La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 109 fideicomisos para poner a disposición 68 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, bajo el argumento de eliminar la opacidad del uso de recursos públicos, la austeridad y la emergencia sanitaria. La reforma extinguió fondos destinados a áreas como: desastres naturales; ciencia y tecnología; protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; así como el fondo para las víctimas de la violencia.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, establecido en la Ley General de Víctimas, representa un ingreso fundamental para las familias de personas desaparecidas y para realizar las búsquedas de sus seres queridos. Ahora, sin este fideicomiso, temen que sea imposibilitada su búsqueda y exigencia de verdad y justicia.
Con los hashtags: #fideicomiSOS y #FAARIxLasVíctimas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha exigido a las senadoras y senadores que “no les den la espalda” y garanticen sus derechos, así como el fortalecimiento de dichos recursos.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Laura Curiel Armenta forma parte del colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones Sin Justicia y es madre de Daniela, a quien busca desde el 2015 que fue desaparecida. Laura denunció que, sin el Fondo de Ayuda, la afectación sería devastadora y no tendría con qué buscarla ni cómo solventar gastos.
Así como Laura, cientos de familias víctimas de violaciones a derechos humanos, serán fatalmente afectadas con la reforma recién aprobada que desaparecerá el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, según han señalado diversos colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El Fondo de Ayuda, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), fue creado para la asistencia y reparación integral a víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas, el cual es indispensable para cientos de familias para obtener recursos para poder trasladarse a Fiscalías y continuar la línea de investigación; viajar a otros estados para realizar búsquedas; adquirir equipo para la búsqueda en fosas clandestinas, así como para solventar gastos de vivienda y alimentación, ya que muchos se ven en la necesidad de dejar su vida laboral por buscar a sus seres queridos.
A pesar de que la Ley General de Víctimas establece la existencia de este fideicomiso para atender las necesidades de las víctimas, los colectivos denunciaron la preocupación ante la desaparición y la nula transparencia a los nuevos mecanismos con los que pretenden ahora atender a miles de víctimas.
De acuerdo con cifras del CEAV, al 31 de diciembre de 2018, el Fondo tenía un valor de 678.6 millones de pesos, y fueron destinados esos recursos a 4 mil 653 víctimas. Ahora con su eliminación, se verán afectados los derechos y condiciones de vida de las víctimas:
“Es inaceptable que en un país donde existen más de 74 mil personas desaparecidas, el Estado deje en desamparo y sin certezas sobre recursos para su debida atención a miles de víctimas, ante el flagelo de la violencia y desapariciones”, denunció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a través de un comunicado.
Así mismo, recalcaron que a las familias no les fue consultado este ajuste por parte del gobierno y temen que el recurso, que ha sido creado exclusivamente para la reparación especifica de las víctimas, sea utilizado para otras actividades. Por ello, han instado a las autoridades a que escuchen a las familias antes de eliminar este Fondo de Ayuda.
“Hay muchas familias que dependen de estos recursos porque, lamentablemente los familiares al iniciar la búsqueda no solamente van con la angustia de no saber el paradero de su familiar, sino que además la mayoría enferma entendemos que es necesario organizar y transparentar la utilización de estos recursos, pero creemos que la forma en que ha sido generado de la noche a la mañana, sin un conocimiento previo de los niveles de afectación que se puede dar a las víctimas, es algo irresponsable y violatorio a los derechos humanos”, recalcó Martín Villalobos, integrante de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos.
Para Laura Curiel, las familias de personas desaparecidas son quienes verdaderamente han subsidiado el trabajo del Estado, quienes hoy en día realizan las búsquedas y aportan información al Ministerio Público, por lo que hace un llamado a los senadores a que no los dejen ante el desamparo para encontrar a nuestros desaparecidos.
“El Estado no puede hacernos esto a las familias, porque dónde vendría la lucha por encontrarlos. Es preocupante que nos estén cerrando estas puertas a que tengamos un poquito de tranquilidad de dónde están, qué les pasó o dónde quedaron”, expresó Laura.
Además, recordaron que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México no está bajo ningún partido político, Martín explicó: “No estamos aquí por una situación de los conservadores, como llama el presidente, sino por una situación real de nuestras familias”.
Los colectivos y familiares de personas desaparecidas están a la espera de una respuesta de la Cámara de Diputados y Senadores para ser escuchados de manera urgente, ante un contexto que podría agravar la crisis de derechos humanos que atraviesa el país; por “una lucha compartida con aquellas personas del pueblo mexicano que día a día sueñan con otro mundo posible, en paz, con justicia y dignidad”.
A través de los hashtags #fideicomiSOS y #FAARIxLasVíctimas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y diversos colectivos y agrupaciones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, han exigido a las senadoras y senadores, en la discusión sobre la eliminación de estos fondos y fideicomisos que: “no les den la espalda” y garanticen sus derechos, así como el fortalecimiento de dichos recursos.
