En la rueda de prensa semanal de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos, Las Constituyentes CDMX Feministas presentaron la iniciativa: 3 de 3 Contra La violencia Hacia Las Mujeres, como una acción para visibilizar y combatir las violaciones cometidas por razón de género dentro de las propias instituciones públicas.
Esta iniciativa pretende que el Instituto Nacional Electoral (INE) apruebe una serie de lineamientos para el desarrollo del siguiente proceso electoral del año 2021, los cuales consisten en que todo militante de representación popular cumpla con los siguientes requisitos obligatorios: NO ser acosador sexual, NO ser deudor de pensión alimentaria y NO ser agresor por razones de género.
Por Sofía Ávila / @SofiaCaravi
De acuerdo con el ranking de los Mejores países para ser mujer del US News & World Report de 2019, México se encuentra entre los peores 20 países para las mujeres, y las estadísticas alarmantes que evidencian 11 feminicidios diarios son la muestra para exigir que dentro de las instituciones públicas ya no existan agresores que permitan la impunidad a otros:
“No basta con cumplir los requisitos de la elegibilidad, también se tienen que cumplir los requisitos de la idoneidad para poder ser representantes de un cargo político” compartió Yndira Sandoval cofundadora de Las Constituyentes Feministas.
La violencia de género en México no es un asunto menor y lamentablemente dentro de las propias instituciones públicas hay agresores. Prueba de ello es el ex director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso “N”, quien abusó sexualmente de una niña de 10 años dentro de su vehículo el pasado mes de julio.
En ese sentido, fue el propio juez del caso, Jorge Luis Solís Aranda, quien benefició con su decisión a Luis Alfonso “N” al descartar una agravante para vincularlo a proceso por el delito de corrupción de menores, puesto que, entre otros argumentos, dijo que la niña “no sintió placer”.
Por acciones como ésta, que evidencian el contexto de impunidad que rodean a agresores y feminicidas en el país, se busca que quienes vayan a ser partícipes del proceso electoral 2021 cumplan con un perfil idóneo que evite la presencia de más agresores dentro de las instituciones públicas.
Los aspirantes a una candidatura deberán cumplir con los siguientes lineamientos:
- No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;
- No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y;
- No estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
Finalmente, se tiene contemplado que será el próximo 28 de octubre cuando el pleno del Instituto Nacional Electoral discutirá la iniciativa #3de3ContraLaViolenciaHaciaMujeres esperando que los más de 21 mil cargos que se renovarán el siguiente año cumplan con los requisitos de elegibilidad e idoneidad.
“Es una urgencia nacional que los agresores dejen de estar al frente porque ellos están sacando las políticas públicas y dictando las leyes para ellos” finalizó Fátima López integrante de la Red de Abogadas Violeta.