Después de convocar a la comunidad de policías en el estado a manifestarse en las puertas de Casa Jalisco, Jonathan Ramírez, ex suboficial de la Fuerza Única Metropolitana y el ex policía estatal Juan Manuel Mercado Gómez, ambos integrantes de la organización UnidosXporLaSeguridad A.C. iniciaron un plantón a las afueras de la residencia jalisciense esperando una respuesta del Gobernador del estado, Enrique Alfaro a cada una de sus demandas.
Los ex agentes de seguridad en el estado presentaron un pliego petitorio y solicitaron desde la Organización Nacional de los Derechos Humanos Laborales de los Policías, la intervención del mandatario estatal para que funja como mediador ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; dependencia a la que señalan como responsable de múltiples violaciones a sus derechos humanos y laborales.
Texto y fotografías por Christian Noe Cantero Mora / /@Christian_ch_malviviente
“Inicié mi proceso de demanda y han sido puras largas, esta es la tercera ocasión que me planto en Casa Jalisco, y esta vez si no me moveré. La vez pasada me dijeron que me iban a apoyar y a solucionar. Tuve audiencias donde, solamente la del 15 de junio, que es para el cambio de mi pensión, manifestaron que la Fuerza Única ya no existe, y estoy de acuerdo, pero yo no solo pertenecía a la Fuerza Única, mi nombramiento era policía estatal”, explicó Jonathan Ramírez, ex suboficial de la Fuerza Única Metropolitana, quien fue lesionado de gravedad en un enfrentamiento en 2017 y aún no ha sido indemnizado.
Aclara que antes de los hechos que lo dejaron inmovilizado de sus extremidades inferiores, él ganaba más de 30 mil pesos mensuales y restando las deducciones obtenía 13 mil pesos; sin embargo, ahora cobra 15 mil pesos que se reducen a 8 mil mensuales, aproximadamente. Según el testimonio de Jonathan Ramírez, la excusa que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le ha dado, para alargar el proceso y no concederle el sueldo que le corresponde, es que: “la Fuerza Única ya no existe”.
Después de todo este tiempo sin respuesta, el ex suboficial, Jonathan Ramírez, sufre complicaciones de salud. Desarrolló una úlcera gástrica y pérdida de memoria debido al estrés, así como la pérdida de cabello, algo que lleva a la par de su responsabilidad como padre soltero, relató. Se le han presentado complicaciones económicas para poder pagar gastos personales y escolares, lo que le impide ofrecer una calidad de vida digna a sus hijos: “¿Cómo puedo hacer valer los derechos de mis hijos, si yo tampoco tengo mis derechos?” cuestionó.
“Vengo apoyando a mis compañeros, trabajan bajo un terrorismo laboral y no hay una significación policial, no gana lo mismo un policía de Tonalá a uno de Guadalajara, no gana lo mismo un policía de Tlajomulco que uno de Zapopan. Todos hacen las mismas funciones y arriesgan la vida. No es justo que unos sí y unos no” reclamó a las afueras de Casa Jalisco.
Afirmó con ello, que la homologación salarial no existe para las y los policías no existe, y es que, de acuerdo con su experiencia, ésta se va en “bonos condicionados” y “favoritismos” que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha ofrecido “a personas que ni siquiera cumplen con los requisitos”; mientras que, en contraste, manifestó “las personas que tienen vocación y servicio de 27 años, se les despide injustificadamente”.
Jonathan Ramírez se refiere al caso del ex policía estatal, Juan Manuel Mercado Gómez, a quien, después de 27 años de servicio le despidieron injustificadamente, argumentando un supuesto abandono de servicio; no obstante, según ha denunciado, él se encontraba incapacitado y en confinamiento, pues el 29 de septiembre dio positivo a COVID-19.
“En marzo se despidieron más de 50 elementos, varios por caprichos, acaba de morir un compañero en Oblatos por el mal actuar de un mando… ¿Cuántos más? ” cuestionó una vez más Rodríguez.
Por lo anterior expuesto, frente a las puertas de Casa Jalisco, los ex policías presentaron un pliego petitorio en el que buscan que el Gobernador del estado, Enrique Alfaro funja como mediador de sus demandas ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entre las peticiones expresadas se encuentran:
- Que se investigue y revisen los procedimientos de separación y responsabilidad administrativa, instaurados y resueltos, respecto del último año; los cuales, se han substanciado (sic) con notorias violaciones procesales, por parte de los órganos instructores y la Comisión de Honor y Justicia, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
- Que la Secretaría de Seguridad Pública sea obligada a pagar la indemnización correspondiente por haber separado de forma ilegal a algún elemento. Solicitan al mandatario estatal que “instruya a las autoridades competentes, para que de forma inmediata se liberen los recursos necesarios para el pago de dichas indemnizaciones”.
“No sólo como un acto de justicia para nuestros compañeros, sino en estricto cumplimiento de las sentencias a los que fueron condenados y que de manera evidente retrasan su cumplimiento”.
Alexandra Morgado, abogada que ofrece orientación y apoyo a los expolicías, habló sobre las irregularidades que se presentan cuando los elementos de seguridad sufren bajas administrativas:
“Tengo conocimiento de que al parecer los procedimientos administrativos que les levantan no están completamente apegados a derechos, entonces, cuando les levantan un procedimiento administrativo, se hace, pero de manera mañosa para justificar el cese de los elementos operativos” afirmó.
También, mencionó que las condiciones laborales de los policías municipales son indignas. De acuerdo con la abogada, a finales del 2019 y principios de 2020, consultó a los 125 ayuntamientos de Jalisco acerca de las condiciones laborales en las que se encuentran sus corporaciones policiacas; sin embargo, únicamente contestaron 65 ayuntamientos y de éstos sólo el 13% le brinda a sus policías seguridad social integral; mientras que, únicamente cuatro ayuntamientos cumplen con el estándar de la ONU en cuanto a cobertura por habitante.
Con respecto a su labor durante la pandemia, Alexandra Morgado, señaló que las entidades públicas tienen la obligación de brindarles los instrumentos necesarios para que los policías puedan realizar sus funciones en tiempo y forma; no obstante, ordinariamente ni siquiera les brindan chalecos antibalas en buen estado. Por ello, manifestó que, ante una situación como la contingencia sanitaria, resulta dudoso que les garanticen el equipo de protección necesario para evitar el riesgo de contagio.
Al respecto, Juan Manuel Mercado Gómez, quien además es Presidente Nacional de los Derechos Humanos Laborales de los Policías, habló sobre las bajas que han tenido las corporaciones de seguridad en el estado debido a la pandemia del COVID-19:
“En agosto tuvimos 7 fallecimientos por el COVID-19, en el mes de septiembre aumentaron a 14 y actualmente son 20 compañeros que murieron por contagio, aún tenemos a otros internados”
El plantón se mantiene a las afueras de Casa Jalisco de manera indefinida, pues como ha informado Jonathan Ramírez, la única respuesta que han recibido de la autoridad estatal es llevar a cabo mesas de diálogo, mismas que le ofrecieron hace dos meses, pero que, hasta la fecha “no se les ha dado seguimiento”:
“Yo estoy aquí y no me voy a mover porque busqué la manera del diálogo y la mediación, hablé hasta con el Secretario de Gobierno (en su tiempo) y los directores de área, pidiéndole a estas personas que por favor se me apoyara, pidiendo en favor, lo que me corresponde por ley (…) yo de aquí no me muevo hasta que se me solucioné”.
Fotografía cortesía Jonathan Rodríguez
