En un ejercicio de contra réplica al II Informe de Desapariciones dado por el Gobierno de Jalisco, colectivos de familiares de desaparecidos reprocharon lo que el gobernador Enrique Alfaro y los titulares de las instancias de búsqueda e investigación presentaron, pues “sus avances” están muy lejos de la realidad que padecen quienes buscan a seres queridos en el estado.
En el ejercicio titulado #LasFamiliasHablan denunciaron que de la Fiscalía del Estado de Jalisco sólo reciben evasivas, omisiones, maltratos y dilación de la justicia, lo cual resulta muy contradictorio con la supuesta disminución de un 18% en las denuncias por desaparición y la mejora en la localización de personas reportadas como desaparecidas.
También reprocharon que sin dar explicación alguna del II Informe, el Gobierno de Jalisco desaparecieron más de mil 500 personas desaparecidas que sí aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“El excluirnos del II Informe de Desapariciones fue un acto de censura, pues se buscó dejar fuera a las familias porque temían que denunciáramos el maltrato que recibimos de la Fiscalía, la cual no nos da ningún tipo de avances en nuestros casos; nunca como ahora hemos tenido a Casa Jalisco y al gobernador tan lejos”, señaló Esperanza Chávez del colectivo Por Amor A Ellxs, al abrir la contra réplica al informe gubernamental de desapariciones que presentó Enrique Alfaro, el pasado 27 de octubre.
Este ejercicio nombrado Las Familias Hablan: Informe sobre la situación de personas desaparecidas permitió que las integrantes de los colectivos Entre Cielo y Tierra, Por Amor A Ellxs, Guerreras de Chapala, Familias Independientes y organizaciones civiles como CLADEM Jalisco, CEPAD A.C y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, expusieran la realidad que padecen quienes aunado a la desaparición de su familiar tienen que sufrir el desdén institucional donde no se investiga, no se busca, pero sí se maltrata y desdeña a las familias que son, al final de cuentas, quienes aportan todas las pistas e información para localizar a sus seres queridos.
“Las familias vemos con indignación el Informe dado por el Gobernador, Enrique Alfaro, porque ahí no se habló con verdad ni se puso a las familias al centro como se nos prometió, lo que dijeron no representa la realidad ni en los datos ni en las experiencia de quienes buscamos; por ello, estamos aquí para hablar con la verdad y así no dejar que el discurso oficial sea el único”, señaló Marlety García del Colectivo Entre Cielo y Tierra, quien busca a César Ulises Quintero García, desaparecido desde 4 de agosto de 2017.
Tanto en las participaciones de las madres en la transmisión virtual como en los comentarios que fueron dejados durante la transmisión las demandas podían sintetizarse en: “No hay avance”, “No hay búsqueda”, “No hacen nada con la información que les damos”, “Ignoran nuestras peticiones” y “Nos niegan el acceso a nuestros expedientes”.
Sobre esto último, la familia de Carlos Arturo Serrano García, desaparecido desde el 15 de octubre de 2019, señaló que en tres ocasiones han solicitado acceso a su expediente para comprobar si, efectivamente, están haciendo algo con las pistas que le han dado, pero mismas han sido las ocaciones en que se los han negado para mantener un “supuesto sigilo y no comprometer la investigación”; sin embargo, señalaron: “algo nos quieren ocultar y por eso no quieren que veamos los expedientes, pues así podríamos comprobar que no hacen nada con lo que les damos”.
“Las autoridades, más allá de lo que dijeron, son ineficientes en sus procesos de búsqueda e investigación, la Fiscalía tiene muy malas prácticas”, señaló Concepción, madre de José Gerardo Preciado, desaparecido desde el 22 de mayo de 2014, quien agregó:
“en mi caso tiene más de un año de retraso y lo que me quisieron señalar como avance era lo mismo que me enseñaron y que yo ya sabía un año atrás (…) No tienen empatía ni respeto, pierden tiempo e información fundamental para buscar a nuestros desaparecidos, yo he tenido más de 15 ministerios públicos y, lo peor, siguen manteniendo conductas revictimizantes”.
