A 3 años de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el investigador Mario Hernández, en conjunto con Ruth Dávila, del proyecto Charlas de Café (el cual busca acercar conocimiento a la sociedad), articularon un diálogo en torno al deber que tiene el Estado mexicano para priorizar la protección de los derechos humanos de los grupos de la población más vulnerables y generar acciones más eficientes e incluyentes frente a los sismos y sus repercusiones, a través del diseño de políticas públicas para la reconstrucción, prevención y protección civil.
Mario Hernández, realizó una investigación sobre los grupos de la población que sufrieron un mayor impacto en sus vidas y la forma en la que fueron vulnerados sus derechos humanos a causa de los sismos de 2017. Estos grupos de la población son las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas migrantes y personas desplazadas internamente.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
Ilustración de portada Enrique Díaz
El territorio mexicano se caracteriza por su alto grado de sismicidad, lo cual constituye por sí mismo un riesgo para la población en su conjunto, y, aunado a ello, las zonas con mayor grado de peligrosidad son habitadas por grupos de la población cuyos derechos humanos han sido históricamente violados.
Los sismos de septiembre de 2017 en México, dejaron evidencia de la falta de seguridad y de inclusión para garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas desplazadas internamente y personas migrantes.
Mario Alfredo Hernández, doctor en humanidades y especialista en filosofía moral y política, en su artículo Aprender de los desastres naturales y prevenir catástrofes sociales. El derecho a la no discriminación, los sismos y la identificación cualitativa y cuantitativa de las poblaciones en riesgo, explica cómo “los terremotos constituyen coyunturas que sacan a la luz desigualdades” y su nula capacidad para atenderlas desde una perspectiva social.
Como parte de las responsabilidades del Estado se encuentra el estudio de los riesgos naturales, “con el objetivo de comprender los contextos poblacional, económico y cultural que generan afectaciones diferenciadas para las personas”, menciona Mario Hernández.
El 7 de septiembre de 2017 esta zona del país experimentó un sismo de 8.2 grados, cuyo epicentro se ubicó en el Golfo de Tehuantepec, tan sólo a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas; dos semanas después, éste generó 4 mil 362 réplicas moderadas. Este sismo provocó la muerte de 96 personas, mayormente en Juchitán, Oaxaca; causó afectaciones a 935 escuelas y 40 mil 000 viviendas de la región, lo que se tradujo en daños al patrimonio de 800 mil 000 personas.
El 19 de septiembre de 2017, se registró un sismo de 7.1 grados, cuyo epicentro fue en los límites entre Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Este sismo causó la muerte de 396 personas, principalmente en la capital del país, el cual, a su vez, aumentó la cifra de viviendas afectas a 180 mil 000 y 16 mil 000 escuelas dañadas (junto con el terremoto del 7 de septiembre).
Efectos de los sismos para quienes viven en zonas urbanas
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hasta 2017, 62.8% de la población capitalina vivía en zonas urbanas, 81.1% residía en el lugar donde nació y 71% pertenece a la clase económica baja y media baja. Considerando estos datos y sumando el factor de alta sismicidad que experimenta esta zona del país, una gran parte de la población sufre un alto riesgo de vivir afectaciones mayores ante un sismo, particularmente, por la gran cantidad de habitantes concentrados en zonas urbanas, la baja tendencia a cambiar de residencia y la infraestructura urbana con irregularidades.
“Los desastres naturales también se convierten en catástrofes sociales por la ausencia de una perspectiva de género”
Hernández asegura que “los desastres naturales también se convierten en catástrofes sociales por la ausencia de una perspectiva de género e intersecciones para reflexionar sobre la seguridad de los espacios que habitamos cotidianamente”. Según datos del Conapred, 60% de las personas que fallecieron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México fueron mujeres.
Esta cifra, de acuerdo con el artículo de Mario Hernández, se puede relacionar con el hecho de que un número considerable de mujeres se dedica al trabajo del hogar remunerado o no remunerado, quienes no contaban (y muchas aun no cuentan) con seguridad social. En el caso de las trabajadoras del hogar que perciben un sueldo por su labor, no tienen un historial médico particular, lo que dificulta su identificación en los servicios médicos y forenses.
