Lidia Salinas Hernández es una mujer de 39 años y madre de dos hijos que ha permanecido en prisión preventiva por casi 11 meses, acusada presuntamente de un delito que ni siquiera requiere la aplicación de dicha medida cautelar. Durante este tiempo, los jueces de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito I en Puente Grande, Jalisco, se han negado sin justificación a concederle su derecho a llevar un proceso en libertad; mientras que, excusándose en la pandemia y la “sobre carga de trabajo”, han retrasado injustamente la asignación de una fecha de juicio que le permita demostrar su inocencia.
La persona que le inculpa es un hombre que de manera sistemática ha acosado a Lidia y a su familia; sin embargo, tampoco esto ha sido suficiente para la autoridad judicial. Si bien, también existe desde el 2016 una denuncia por estas agresiones y acosos sufridos de su parte, ante el Centro de Justicia para las Mujeres y Ciudad Niñez, a la fecha, la primera instancia sólo ha practicado dos dictámenes psicológicos, en tanto, la segunda, le ha dicho a Lidia que el caso no avanza porque no se ha presentado, pero ¿cómo hacerlo si se encuentra privada de su libertad? Ambas instancias permanecen omisas frente a acciones que han atentado contra la seguridad y la vida de menores de edad y mujeres.
Su defensa, advierte que Lidia está siendo víctima de una actuación desproporcionada de parte de la autoridad judicial, puesto que, el presunto delito del que se le acusa “no amerita prisión preventiva y ni siquiera justificada está” porque en caso de que llegara a ser sentenciada no podrían condenarla a más de seis meses de prisión.
Lidia Salinas, sólo pide a las autoridades que volteen a verle, que miren su caso y le permitan acceder al debido proceso que se le ha negado y que le den un juicio justo; y a la sociedad, su solidaridad para reclamar de manera conjunta su exigencia: #JusticiayLibertadParaLidia
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
De manera injusta e innecesaria, Lidia permanece en prisión preventiva desde hace casi 11 meses; durante este tiempo no ha tenido acceso a una fecha de juicio y, tampoco, se le ha garantizado el acceso al cambio de medida cautelar por una diferente y menos dañina, esto bajo la carpeta administrativa número 435/2019, derivada de la carpeta de investigación número 17477/2016.
Ella es estilista, madre soltera y mujer independiente. Hace algunos años compró una casa en la colonia Haciendas de San José en Tlaquepaque y decidió que, para estar más cerca y al cuidado de sus dos hijos menores de edad, iba a ampliar el área de la cochera para ahí mismo montar un pequeño local que le permitiera trabajar sin despegarse de su familia.
Su vecino, un hombre que desde el año 2016 comenzó a amenazarle, acosarla, insultarla, vigilarla y a agredir a su familia, es el mismo que la envió a ella y a su madre a la cárcel a principios del año 2020.
Lidia, aun no entiende qué es lo que a él le molestaba; en un principio consideró tal vez que había sido su llegada a esa nueva casa, después, la construcción de su local o, probablemente, que sus clientes pudieran llegar a ocupar el área de la calle que supuestamente se encontraba en su propiedad.
Con pocas certezas sobre sus “razones”, pero clara en las violencias de las que era constantemente víctima, Lidia concluyó lo siguiente:
“Para él es imposible que una mujer sola pueda salir adelante”
Al principio eran reclamos, después se volvieron insultos “de prostituta no me bajaba” recuerda esta madre en una llamada desde alguno de los teléfonos públicos del Reclusorio Femenil de Puente Grande.
Lidia, sus hijos y su madre decidieron ignorarlo, hasta que, el 11 de agosto del año 2018, mientras ella se encontraba barriendo la calle, el sujeto llegó a su domicilio y “le aventó” su camioneta encima. Como una reacción de supervivencia, Lidia subió a la banqueta para esperar que terminara de maniobrar, sin embargo, tras bajarse del vehículo, el hombre fue directo hacia a ella con la intención de agredirla. Como pudo, detuvo los golpes con el único objeto que tenía cerca: una escoba, pero él llevaba en la cintura una engrapadora industrial forrada con cinta negra con la cual la golpeó en uno de sus brazos.
Su cuñado, salió de la casa a detenerlo para defender a Lidia y ambos hombres se hicieron de golpes; Lidia en ese momento sólo tenía cabeza para defender a su hija, quien en ese momento tenía 12 años y estaba siendo golpeada por la esposa y la hija de este hombre. Cuando por fin logró “quitárselas”, pudo percatarse de las lesiones que entre ellos se habían provocado.