Este foro público, a su vez, derivó en la publicación de un informe donde de manera enfática se señala:
“Hablar con la verdad implicaría reconocer que la Fiscalía desaparece personas. Los recursos que se le asignan a las instituciones encargadas de atender la problemática son verdaderamente insuficientes, y sobre todo, sería reconocer que los cuatro casos de éxito que aparecieron en videos durante la presentación del Informe no representan la realidad de las miles de familias que somos maltratadas por la Fiscalía. Al día de hoy seguimos sin respuestas ante el nulo avance en nuestras carpetas de investigación y averiguaciones previas.
Actuar con responsabilidad obliga al Estado a investigar y sancionar por desaparición a todas las personas responsables por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de manera directa y a quienes autorizaron, instruyeron o toleraron la comisión de de estos hechos atroces”.
Para erradicar la comisión de un delito como éste, señalaron, se debe de crear mecanimos de seguridad para inhibir el delito; se debe detener a todos los actores intelectuales y materiales para que sean juzgados, y sobre todo se debe buscar a las y los desaparecidos desde el primer momento, pero aún se sigue manteniendo la terrible práctica de hacer esperar a las familias 72 horas, lo cual es violatorio de la Ley General de Desaparición Forzada y entre Particulares, donde se señala que la búqueda debe ser inmediata.
El Informe que se sustenta con los testimonios de las integrantes de los colectivos de búsqueda se divide en tres partes que responden a los tres compromisos del informe presentado por el gobernador (hablar con la verdad, actuar con responsabilidad y poner a las víctimas al centro); sobre los cuales las familias responden de manera contundente al precisar que esa verdad se oculta, su acción es irresponsable, lo que genera que muchas víctimas queden en el olvido.
Tal y como lo señalaron, las madres que buscan a sus seres desaparecidos al interior del estado donde la situación de vulnerabilidad y abandono institucional es mayor.
Desde Lagos de Moreno, Catalina Mireles -madre de Ana Elvira Castillo, desaparecida desde el 28 abril de 2015, señaló: “el gobernador dice que las familias están al centro, pero en otros municipios estamos en el olvido… acá en Lagos no se investiga ni se busca”, así mismo señaló que en escenario de violencia y asedio del crimen organizado como en el que viven tampoco se les brinda información en los Servicios Médicos Forenses, a donde acuden para buscar a sus familiares: “En SEMEFO tampoco nos atienden, todo la atención para las personas desaparecidas se centraliza en Guadalajara, y eso nos deja en el olvido“.
Silvia Celis del Colectivo Guerreras Unidas de Chapala denunció que en este municipio no sólo no se busca a sus desaparecidos, sino que se minimiza su desaparición diciendo que “es normal que desaparezcan ahí las personas”, como señaló la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, cuando se denunció la desaparición de tres jóvenes en una semana, cuestión que implicó la realización de la primera marcha por las y los desaparecidos en esa región. Silvia Celis busca a su esposo Martín Mendoza Real y, a su hijo, José Martín Mendoza Celis, desaparecidos desde el 23 de diciembre de 2019 .
Ocultar la verdad
“Desde marzo de 2019, cuando el gobernador Enrique Alfaro presentó su Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición y el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), declaró que en su administración se “hablaría con la verdad”. Sin embargo, la información oficial ha sido utilizada para favorecer la imagen gubernamental en detrimento de lo realmente importante: la búsqueda, investigación y localización de las miles de personas reportadas como desaparecidas en Jalisco”
Denunciaron las familias dentro del contra informe donde de manera puntual se señala:
“La información oficial es dudosa y no refleja la situación real de lo que ocurre en la entidad. Una de las inconsistencias más grandes son las cifras publicadas en el SISOVID y lo que la autoridad reporta a la Comisión Nacional de Búsqueda para ser transparentadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Entre ambos registros se muestran diferencias importantes en las cifras, el Registro Nacional da cuenta de una cifra de 11,291 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco hasta el 27 de octubre, pero el SISOVID muestra solamente 9,731 personas desaparecidas y no localizadas con corte al 30 de septiembre de 2020.
