Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Antes de concluir la semana, se recibió con sorpresa y enojo la noticia de la resolución en segunda instancia de la Primera Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, en la que de nueva cuenta se orden la reposición del proceso sobre el lamentable parricidio de Imelda Josefina Virgen Rodríguez.
Sentimiento de enojo porque durante ocho años se han denunciado una serie de irregularidades jurídicas que retrasan la justicia, profundizan el sufrimiento de su familia y evitan que la sociedad en general acceda a la verdad.
El caso de Imelda Virgen es importante y actual porque demuestra que las bases de la justicia en Jalisco, genera desigualdad y revictimiza, privilegia la ortodoxia jurídica para evitar la evolución de un derecho que responda a las necesidades de las sobrevivientes del feminicidio.
Con especial preocupación en este trámite judicial, encontramos el argumento de la defensa sobre la posible comisión de tortura en agravio del imputado, ya que nos hace pensar de inmediato en todas aquellas acciones denunciadas durante décadas para prevenir y sancionar esta grave violación de derechos humanos, pero que han encontrado una permanente y firme resistencia al cambio.
Esto incluye la designación de fiscales, magistrados y funcionarios públicos que siguen siendo adoptados en el quehacer público a pesar de haber sido señalados y responsabilizados por tortura en Informes de organizaciones civiles o recomendaciones del Sistema Público de Protección de Derechos Humanos.
Ahora sabemos de las ventajas legales que pueden otorgan estas omisiones y del grave daño que genera a la confianza de las instituciones de procuración de justicia.
Es importante reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Hombres y Mujeres para prevenir los feminicidios o la atención a las violencias en contra de las mujeres en medio de un ambiente de debilidades institucionales; sin embargo, casos como este, deben de permitirnos hacer un alto para encontrar los caminos, alianzas y esfuerzos que permitan la superación de la impunidad.
Seguir en una ruta que no atienda las condiciones estructurales de la Fiscalía General de Jalisco, es un error que no lo merecen cientos de familias afectadas por este gravísimo delito.
Por cierto, el reciente informe publicado por Impunidad Cero, “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio. Reporte 2020”, realizado por los investigadores Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, reveló que la impunidad durante 2019 fue del 86.7 por ciento, la tercera más alta por lo que recomendaron la revisión urgente de las políticas de prevención y reducción de las violencias.
El llamado que hoy nos hace la familia Virgen Rodríguez y el Comité para América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), es a solidarizarnos, reprobar las violencias en las que vivimos, además de decir basta a la impunidad.
¡Justicia para Imelda!, ¡Justicia para Todas!