Lidia sólo actuó en defensa propia al intentar huir de los golpes del sujeto; sin embargo, éste la acusa de haber sido la responsable. Ahí comenzó la denuncia por la que hoy permanece privada de su libertad injustamente.
Lidia Salinas Rodríguez y sus hijos (cortesía).
En el proceso y tras haber sido testigo del riesgo inevitable que corría ella y sus hijos, Lidia intentó interponer una denuncia ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y ante Ciudad Niñez por las lesiones que le provocaron a su hija (un diente quebrado y rasguños en la cara). En el primer lugar, uno de los abogados de la dependencia le dijo que ésta “no procedería”; ella sólo pudo contestarle y reclamar: “¿necesito venir casi muerta para que ustedes me hagan caso o me pongan atención?”
A cuatro años de aquella primera denuncia, en el mes de abril de 2020, psicólogos del CJM realizaron dictámenes psicológicos a Lidia y sus dos hijos; mientras que, en Ciudad Niñez, le han dicho que su caso no avanza porque no se ha presentado:
¿Cómo? se pregunta Lidia, si se encuentra privada de su libertad.
Vandalismo, pandillerismo y lesiones fueron los delitos por los que le acusaron durante la primera audiencia; no obstante, lesiones fue el único que procedió. Según cuenta Lidia, el sujeto argumenta falsamente en su declaración que ella lo tomó por la espalda, dicho que no tiene sentido, pues todo el contacto físico que tuvo con él ese día fue frontal al intentar evitar que él la golpeara a ella.
Fue en esa misma audiencia donde, por no encontrarse presente el cuñado de Lidia, el hombre decidió atribuir toda la responsabilidad a las personas presentes: ella, su madre y su hermano, quien ni siquiera estaba presente el día de los hechos:
“Cuando se hace la primera audiencia mi cuñado no va porque no trabaja aquí y preguntan que si quieren seguir con las acusaciones aunque él no está presente y él accede a que estemos presos los que nos presentamos. Mi mamá, mi hermano que ni siquiera estuvo ese día y yo que somos los que vivimos en Guadalajara, él se fue contra nosotros”.
De acuerdo con la defensa de Lidia, el delito de lesiones por el que se le imputó “no amerita prisión preventiva y ni siquiera justificada está”; y es que, de acuerdo con el artículo 206 del Código Penal del Estado de Jalisco, las penas van de diez días a siete meses de prisión o multa cuando las lesiones tarden en sanar un tiempo no mayor a 15 días y de tres meses a dos años cuando éstas tarde en sanar más de quince días. En su caso, de ser encontrada culpable por el tribunal de enjuiciamiento, la pena ni siquiera alcanzaría los seis meses, por lo que, “está pagando anticipada e injustificadamente una condena de la cual es inocente” afirman su defensoría.
Lamentablemente, Lidia ha permanecido cerca de 11 meses en prisión preventiva sin que hasta ahora le hayan asignado una fecha para el juicio que le permita defender su inocencia, así como, tampoco, se la permitido acceder a una medida cautelar distinta a la privación de su libertad.
“Se supone que el delito por el que ellos me acusan no pasa de tres meses, ya va lo triplicado. El amparo que promoví y la fecha de juicio que me han estado negando, el tiempo que he estado en prisión nadie quiere agarrar mi caso” afirmó Lidia.
De acuerdo también con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167:
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
Mientras que, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: homicidio doloso; genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de menores, tráfico de menores, contra la salud, contrabando, entre otros. Ninguno de estos cometido por Lidia.
El día de la detención
La madre de Lidia es detenida el 10 de diciembre de 2019. Si bien, su madre logra salir de prisión el 3 de enero de 2020, permanece bajo resguardo domiciliario reportando tres veces al día su ubicación.
Apenas cuatro días después, el 7 de enero, Lidia es detenida muy cerca de su casa, pues, el tiempo de suspensión que le había otorgado uno de los amparos promovidos contra la orden de aprehensión, había caducado:
“Yo salí de mi casa, iba a ir a oración, me detienen a una cuadra de mi casa, sí me había dicho mi abogada que no saliera porque ya se habían intentado llevar a mi hermana confundiéndola conmigo. Me detienen, me llevan a la 14, llené unos papeles, me pasaron a juicios orales en Puente Grande en 30 minutos, pasé la noche en los congeladores hasta no ver lo del juicio al día siguiente”.
