El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó el pasado 20 de octubre que el ejidatario Juan Hernández Morales, quien estaba desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, fue localizado con vida. Por otro lado, el Frayba reitera que la criminalización de la protesta del pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastián, en el municipio de Chilón, viola los derechos de la población a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y a defender sus derechos humanos.
El Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que, como parte del contexto de criminalización, las leyes en los países democráticos se emplean para discriminar y reprimir a quienes protegen y defienden los derechos humanos.
Dicho informe, afirma que esta situación es más probable que suceda en países con contextos de gran desigualdad socioeconómica, en los que los sistemas políticos y de justicia son débiles, corruptibles, con altos niveles de impunidad y son, además, ampliamente permeables por otros intereses de las clases altas y con poder.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó el pasado 20 de octubre que el ejidatario Juan Hernández Morales, quien estaba desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, durante un acto de protesta pacífico en contra de la construcción de una base general de la Guardia Nacional en territorio del ejido de San Sebastián Bachajón, de Chilón, Chipas, ya fue localizado. Su familia reportó al Frayba que el ejidatario se encuentra bien y en un lugar seguro.
El Frayba reitera que la criminalización de la protesta del pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastián, en el municipio de Chilón, viola los derechos de la población a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y a defender sus derechos humanos.
Por ello, el Frayba como representante legal y acompañante del pueblo Tseltal recuerda al Estado mexicano su obligación de respetar los acuerdos internacionales, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
“El derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”.
La criminalización de las defensoras y los defensores del medio ambiente y del territorio consiste en “referir a marcos jurídicos y acciones políticas impulsadas por grupos sociales privilegiados” con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.
Al respecto, el último Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), da cuanta de que entre 2012 y 2019 fueron registrados 83 asesinatos de defensores ambientales. Por ello, México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.
Los tipos de agresiones cometidos contra defensoras y defensores del medio ambiente y del territorio en 2019, fueron: homicidio (25%), allanamiento (2%), privación ilegal de la libertad (3%), hostigamiento (6%), intimidación (11%), agresiones físicas (17%), amenazas (17%) y criminalización (19%).
En el Informe de la CEMDA también se registra que los principales agresores fueron: el Estado (36%), el crimen organizado (4%), particulares (8%), personas de la misma comunidad (4%), empresas (8%) y en el 36% de los ataques no se identificó al agresor.
Por su parte, entre los tipos de autoridades que cometieron algún tipo de agresión contra defensores y defensoras del medio ambiente y del territorio, se encuentran: autoridades federales, con 54% del total de casos; municipales con 25%; y estatales con un 21% del total de casos reportados.
Es importante recordar que, durante el violento operativo del pasado 15 de octubre donde fue desaparecido forzadamente Juan Hernández, también privaron arbitrariamente de su libertad a los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, mientras que, 13 personas más resultaron heridas.
Las y los habitantes del pueblo Maya Tseltal, protestaban pacíficamente en contra de la construcción de una Base General de la Guardia Nacional en el territorio del ejido de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chipas. Según han denunciado, desde 1994 la presencia del Ejército Mexicano en la región ha traído graves violaciones a sus derechos humanos.
El Frayba y la comunidad han exigido al Estado y a las autoridades en Chiapas, liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes no sólo fueron privados arbitrariamente de su libertad, sino que también se ha violentado su derecho al debido proceso.
Firma la acción urgente: https://frayba.org.mx/la-protesta-no-es-sinonimo-de-motin/