Por otro lado, se encuentran las trabadoras de empresas manufactureras y maquilas, quienes realizan turnos exhaustivos, laboran sin medidas de resguardo, están rodeadas de máquinas pesadas y también “carecen, en muchos casos, de seguridad social y documentos de identificación adecuados”, subraya Hernández.
La vulnerabilidad de los derechos de la niñez en medio de desastres naturales
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), menciona que, hasta 2018, 63.6% de la niñez afectada en los municipios de Juchitán en Oaxaca y Jojutla en Morelos —ambos con altos niveles de pobreza y daños estructurales a casas habitación, centros laborales, espacios sociales y edificios públicos— declaró haberse visto obligado u obligada a abandonar su hogar en los siguientes 50 días al sismo; 30.2% tuvo que acudir con otro familiar en condiciones de menor riesgo, y 27% lo hizo por razones de violencia. Además, en Oaxaca a muchas niñas y niños se les separó de sus madres y padres al llegar a los albergues temporales.
En cuanto a la capital del país, 40% de las niñas y niños, afectadas y afectados por el temblor, tuvo que abandonar temporalmente la escuela en los dos meses siguientes al sismo.
“Por otro lado, se encuentra la falta de sensibilidad para comunicar a las niñas y los niños lo que sucede de tal forma que no les perturbe, o, en muchas otras ocasiones, ni siquiera se les toma en cuanta, cuando en realidad ellas y ellos merecen y necesitan saber qué sucederá en su entorno más inmediato”, explicó Mario Hernández durante la charla sobre Temblores y discriminación.
Imagen Conapred
En medio del olvido: ser adulto mayor en medio de un sismo
Un informe posterior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que las y los adultos mayores son susceptibles a padecer más estrés que el resto de la población, esto porque temen perder sus viviendas y, porque frecuentemente, las instancias públicas o privadas no las y los consideran la “mejor opción” para la compra de inmueble, ya sea por su edad o por la falta de solvencia económica, esto representa otra violación histórica a los derechos de este grupo de la población.
En el 75% de las viviendas afectadas total o parcialmente en la Ciudad de México, vivían personas de la tercera edad, y al tener que abandonar sus hogares, muchas de ellas tuvieron que interrumpir sus tratamientos médicos o de rehabilitación; lo que a su vez se vio reflejado en el deterioro de su salud y, en algunos casos, decesos por enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Aparte, para las personas de la tercera edad llevar a cabo labores de evacuación en medio de un sismo muy difícil.
Falta de perspectiva intercultural sobre información ante desastres naturales
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), destacó algunas de las discriminaciones que se acentuaron para la población indígena en el centro y en el sur de México, ante los sismos de 2017.
Entre los estados que concentran una mayor cantidad de población indígena están Chiapas, Oaxaca y Puebla, mismos que sufrieron los mayores daños en infraestructura, comunicación y vidas humanas, lo que se vio reflejado a su vez, en una crisis mayor a la violación de los derechos humanos de este grupo poblacional.
El 71.9% del total de esta población vive en situación de pobreza. Los dos estados que cuentan con un mayor número personas indígenas son los mismos que tienen un porcentaje de pobreza superior al promedio nacional: Oaxaca (70.4%) y Chiapas (77.1%).
En las zonas urbanas de Puebla y la Ciudad de México, las personas indígenas viven cotidianamente con una mayor probabilidad de sufrir más daños ante un temblor, esto porque “ellas y ellos habitan en asentamientos irregulares, en edificios abandonados o en situación de calle, además de que corren el riesgo de ser discriminadas o discriminados en los albergues temporales habilitados para la población en general”, afirma Mario Hernández.
Por otro lado, la mayoría de los protocolos de seguridad y las medidas de protección civil, no son traducidas a cada lengua existente en el país. Aunado a ello, existe otro factor que genera desigualdad: la brecha digital.
“En muchas comunidades hay, a lo mucho, un sólo aparato digital, el cual se turna para cada miembro de la comunidad, y eso si hay internet. Además, muchas de las medidas de seguridad son difundidas mediante redes sociales; pensemos en las radios comunitarias, tengamos una perspectiva interseccional, que permita adaptar un mismo problema al contexto y la posibilidades de cada persona o grupo” comentó Hernández en la charla.