Sustraída de la protección de la justicia
Según refiere la defensa de esta mujer, “la pena del delito por el cual Lidia fue vinculada, no rebasa ni siquiera los seis meses y ella lleva más de ese tiempo en prisión preventiva”. Aunque han intentado solicitar el cambio de medida cautelar, uno de los jueces de los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito I en Puente Grande, le negó el cambio, argumentando que no podía ser acreedora a una diversa medida porque había llegado 26 minutos tarde a la audiencia. A decir del juez su demora se interpretaba como una posible evasión de la justicia:
“Nosotros solicitamos una audiencia de revisión de medidas cautelares para que ella pudiera enfrentar el proceso en libertad y ellos nos niegan que supuestamente está justificado porque ella llegó tarde a la audiencia a la que había sido citada y que por eso se le declaró sustraída de la protección de la justicia”.
Lidia, incluso relata que el argumento del juez es injustificado y absurdamente le solicitó presentar el boleto del camión que aquel día ocasionó su llegada tarde, esto, pese a que pudo comprobarse a través de las bitácoras, su asistencia a la audiencia.
La defensa también presentó un amparo en contra de la negativa de modificar su medida cautelar (prisión preventiva), puesto que, ella podría enfrentar su proceso en libertad; y es que, reconocen que Lidia ha sido víctima de una acción desproporcionada de parte de los jueces que han estado a cargo de su caso:
“El delito de Lidia no amerita prisión preventiva, ni siquiera justificada está, y a pesar de que le decimos que en dado que la condenen podría ser seis meses, y eso no lo toman en cuenta, se escudan en la infraestructura y falta de personal para hacer frente a la cantidad de juicios y procesos que existen”.
Se ha intentado, incluso, llegar a un acuerdo reparatorio, puesto que, este delito también puede arreglarse por esta vía, sin embargo, advierte Lidia y su defensa, el sujeto se ha negado rotundamente y dice que “él no necesita dinero que solo quiere ver a Lidia en prisión”.
“Lo único que nos queda es llevar el caso a juicio para demostrar su inocencia” precisó la defensa, pero tampoco le han asignado una fecha bajo la justificación del COVID-19; les han dicho que están rebasados y saturados, mientras tanto, Lidia ya lleva así, privada de su libertad, casi 11 meses:
“Estamos esperando que nos den fecha para el juicio principal porque creemos que vamos a demostrar la inocencia de Lidia de manera indudable porque ella nunca agredió al señor, fue una persona diferente que estuvo en la trifulca. Al momento del juicio se demostrará eso y podrá salir absuelta junto con su hermano y junto con su mamá. Por eso es que, la contraparte está tratando de retrasar lo más que pueda el juicio”.
Al respecto, afirman que, aunado a los procesos de justicia eficiente, el denunciante sólo quiere “destruir a Lidia”, pues “teme por su vida”. No obstante, es un hecho, afirma la defensa, que ella jamás le haría daño y jamás se lo hizo.
#JusticiaYLibertadParaLidia
Lidia tiene 39 años, es estilista, madre soltera de dos hijos y ha permanecido de manera injustificada casi 11 meses en prisión preventiva dentro del Reclusorio Femenil de Puente Grande, Jalisco. Su hija ha cumplido recientemente 15 años y no pudo estar con ella, su hijo menor vive con miedo y en profunda tristeza porque su familia no está completa, y su madre, aún permanece en prisión domiciliaria acusada de un delito que, como su hija, jamás cometió.
A unos cuantos instantes de que se le terminen los minutos de su tarjeta telefónica, sólo reclama a la autoridad su derecho a la justicia “nada extraordinario” señala, que vean que lo que cometieron con ella es una injusticia:
“Yo quiero que se me haga justicia, no pido nada extraordinario, que revaloren mi situación y vean que lo que cometieron conmigo es una injusticia, porque efectivamente este señor va y llora y me ofende frente al juez y a él es al que se le cree. Porque yo no digo nada, me quedo callada escuchando y cuando hablo me callan, porque para ellos la víctima es él”.
Finalmente, afirma la defensa de Lidia, “su caso es uno más de las múltiples injusticias en este sistema de justicia”, puesto que, “hay exceso de prisión preventiva injustificada que ocasiona daños colaterales a quienes viven con esto día a día”.
