Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Por accidente miré un noticiario local que intentaba informar sobre el posible regreso a clases en Jalisco, se incluyó la estadística acompañada por imágenes cariñosas de padres y madres de familia que despedían a niños y niñas a la puerta de la escuela.
Para dar seriedad al momento, se insertaba el fragmento de la “voz de la autoridad” quien con una seguridad en el lenguaje describía diversas fases -todas ellas aplicables en un futuro incierto-, en las que remataba con claridad: Contamos con los protocolos – palabra usada últimamente para comprobar un actuar que en realidad no se ha llevado a cabo ni evaluado- pero no la fecha del regreso.
En el espacio televisivo, una dinámica conductora abría una consulta al público con la pregunta cerrada: ¿Está usted de acuerdo con el posible regreso a clases?, en el que insistía en argumentaciones como: “tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad”, seguidas de una discusión entre dos representantes, uno de las escuelas privadas y otro de los “padres” de familia, los que con titubeos intentaban colocar sobre la mesa de discusión muchos argumentos y preocupaciones, donde se incluían sus propios números, el segmento al final concluía con la afirmación de que “atenderían lo que la autoridad dispusiera”.
Sin duda los ausentes en las discusiones son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los cuales se han visto sustituidos por consultas que recopilan los naturales intereses de los grupos de personas adultas, entre los que se incluye el miedo, pero no su punto de vista sobre las afectaciones que viven por la pandemia.
De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, existe la obligación de ser reconocidos como titulares de derechos; es decir, “personas totales, seres humanos completos y con dignidad”, con facultades y potencialidades para desarrollar. Las actuales discusiones, mesas de trabajo o salas de situación, e incluso el papel que juegan los medios de comunicación, también deben dirigirse a reconocerlos al mismo nivel que la serie de las personas adultas que dominan la opinión pública.
Los niños, niñas y adolescentes, cuentan con el derecho a ser escuchados, lo cual implica que sus opiniones sean tomadas en cuenta en las situaciones que les afecten, en este caso de forma colectiva en su condición de alumnos y alumnas para ajustar los diagnósticos, priorizar las decisiones y modificar las prácticas institucionales. Se reconoce la importancia de la ciencia, pero también la del cumplimiento de este derecho, el cual tiene que ser efectivo, lo cual hasta el momento no ha ocurrido con los Consejos de Participación en el ámbito escolar.
Es indispensable recordar la existencia del principio del interés superior de la niñez, tanto para las normas como para la construcción de las políticas, lo cual no significa excluir los derechos de las demás personas, sino priorizar las acciones.
Derivado de lo anterior, es que existe una obligación de protección que incluye prevenir la consumación de violaciones a sus derechos humanos, si se continúa en la actual ruta, se construirán decisiones discriminatorias y excluyentes de sus propios destinatarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 4/20 “Sobre los Derechos Humanos de las Personas con COVID-19”, deja en claro el riesgo para todas las persones en el aseguramiento de sus derechos, sobre todo el relacionado con la vida y salud.
Recomienda acciones específicas como la verificación de las instalaciones, bienes y servicios, en este caso educativos, usar el máximo uso de los recursos disponibles, cuidar de las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad con un enfoque diferenciado, así como prevenir los deterioros de la salud, lo cual implica evitar nuevos y mayores riesgos en los sistemas de la misma.
Ante el discurso de la “nueva normalidad”, se convierte en un deber ineludible el aseguramiento de las pruebas de diagnóstico, fortalecer el rastreo de contactos y la accesibilidad a los servicios de atención.
Debe evaluarse el papel de la escuela en los entornos más vulnerables, por ser proveedora de higiene, salud y alimentos y no sólo como espacio de transmisión de conocimientos que es lo que se ha priorizado.
Por último, recordar que las medidas restrictivas deben atender circunstancias específicas y recomendaciones de las autoridades de salud basadas en la ciencia –no en la temperatura pre electoral– , teniendo como sentido proteger la vida, salud o integridad y que sean menos lesivas, sin estos supuestos, las decisiones involucrarían riesgos indebidos.
Al final del programa televisivo, la votación sobre el regreso a clases mostró un resultado plagado de adultez, pero no de los intereses y necesidades de niños, niñas y adolescentes.
*Consultar el micrositio de la CIDH sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