Para las familias esta situación es alarmante porque ahí se refleja la insistencia en maquillar las estadísticas sobre las desapariciones.
Así mismo cuestionaron, los datos sobre las localizaciones de personas que aseguran se han realizado, pues mientras en solicitudes de transparencia les responden que “no hay información”; en la aclaración que se hizo este medio tras la publicacion de la investigación “Guadalajara: zona de exterminio y desaparición” se nos aclaró que “se toma registros con familiares y con la propia víctima, los cuales son integrados a la carpeta para acreditar la aparición”.
Una de las conclusiones más fuertes que se hace en el Informe sobre el irregular manejo de las estadísticas es que:
“El SISOVID es una herramienta política que busca legitimar a la actual administración para destacar presuntas localizaciones de personas que fueron reportadas como desaparecidas. Bajo los parámetros de esta plataforma, con corte a septiembre de 2020, se localizan un promedio de 7 personas al día. Esto significaría que en 3 años, 9 meses y 21 días se localizaría a las 9,731 personas desaparecidas hasta ahora, pensando que no hubiera más casos nuevos. Pero esta problemática no para: estamos hablando de personas que podrían regresar o no con sus familias, y no de datos estadísticos que favorezcan a los gobiernos en turno para sus informes”.
Actuar con irresponsabilidad
En este apartado del Informe y con base en la malas experiencia de atención en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (FEDP), las familias construyeron una serie de patrones, vicios y fallas institucionales relacionados con los procesos de búsqueda e investigación:
1) No se integran de manera adecuada nuestros expedientes. No existen las líneas de investigación, ni se realizan las diligencias necesarias para localizar a nuestros seres queridos y encontrar a las personas responsables de su desaparición.
2) A pesar de ser contrario a la Ley General, y de que las familias llevamos años insistiendo en el tema, todavía las autoridades siguen diciendo que se debe esperar 72 horas para que reciban una denuncia por desaparición.
3) Hay demoras injustificadas en el inicio de las carpetas de investigación y también en la búsqueda, y no se cumple con los protocolos correspondientes en la materia.
4) No se reflejan en nuestros expedientes las labores de la policía investigadora.
5) Nosotras somos quienes aportamos la información para el desarrollo de las investigaciones.
6) Hemos enfrentado cambios frecuentes de las y los Agentes del Ministerio Público y Policías Investigadores. No se nos avisa sobre estos cambios, y con la llegada de una nueva persona a cargo del caso empezamos de cero con la investigación y la búsqueda de nuestros/as familiares ya que no existen los mecanismos de actualización y traspaso de información sobre los casos.
7) No hay coordinación entre la FEPD y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ). Muchas de nosotras nos enteramos que existe una institución responsable de brindarnos atención meses o incluso años después de iniciar los procesos.
8) Hay muchas deficiencias en la coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y la FEPD. Observamos que la FEPD no proporciona la información necesaria para la búsqueda a la COBUPEJ, lo que obstaculiza las acciones de búsqueda
9) La búsqueda de nuestros seres queridos se realiza mediante decenas de oficios de colaboración. Difícilmente se llevan a cabo las diligencias y acciones de búsqueda en campo.
10) Hay omisión en brindarnos información sobre el desarrollo de las investigaciones de manera periódica. Además, se nos niega la posibilidad de obtener las copias de los expedientes para poder coadyuvar y participar de manera activa en la búsqueda de nuestros seres queridos.
11) Las carpetas de investigación y averiguaciones previas de casos de nuestras y nuestros familiares desaparecidos carecen de la debida diligencia.
