En el mes de marzo de 2019, Daniela estudiante de la licenciatura en Médico, Cirujano y Partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) denunció ante las autoridades universitarias, los abusos, las agresiones sexuales, el hostigamiento y las amenazas de las que fue víctima en manos de sus compañeros de carrera.
A ello se sumaron las omisiones y negligencias de quienes institucionalmente tenían que haberle escuchado y protegido: la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad de Guadalajara, su Centro Universitario y la propia Casa de Estudios.
Sin embargo, luego de un año y medio, Daniela no ha conseguido regresar a clases o ingresar a una nueva institución educativa, debido a las negligencias que se han presentado en el proceso administrativo de la queja interpuesta ante la UdeG y, porque hasta el momento no se le han garantizado las condiciones de seguridad que le permitan incorporarse nuevamente a las aulas.
Mientras tanto, la Universidad de Guadalajara ha decidido desechar su solicitud de reparación integral del daño, negando así los prejuicios y laceros ocasionados a su proyecto de vida y al respeto a su derecho a la educación. Y es que, a decir de la Oficina del Abogado General de la UdeG, la institución: “agotó los procedimientos legales previstos en su normativa universitaria, apegándose a su compromiso con la justicia y equidad y, ratificando su política institucional de “cero tolerancia al acoso, hostigamiento”.
Al tiempo que, el pasado 7 de septiembre le expuso públicamente a través de un comunicado, en el que aseguró que la joven “ha rechazado las múltiples alternativas” que la institución le ha ofrecido; e, incluso, ha señalado que la reparación del daño moral y patrimonial que ha solicitado “son abusivos”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
–Y tu mamá, ¿sabía que estabas ahí sola con hombres?, fueron las palabras que utilizó el coordinador de la carrera de Médico, Cirujano y Partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la (UdeG), Víctor Manuel Lara Vélez, luego de que Daniela acudiera a denunciar las vejaciones que sufrió en manos de dos de sus compañeros de clase.
Sobre esa primera denuncia presentada el 14 de marzo de 2019, poco puede decirse, pues contrario a lo establecido por el Protocolo Universitario para Atender los Casos de Acoso y Hostigamiento de la Universidad de Guadalajara, la declaración de la estudiante no terminó en un acta y/o expediente de denuncia.
Un día después (15 de marzo de 2019), la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), a través de su titular, Dante Haro, decidió emitir medidas cautelares en contra de los agresores, esto tras solicitar a Daniela y a su madre, la copia de la denuncia penal. No obstante, en medio de un proceso judicial abierto por un delito de agresión sexual, éstas condicionaron el acceso a la justicia de la víctima. Al mismo tiempo que, generaron escenarios que vulneraron y atentaron contra su seguridad.
Y es que, tras hacerse públicas estas medidas, Daniela fue agredida y acosada por sus compañeros de clase, amigos de los agresores. Si bien, aquella primera vez fueron apercibidos de manera verbal, el acoso y hostigamiento volvió a repetirse; hecho que forzó a Daniela solicitar una licencia de estudios, pues, hasta ese momento, la Universidad de Guadalajara y sus autoridades, no fueron capaces de garantizarle un entorno educativo libre de violencia, donde pudiera continuar dentro del centro universitario.
Fue hasta el 19 de marzo del mismo año, que los hechos de violencia sexual padecidos por la joven quedaron asentados en la queja DDU/V1/0010/2019 y, posteriormente, ésta fue ampliada para acreditar las diversas situaciones de acoso y hostigamiento cometidas tanto por alumnos como por profesores; no obstante, no se emitieron medidas cautelares o sanciones.
Ha pasado un año siete meses de estos hechos y en el proceso, aunque la Universidad de Guadalajara, a través del Consejo General Universitario (CGU), aprobó la expulsión definitiva de sus dos agresores, (quienes hasta el mes de junio permanecían como estudiantes en activo), Daniela, no ha conseguido incorporarse a la escuela o continuar con sus estudios, incluso, cuando la joven externó al Secretario General de la UdeG sus deseos de continuar la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual mantiene un convenio.
Al respecto, la UdeG dijo ayudarle con sus trámites ante esa universidad, sin embargo, le advirtieron que no contaría con su apoyo para gastos de traslado y viáticos, pese a que, la universidad contaba/cuenta con la capacidad de becar a la joven como una estudiante de excelencia fuera del estado y, así, evitar obstruir su derecho a la educación, así como, la revicitimización y estigmatización de la que estaba siendo víctima.
En octubre de 2019, siete meses y dos semestres después de los hechos que llevaron a Daniela a abandonar la escuela, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva, aseguró a la joven en una reunión privada que “no era necesario que buscara espacio en otra universidad”, porque la universidad “generaría las condiciones para su regreso en enero de 2020”.
Llegó el 2020, transcurrieron los meses de enero, febrero, marzo y después llegó la emergencia sanitaria, pero nadie le ha dado una respuesta, lo que llevó a Daniela a exigirle a la Universidad de Guadalajara la reparación integral del daño que la ocasionado un proceso dilatorio, victimizante, plagado de omisiones y que le ha vulnerado sistemáticamente.
Lo hizo el pasado 4 de septiembre, a casi un año de la promesa del Rector General de la UdeG, a través de una reclamación patrimonial, donde se solicita a esta universidad pública que indemnice a la joven por “los daños patrimoniales, morales y al proyecto de vida ocasionados” en su detrimento.
