A través de un comunicado de prensa, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC señaló que Jalisco es el cuarto estado en el país con mayor número de contagios de COVID-19 en centros penitenciarios; razón por la cual solicitó el Gobierno de Jalisco que revise expedientes de población privada de la libertad en sus 12 cárceles locales para evaluar casos de candidatos a preliberación y así evitar mayores contagios; sin embargo, las autoridades aplanzan respuesta a esta solicitud.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Con 112 casos positivos y cinco lamentables de decesos por COVID-19; Jalisco es la cuarta entidad en el país con mayor incidencia entre personas privadas de su libertad; así se lo precisa la actualización del Monitoreo Nacional en Centros Penitenciarios que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (corte al 13 de octubre).
Por este motivo, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. ha presentado dos solicitudes de preliberación (el 29 de septiembre y 2 de octubre) de personas privadas de la libertad en los 12 centros penitenciarios para “garantizar su derecho a la salud e integridad ante el avance de la pandemia por COVID-19”.
Aunque la organización entregó la información necesaria al Gobierno del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Dirección Jurídica del Sistema Penitenciario, la Fiscalía de Reinserción Social, la Procuraduría Social y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a la fecha “han omitido notificar el auto de inicio de este proceso” y “se han negado a responder sobre las peticiones”.
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. solicitó:
“aplicar el beneficio de preliberación por política penitenciaria contemplada en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) que establece que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Fiscalía correspondiente, podrá solicitar a jueces de ejecución la conmutación de la pena, libertad condicionada o libertad anticipada de personas con sentencia”.
Actualmente, como señala Documenta, en los 12 penales locales existe una población total de 13 mil 524 personas privadas de la libertad.
La cantidad de personas privadas de la libertad y el nivel de contagios que se han dado dentro de los complejos penitenciarios hace necesario, como puntualiza Documenta, que:
“los directores de estos centros que estudien y seleccionen los expedientes de las y los internos, para valorar si sus casos entran en alguno de los supuestos establecidos por la LNEP y, con ello, solicitar su preliberación ante los jueces de ejecución…”.
¿Cuáles son estos criterios?
- Que tengan una pena menor a 5 años y el delito por el que fueron sentenciados se haya cometido sin violencia.
- En caso de haber sido privado de la libertad por delitos patrimoniales, que estos se hayan cometido sin violencia
- Ser personas adultas mayores o con enfermedad crónico degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que les falte para cumplir su sentencia.
- Ser personas sentenciadas que hayan colaborado en la procuración de justicia o con la autoridad penitenciaria y no hayan obtenido antes otro beneficio.
- Cuando se trate de delitos cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad de la que se trate ya se trate de les corresponda otorgar el perdón
- Cuando seguir con la aplicación de la pena resulte irrelevante para multas de reinserción o prevenir reincidencia.
En este sentido, Documenta hace un llamado a las autoridades jaliscienses para que cumplan los acuerdos de preliberación:
“El gobierno encabezado por Enrique Alfaro debe actuar ya: la atención a la población penitenciaria es un acto para salvaguardar la salud pública y de cumplimiento indispensable para garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos de una población siempre estigmatizada”.
La incidencia de COVID-19 en los centros penitenciarios en el país.
A nivel nacional, donde también se ha discutido la preliberación, existen 2 mil 561 casos positivos; 236 casos sospechosos y 232 decesos por COVID-19.
Las entidades con mayor incidencia, conforme a la CNDH, son: la Ciudad de México (1,248 casos); Puebla (291), Chihuahua (131), Jalisco (112) y Guanajuato (108), esto en cuanto a los contagios.
En razón a los lamentables decesos por COVID-19, la Ciudad de México encabeza el listado con 55 decesos, le siguen Puebla y Baja California (34) y Veracruz (28).
Esto preocupa, pues de acuerdo a Documenta:
“las personas privadas de la libertad están en una situación particular de vulnerabilidad ante la pandemia (…) pues su tasa de letalidad por COVID es 2.79% mayor que el resto de la población”.
Por eso, precisa la organización, es urgente que las autoridades consideren la preliberación como una herramienta legal, que tiene el objetico de “salvaguardar el derecho a la salud, la vida y la integridad de esta población”.