Nula inclusión y falta de accesibilidad para las personas con discapacidad ante un sismo
El proporcionar información sobre las medidas de protección civil ante un desastre natural, no es suficiente, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), de 2017, una de cada cinco personas con discapacidad de entre 15 y 29 años de edad no sabe leer ni escribir; tan sólo el 25% trabaja con contrato formal; el 27% cuenta con algún servicio médico derivado de su empleo; y al 35% de las personas de 12 años de edad o más se les negó información sobre algún servicio público en el año siguiente al sismo.
“En el momento posterior al sismo, se adaptaron albergues temporales improvisados, de forma rápido, pues así lo ameritaba la emergencia, pero ninguno se montó pensando en las necesidades de este sector de la población; por ejemplo, se colocaron algunos de esos ‘baños cabina’, los cuales son muy pequeños y, obviamente, una silla de ruedas nunca podría caber ahí”, señaló Hernández.
Por otro lado, entre las consecuencias de los sismos, está el daño a la infraestructura pública, lo que dificulta el tránsito y los desplazamientos seguros para este sector de la población.
Frente a los desastres naturales: la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes y las y los desplazados internos.
Hasta 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), advirtió que en América Latina un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse debido a desastres naturales, cifra que pudo haber aumentado significativamente debido a los sismos de 2017 en México.
Aunado a lo anterior, en repetidas ocasiones “los Estados desconocen el derecho de las personas migrantes a la seguridad humana, el acceso a la protección civil, a la vivienda, a la alimentación y al agua, al carecer de documentos de identidad que les acrediten como interlocutores legítimos con la autoridad”, señala Mario Hernández en su artículo.
Por su parte, las personas desplazadas internamente –como consecuencia de los altos índices de violencia registrados en México- se ven obligadas a habitar en zonas donde son más susceptibles a sufrir afectaciones por temblores. Además, tanto este sector de la población como las y los migrantes, no cuentan con identificación y, mucho menos, con un número de seguro social, “puesto que, en nuestro sistema de leyes, el derecho a la salud está condicionado por el derecho al empleo, pero si no cuentan con identificación ni documentos cómo van a poder laborar”, se cuestionó Hernández durante la conversación con Ruth Dávila.
Lo “positivo” de los sismos de 2017: una oportunidad para generar un México más incluyente
El debate, sobre cómo las acciones del Estado han sido insuficientes e ineficientes, permite visibilizar las diversas implicaciones que tiene un mismo desastre natural para cada sector de la que población, particularmente para quienes han sido históricamente vulnerados. Mario Hernández plantea, que el siguiente paso es “traducir dicha visibilidad en estrategias legislativas y de política pública para que la perspectiva de no discriminación sea transversal al conjunto de la acción pública frente a los sismos”.
“La ‘reconstrucción’ que se ha intentado hacer no se elaboró con una perspectiva de inclusión. Se necesitan construir viviendas inclusivas, amplias, para las personas con alguna discapacidad motriz” afirma.
También, se debe optar por generar un protocolo especial, adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad; para este último punto, en la charla se hizo referencia a las alertas sísmicas con aroma en Japón, las cuales están pensadas para las personas con discapacidad auditiva.
En el caso de la inclusión para personas migrantes, se deben “traducir” los espacios, pues están en un lugar completamente desconocido para ellas y ellos.
Por su parte, se deben pensar en alertas sísmicas con una perspectiva intercultural, pues las mediciones con las que se evalúa la magnitud de un sismo no son comprensibles para todas las personas, aseguró el investigador:
“En algunas comunidades indígenas ellas y ellos miden los temblores de acuerdo a cuánto se asustaron los animales, y es precisamente que, casos como este, se deben tener en cuenta para informar a este sector de la población”.
Finalmente, respecto a la responsabilidad social, cada una y cado uno, debe tener nociones mínimas de cómo actuar ante un desastre natural si es que se coincide con alguna persona mayor, o con una persona con algún tipo de discapacidad, o con una persona que hable una lengua indígena, todo esto desde una perspectiva interseccional, concluyó Hernández:
“Se necesita más que sólo el macro simulacro: se requiere contar con una mayor y mejor educación de protección civil. Ahora, debemos asegurarnos que estos aprendizajes se vuelvan permanentes”.
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La información estadística utilizada en esta nota fue recuperada del artículo: Aprender de los desastres naturales y prevenir catástrofes sociales. El derecho a la no discriminación, los sismos y la identificación cualitativa y cuantitativa de las poblaciones en riesgo del académico Mario Hernández.