12) La FEPD nos reclama y hasta prohíbe el contacto con los medios de comunicación que realizamos para difundir el caso y de esta manera poder acercarnos a las personas que pueden contar con la información relevante para la búsqueda e investigación.
13) Se criminaliza a nuestros seres queridos desaparecidos.
14) Observamos con preocupación que se difunden muy pocas fichas de Alerta Amber o las cédulas del Protocolo Alba para eficientar la búsqueda inmediata de niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
15) No se incorpora el análisis de contexto en la mayoría de los casos.
16) Al estar en situación de riesgo, en muy pocas ocasiones nos brindan las medidas de protección.
17) Hemos sufrido maltrato, comentarios revictimizantes, ignorancia y prepotencia de diversos funcionarios que han formado parte de la FEPD.
18) Las familias que están buscando a sus seres queridos en las regiones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara han vivido una situación de falta de atención y nulos avances en las investigaciones.
19) La FEPD se ha vuelto una institución muy cerrada y muy poco accesible.
Víctimas en el olvido
“En Jalisco es común que primero se señala a las víctimas y después se investiga el delito” se deja leer en el tercer apartado del informe realizado por los colectivos de búsqueda del estado de Jalisco.
Esta criminalización, puntualizan, tiene como objeto “culparlas de su desaparición al insinuar que participaban en alguna actividad ilícita”.
Estas declaraciones que han provenido desde el el Gobernador, el ex coordinador del gabinete de seguridad, el Fiscal General y la Fiscal Especial, para las familias son muy graves porque “rompen la confianza de la ciudadanía en las instancias encargadas de investigar el delito, y violan el principio de presunción de inocencia que debe de respetarse en todo momento”.
Esta criminalización, además, se traslada también a las familias a las cuales se les recrimina esta supuesta responsabilidad; con esto, lo que se busca es hacer de una problemática de seguridad pública, un problema de índole familiar o privado, lo cual traslada toda “la responsabilidad a las familias”.
Aquí algunas de las declaraciones recopiladas por los colectivos:
Este abandono también se da en razón de la lejanía de las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara o por cuestiones de género; en la presentación, Alejandra Cartagena dejó sobre la mesa la situación real de la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“Sobre la desaparición de mujeres en Jalisco, Protocolo Alba ha sido negligente y omisa al sólo publicar el 2.67% de las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, las cuales son hoy más de 3 mil 036″.
Algo que también reafirmó Leticia Vázquez, madres de Ericka Cueto, desaparecida desde el 12 de noviembre de 2014:
“sigue existiendo desprecio sobre la desaparición de mujeres, pues no se considera que éstas pueden ser víctimas de trata de personas… pero en Jalisco ese tema no es tema; Señor Gobernador, hable con la verdad… mi hija sigue desaparecida y la quiero encontrar”.
También hicieron notar que sobre las víctimas de desaparición del pasado, específicamente en el periodo de la guerra sucia, existe un total abandono, pues ni siquiera son reconocidas o nombradas
Finalmente, en su informe las integrantes de los colectivos Entre Cielo y Tierra, Por Amor A Ellxs, Guerreras de Chapala, Familias Independientes y organizaciones civiles como CLADEM Jalisco, CEPAD A.C y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, le recordaron al gobernador, Enrique Alfaro, que no puede negar su voz:
“nuestra voz y será necesario tomarla en cuenta en todos los procesos por la obligación de garantizar el principio de participación conjunta, y también considerando que en este camino no estamos solas, que existe una sociedad civil que nos acompaña y apoya, para que poder coadyuvar a que nuestro camino sea menos doloroso y nuestra voz tenga mucho más eco”.
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Para leer de manera íntegra el Informe #LasFamiliasHablan puede hacerse en este enlace:
https://cepad.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-LAS-FAMILIAS-HABLAN-.pdf
