La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
En estos días se cumplen dos años de uno de los hallazgos más terribles y macabros de la historia reciente de Jalisco: a mediados de septiembre de 2018 se dio a conocer que una caja de tráiler con 157 cuerpos había circulado por el área metropolitana de Guadalajara.
El llamado “Tráiler de la Muerte” paseó por Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco, en una trama que exhibió la falta de coordinación entre el Gobierno de Jalisco, la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Conforme fueron pasando los días, la cosa no hizo sino empeorar: se supo que no eran 157, sino 273 los cuerpos sin identificar que estaban almacenados en la caja de tráiler; que no era una, sino dos, porque las cámaras de refrigeración del IJCF estaban rebasadas; se destituyó al entonces titular de la dependencia, Luis Octavio Cotero, lo que desencadenó una oleada de acusaciones entre el funcionario y la Fiscalía de Jalisco sobre quién había autorizado, o no, el traslado de la caja de tráiler; se supo que el Servicio Médico Forense estaba rebasado por la ola de violencia que se vive desde hace ya demasiados años en el estado; nos enteramos que no se cumplen los protocolos para el registro de los cuerpos no identificados. En esos días nos enteramos, pues, de que ante la crisis de seguridad, éramos gobernados por unas autoridades descoordinadas y con rencillas.
Independientemente de lo macabro que es pensar en un tráiler lleno de cadáveres recorriendo la ciudad, el “Tráiler de la Muerte” vino a reiterar y hacer del conocimiento público el desinterés y la falta de sensibilidad que tienen las autoridades para con las familias que buscan a sus familiares desaparecidos. Y es que uno esperaría que en uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas existiera ya un mecanismo más afinado para el registro y el cruce de información, así como el desarrollo de herramientas que permitan la identificación de los cuerpos que saturan la morgue.
Pienso, por ejemplo, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Argentina, cuyo manejo de datos ha permitido que más de cien personas hayan regresado a sus familias, luego de haber sido sustraídas a sus padres durante la dictadura de aquel país. Aunque acá ya se ha venido trabajando en la conformación de la Base de Datos Genéticos Forense (BDGF), el esquema está lejos de operar de manera eficiente y cojea de un punto muy sensible: la administración. Mientras en Argentina el BNDG es un organismo autónomo y autárquico, en México la recolección, custodia y uso de los datos está en manos de la Fiscalía.
¿Es posible confiar en esta base de datos y su uso cuando sobran los casos en los que las autoridades están coludidas en las desapariciones? La muestra la tuvimos los pasados 4, 5 y 6 de junio, cuando elementos de la Fiscalía de Jalisco cometieron desaparición forzada de jóvenes a quienes privaron de la libertad por horas y a quienes luego fueron a acosar directamente a sus casas. Ah, y luego tuvieron el descaro de sentarse con algunos de ellos para satisfacer el delirio esquizofrénico de Alfaro, quien se lavó las manos de todos los hechos.
Aunque ya pasaron dos años de los sucesos relacionados con el Tráiler de la Muerte y ya hasta cambió el color del gobierno estatal, las cosas han cambiado poco para las familias de las y los desaparecidos en el estado. Hasta el momento, el gobierno encabezado por Enrique Alfaro ha mantenido la misma actitud para con las familias de las víctimas: desinterés e insensibilidad, dos rasgos de su gobierno que permean a más áreas de la sociedad. Para muestra, los reclamos de las colectivas que se manifestaron el pasado 16 de septiembre en el paseo Alcalde para exigir un alto a la violencia de género, a los feminicidios y a las desapariciones, reclamos que han sido desatendidos por esta administración y la anterior y todas, en todos los órdenes de gobierno.
En estos días vimos a las autoridades más preocupadas por gritar ¡Viva México! delante de cámaras de televisión y para las redes sociales, mientras las plazas lucían vacías por la contingencia sanitara. Ávidos de cámaras, los gobernantes se mantienen empeñados en reforzar rituales que cada vez dicen menos a una sociedad cada vez más desgastada y dolida, que se encuentra a años luz de los anhelos populistas de políticos que ya están pensando en la próxima elección. ¿No me cree? Pregúnteles a Enrique Alfaro y a Clemente Castañeda, que hace unos días andaban en Monterrey dándole su palmadita al pelmazo de Samuel García.
Pero la sociedad no se ha quedado de brazos cruzados: cada vez más hay más grupos organizados que, siguiendo el ejemplo de las familias de las víctimas, han aprendido a gestionar sus recursos y a ejercer presión social. Ahí está la esperanza.
