De manera paralela a las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar el grado de responsabilidad del funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso “N”, imputado por los delitos de agresión sexual infantil y corrupción de menores agravado, la representación legal que encabeza el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, a través de la abogada feminista, Sandra Quiñones, anunció que se abrió una carpeta de investigación y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por abuso de autoridad, en contra de la Fiscalía Regional y la Policía Municipal de la mencionada ciudad.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Si bien, fueron policías municipales de Puerto Vallarta, Jalisco quienes encontraron en flagrancia a Luis Alonso “N” dentro de su vehículo agrediendo sexualmente a una niña de 10 años, la abogada Sandra Quiñones del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta advirtió que pudo detectarse “una mala actuación en detrimento de los derechos de la niña y su familia” previo al proceso de denuncia; tanto de parte de las autoridades municipales, como estatales a través de la Fiscalía Regional:
“Se abrió una carpeta por abuso de autoridad en contra de funcionarios tanto de la policía municipal de Puerto Vallarta como de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta por algunos hechos que detectamos ahí que hubo una mala actuación en detrimento de los derechos de la niña y su familia. También, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el mismo sentido “por la actuación que tuvieron elementos de la policía municipal de Puerto Vallarta como de la Fiscalía el día de los hechos en contra de la familia de la menor”, precisó.
Con esta acción, se pretende dejar un precedente y, con ello, evitar que se sigan violentando los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el municipio de Puerto Vallarta, señaló la abogada:
“Estamos llevando a cabo estas dos acciones paralelas porque buscamos que se deje un precedente, sobre todo del primer respondiente y de la fiscalía para casos subsecuentes. No queremos que ninguna niña ni su familia vivan toda esta serie de acciones tendientes a inhibir, a coaccionar, a seguir violentando los derechos de ellas en la consecución de acciones de justicia”.
En ese sentido, explicó que, dentro del municipio se ha identificado un patrón de conducta que busca disuadir y coaccionar a las víctimas de violación y abuso sexual para que no denuncien, particularmente, de parte de los primeros respondientes, en este caso, de la Policía Municipal:
“Esto sí nos preocupa porque estamos viendo este patrón constante sobre todo de la policía municipal de inhibir que se presenten denuncias, de las coacciones que se hacen a las familias de las víctimas para que no se preste la atención como primeros respondientes. El aparato que utilizan para tratar de meterles miedo, de generarles incertidumbre para que no hagan la denuncia o no continúen con el proceso de la denuncia”.
Habrá que advertir, que en medio de la exigencia de impartición de justicia con perspectiva de género y congruente con los principios del interés superior de la niñez, la abogada junto con las colectivas, ya habrían denunciado que éste no es un caso aislado de abuso sexual infantil, ya que, en lo que va del año se han interpuesto 67 denuncias por el mismo delito en Puerto Vallarta, 15% más que el año anterior, donde se registraron 58.
Por ello, han manifestado la gravedad y el impacto que tienen estos actos; por un lado, se inhibe el acceso a la justicia y la sanción a los responsables; y por el otro, se invisibiliza los delitos que atentan contra la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas:
“Y esto nos parece grave porque sabemos el número de agresiones sexuales que se dan en Puerto Vallarta y que la autoridad, en este caso el primer respondiente que es la autoridad municipal, siga teniendo estas conductas de inhibir las denuncias no nos permiten conocer por un lado la dimensión de estos delitos en Vallarta; y por otro lado no le permite a las víctimas y a las familias que tengan acceso a la justicia”.
Finalmente, informo que por ahora tanto la niña como su familia se encuentran mucho más tranquilas al saber que el imputado no podrá llevar el proceso en libertad y que permanecerá en prisión preventiva durante los seis meses que marca ley; esto luego de que un juez decidiera por fin vincularle por el delito de corrupción de menores agravado.
Asimismo, informó que ya están recibiendo atención psicológica y se están buscando otras alternativas de sanación que permitan tanto a la menor como a sus familiares cercanos recuperarse de manera integral, armónica y transversal. También, reconoció que, gracias a la solidaridad y empatía de la sociedad de Puerto Vallarta, se logró conseguir la donación de una computadora para la niña, quien ahora podrá continuar con sus actividades escolares desde su casa, sin la necesidad de salir a un cibercafé como antes lo hacía.
