La agrupación Familiares Unidxs de Personas Privadas de la Libertad, emitieron un comunicado el pasado lunes 28 de septiembre, tras la publicación del acuerdo federal sobre el cierre del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente” (CEFERESO número 2) en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. En éste, ya advertían que la decisión atenta contra sus derechos humanos y los de sus seres queridos, puesto que, desde que se hizo público el anunció no han recibido información más allá de la que pueden acceder a través de los medios de comunicación.
Incluso, en entrevista señalaron que, tras los primeros traslados, no tienen información sobre a qué lugar han sido reubicados sus familiares. Las autoridades del centro penitenciario les han advertido que podrán acudir a recibir información hasta la próxima semana, en su día de visita.
El contexto de la decisión, así como, las formas en las que se está llevando a cabo, coinciden con la reubicación de un grupo de personas privadas de la libertad el pasado 1 de julio, al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 “CPS-Michoacán” en Tomatlán, Michoacán. Si bien se les dijo que “sería temporal” -dado el contexto de contagio por COVID-19 dentro del penal-, ahora confirma que se trató de una acción definitiva.
Por Dalia Souza / @Dalia Souza
Vanessa tenía a dos de sus familiares privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente” (CEFERESO número 2); sin embargo, desde el pasado mes de julio las decisiones que ha tomado el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Jalisco han determinado la tranquilidad y las certezas que como familias tenían sobre ellos y sobre el lugar en el que estaban cumpliendo su sentencia.
El primero de ellos fue trasladado el 1 de julio al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 “CPS-Michoacán” en Tomatlán, Michoacán; el segundo, fue “sacado” en un camión junto con otras personas privadas de su libertad del CEFERESO 2, el día martes 29 de septiembre por la noche. Según narra Vanessa, esto lo saben porque, mientras estaban montando guardia para que la autoridad les diera información sobre lo que estaba sucediendo -tras el anuncio del cierre de dicho centro penitenciario-, él pudo hacerles señas a través de los vidrios de la ventana.
“Una vez más somos víctimas de violaciones a nuestros derechos humanos, ya que el cierre del CEFERESO 2 impacta de manera tajante en las PPL, con en lxs familiares. Las autoridades penitenciarias como la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no están considerando las implicaciones de las acciones tomadas y todo lo que repercute en nuestras vidas”, afirmó la agrupación Familiares Unidxs de Personas Privadas de la Libertad, a través de un comunicado el pasado lunes 28 de septiembre.
El acuerdo firmado el 24 de septiembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes 28; y en éste sólo se anuncia que será “desincorporado el Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”.
Asimismo, advierte que, Prevención y Readaptación Social, “realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco”.
Mientras que, “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Al respecto, consideraron Familiares Unidxs de Personas Privadas de la Libertad, esto “no justifica el cierre y por lo tanto los traslados”, al tiempo que, se están violentando sus derechos al acceso al a información, a la justicia, al tener cerca a sus familiares de la ciudad donde residen, así como “a estar cerca donde se está llevando a cabo el proceso penal”, sentenciaron en el documento público.
Según narra Vanessa, en el mes de julio tuvieron que pasar 15 días para que su familiar lograra comunicarse con ella, luego de ser trasladado al penal de Michoacán; y fue sólo después de la resolución de un juez, que consiguieron saber en dónde había sido reubicado, esto después de promover un amparo junto con otras familias y con el acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). En ese sentido, expuso que su otro familiar cuenta con un amparo para no ser trasladado, sin embargo, no se respetó.
Vanessa explicó que durante un par de meses existió el rumor de que sería cerrado el Centro Penitenciario, no obstante, ninguna autoridad quiso reconocerlo:
“Más allá de los rumores que corrían, por parte de las autoridades no hubo ningún aviso previo a que iban a ser trasladados. De hecho, nosotros en las visitas pasadas preguntábamos porque de hecho mi (familiar) está amparado para no moverse de penal, para saber y nosotros seguir ratificando los amparos y que no lo movieran de aquí y me decían “no, no puede ser cerrado, es un centro federal” siempre nos decían esas cosas”.
Tampoco saben a dónde fueron trasladados: “nosotros nada más sabemos lo que se escucha en las noticias, que pueden ir a Oaxaca, Michoacán o a Nayarit, pero que nosotros nos hayan dado una información oficial, eso no ha sucedido”.
Hasta el momento han pasado más de 36 horas desde que su familiar salió en ese camión y ninguna autoridad penitenciaria o del Gobierno del estado le han informado a ella o a otras familias en dónde están, lo único que les dijeron en el CEFERESO 2, es que se presentaran la siguiente semana en el día de su visita para que les den los documentos que necesitarán en el nuevo penal:
“De hecho, Cefereso nos dijo que nos presentáramos la siguiente semana en día de visita para que nos entregaran nuestros documentos para nosotros enviarlos al nuevo cefereso donde van a estar reubicados porque son documentos originales”.
Sin embargo, denunció que “no es nada sano para nosotros esperarnos una semana sin saber de ellos”.
Aunado a esta incertidumbre, manifestaron que les preocupa las situaciones que sus familiares privados de la libertad puedan sufrir dentro de los penales a los que sean reubicados:
“Sabemos que ir a otro centro penitenciario para los internos nuevos es muy difícil, lo hemos vivido bastante tiempo” señaló.
Por todas estas razones, en la exigencia de explicaciones y respuestas, la agrupación Familiares Unidxs de Personas Privadas de la Libertad, demandó al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 2, Luis Fernando Mendoza; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño: y la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, se les garantice lo siguiente:
- Se nos respete nuestro Derecho al acceso a la información, que nos esclarezcan los motivos del cierre del CEFERESO 2 y de los traslados.
- Derecho a la integridad física y psicológica de nuestros PPL.
- Que se registre adecuadamente la autorización y ejecución del traslado: fecha y hora; centros de origen y destino; personas trasladadas, vehículos empleados, personal que participa en el traslado.
- Que se comunique inmediatamente el traslado a un familiar o amistad y, por supuesto, a su defensor.
- Que se le dé la facilidad a las PPL de comunicarse con sus familiares en cuanto hayan ingresado al nuevo centro penitenciario.
- Que se registre el nombre y cargo de las autoridades que ordenaron y realizaron el traslado.
- Que se registre el día y hora del ingreso a la nueva cárcel y a su vez, el día y hora de la salida de la cárcel anterior de absolutamente todas las PPL.
- Que se registren todos los lugares donde estuvieron las PPL durante el traslado.
- Que se registre el estado de salud de todas las PPL.
- Que se registre la evaluación y certificación de la doctora o doctor que la realizó (sic) antes del traslado de las PPL y al llegar a la nueva cárcel.
- Que no se amarren ni encadenen a las PPL durante su traslado.
- Que se les den alimentos y agua suficiente durante su traslado.
- Que se les dé la facilidad para ir a l baño si el traslado dura varias horas.
- Que el transporte donde se realice el traslado incluya equipo de atención médica en caso de que se requiera.
“Hacerle un llamado a las autoridades para que solamente nos dieran una respuesta, nosotros no estamos pidiendo su libertad ni nada parecido, porque sabemos que ellos cometieron un error y ellos tienen que pagarlo, pero queremos que nos mantengan informados porque nos preocupa mucho el cómo estén, en dónde estén” finalizó Vanessa.
Según informaron medios locales, la mañana del martes 29 de septiembre ingresaron 18 camiones al CEFERESO 2 para llevar a cabo el traslado de 376 personas privadas de su libertad a otros penales del país.