Sobre las consecuencias negativas que le ha generado todo lo anterior y otras situaciones que se han descrito en el documento presentado ante la Oficina del Abogado General de la UdeG por su representante legal -directamente ligadas al proceder administrativo de las autoridades universitarias-, existe un peritaje psicológico, del cual se desprende que ha sufrido afectaciones a su salud mental y emocional que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Sin embargo, a través del Oficio No. AG/4038/2020 la Universidad de Guadalajara definió que se trata de una reclamación notoriamente improcedente; puesto que, bajo sus argumentos “el hecho de que Daniela no haya decidido regresar a estudiar no es un daño ocasionado por la universidad porque tiene diversas opciones afuera de esta institución”.
Asimismo, decidió desechar la reclamación, asegurando que:
“la Universidad ya agotó los procedimientos legales previstos en su normativa universitaria, apegándose a su compromiso con la justicia y equidad y, ratificando su política institucional de “cero tolerancia al acoso, hostigamiento”.
Y si bien, Daniela impugnó la resolución, la UdeG, sólo tuvo a bien emitir un comunicado en el que decidió exponer y revictimizar una vez más a la joven estudiante de medicina, para excusar la decisión que ha tomado. En este documento público señala de manera innecesaria que la agresión sexual tuvo lugar fuera de las instalaciones universitarias; también, que la UdeG brindó “todo el apoyo a Daniela” “adoptando medidas cautelares que garanticen su seguridad e integridad, atención médica, asesoría jurídica y apoyo psicológico, desde el momento en que fue notificada la agresión de la que fue víctima”.
Aunque, existe un documento que comprueba que la UdeG ofreció los servicios de atención psicológica hasta cuatro meses después de presentada la queja.
En respuesta al comunicado emitido por la Universidad de Guadalajara @udg_oficial con fecha 8 de octubre del presente, nos permitimos realizar las siguientes observaciones: pic.twitter.com/GZ7rlB9Alq
— La UdeG NO me cuida (@laudegnomecuida) October 8, 2020
Además, manifiesta que la joven ha rechazado las alternativas que la Universidad le ha ofrecido, las cuales contemplan: regresar a clases en el CUCS “en un clima libre de violencia”; la posibilidad de reubicarla en cualquiera de los centros universitarios que ofrece la carrera de Medicina en la UdeG; y retomar su carrera de Medicina en alguna de las escuelas incorporadas a la UdeG, sin costo para la estudiante.
Daniela no se ha negado a estas decisiones de manera arbitraria, sin embargo, lo cierto es que, ninguna de estas “alternativas” corresponden a una reparación integral y satisfactoria del daño, ni tampoco le garantiza sus derechos como víctima a la no repetición, restitución, compensación y satisfacción, de manera individual, colectiva, material, moral y simbólica.
¿Por qué es la víctima la que tiene que cambiar su plan de vida y no castigar a sus agresores? Se cuestiona el comunicado respuesta ofrecido por la representante legal de la joven.
La UdeG ha dicho en este comunicado también, que su solicitud de indemnización “se encuentran fuera de los alcances materiales y jurídicos de la universidad”, justificando así su negativa a la reclamación patrimonial que demanda la joven, cuyo único fin es continuar con el proyecto de vida que una y otra vez se le ha arrebatado en estos casi 20 meses.
No existe un número que cuantifique o tabule el daño ocasionado a una víctima, sin embargo, advierte el documento presentado por la representante legal joven, “los daños provocados por la actividad administrativa irregular” cometida por las autoridades universitarias a sus bienes jurídicos y patrimoniales, son “evaluables pecuniariamente”, ya que, durante estos procesos, Daniela ha tenido subsanar gastos de abogados, psicólogos y medicamentos.
También, con el fin de retomar sus estudios, Daniela buscó por sus propios medios alternativas educativas semejantes a las que le ofrecía la Universidad de Guadalajara, así como, con el objetivo de garantizar las expectativas académicas que demandan sus planes a futuro como médico cirujano transplantólogo; lo cual, generó gastos que quizá, jamás tuvo que haber realizado si se le hubieran garantizado condiciones ideales de reparación y no repetición
Con ello, esta indemnización que ha decidido desechar la UdeG y que ha requerido legalmente Daniela, plantea la posibilidad, además, de continuar con sus planes como estudiante y como mujer, dentro de una universidad que no sólo iguala el nivel formativo que ofrece esta casa de estudios, sino, además, que es acorde a lo que ella ha considerado es una reparación del daño integral y satisfactoria que le permitirá alcanzar sus metas a mediano y largo plazo.
Finalmente, es importante advertir que, esta es la primera vez que una víctima de agresión, acoso y hostigamiento sexual dentro de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha solicitado a la institución educativa que repare de manera integral los daños ocasionados a su integridad moral, patrimonial y al proyecto de vida, producto de los procesos administrativos irregulares, negligentes y dilatorios de los que también ha sido víctima en medio de su lucha para exigir justicia a esta casa de estudios.
Por lo tanto, ésta también es una oportunidad para que la universidad pública del estado de Jalisco sea congruente con su política institucional de “cero tolerancia” al acoso y hostigamiento; y de demuestre con hechos, su compromiso con la justicia para las víctimas de estos actos y la equidad de género.
Notas relacionadas:
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