento de los derechos. Y también que haga las adecuaciones necesarias para corregir las afectaciones. Es preocupante que un organismo que debería de estar fuera de este embate político se sujeta a los cánones políticos y se terminan violentando los derechos de los propios trabajadores”.
