El pasado 31 de agosto se reunieron las autoridades de la Secretaría de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado con las y los voceros de ocho colectivos de víctimas del estado de Guanajuato y con familiares sin colectivo, además de acompañantes, defensores de derechos humanos y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz) y el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Aunque estaba prevista la participación del Fiscal General, Carlos Zamarripa, éste no se presentó y, en su representación, estuvieron Zucé Hernández Martínez, Fiscal Especializada en materias de Derechos Humanos, y Yolanda Ramírez Domínguez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y de Desaparición por Particulares.
Por Fabrizio Lorusso /@FabrizioLorusso
Ausencias, cifras al alza y camino recorrido
La ausencia del Fiscal General causó decepción entre los colectivos y transmitió un mensaje de falta de voluntad política y compromiso de cambio que ojalá pueda ser desmentido en el futuro. Por el momento, la sensación es que puede poner en entredicho el proceso de las mesas de trabajo, por el cual se necesita una gran empatía y, sobre todo, un compromiso claro y decidido para romper los dispositivos y mecanismos que reproducen y encubren las desapariciones.
En enero ya había habido tres reuniones en que participaron respectivamente el secretario de gobierno, el gobernador y el fiscal general, junto con autoridades del orden federal y colectivos de familiares de personas desaparecidas, pero en esta ocasión por primera vez fueron escuchados ocho grupos, es decir todos los que se han constituido este año y los preexistentes, y las familias sin colectivo.
Del movimiento de víctimas de desaparición participaron el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, integrado por los colectivos Mariposas Destellando, Buscadoras Guanajuato, Justicia y Esperanza y Cazadores, así como los colectivos A Tu Encuentro, Sembrando Comunidad, De Pie Hasta Encontrarte y Una Luz en Mi Camino. De la mano del aumento exponencial del número de casos de desaparición de personas en Guanajuato, los cuales han pasado de 621 en 2018 a 2,178 en julio de 2020 y 2,435 en agosto, también han crecido las organizaciones de familiares en su búsqueda.
Pese a que como nunca en este 2020 ha habido encuentros y juntas de instancias gubernamentales y de procuración de justicia con colectivos guanajuatenses sobre temas específicos, en repetidas ocasiones varios grupos han pedido la apertura de verdaderas mesas de trabajo y seguimiento por lo menos en los rubros de la atención a víctimas y los apoyos; de la búsqueda y la investigación ministerial; y de la identificación.
Por ejemplo, ya en febrero, un mes después de las primeras reuniones en que se prometió instalar este mecanismo de trabajo en conjunto, fue enviado un documento por colectivos sobre propuestas de metodología para mesas de trabajo, el cual fue básicamente ignorado y no obtuvo respuesta. Asimismo, el documento completo de esa metodología, enviado al gobierno en dos ocasiones y versiones, en febrero y luego en agosto, no fue respondido o considerado como base para el seguimiento de los trabajos en el año.
Sí hubo reuniones, pero sin una metodología y agenda fijas y predefinidas, participativas y compartidas para con los colectivos y organizaciones, que era lo que pedían. El 4 de agosto, como lo habían hecho otros grupos, el Frente para la Búsqueda envió una carta pública a la Secretaría de Gobierno, solicitando una reunión que incluyera todos los colectivos, y nuevamente la organización de mesas de trabajo según una agenda y modos de funcionamiento claros.
Un desenlace de todo lo anterior ha sido la convocación de la reunión del 31 de agosto y la suscripción, al final, de un calendario de trabajo y una serie de acuerdos entre instituciones y colectivos, mismo que ha sido refrendado con un oficio/invitación de la Comisión de Búsqueda. Las propuestas fueron planteadas unilateralmente y expuestas en la reunión por las autoridades, luego aceptadas por las y los presente.
Acuerdos de la reunión con autoridades del 31 de agosto
Un avance de la reunión fue la aprobación de un calendario claro para las próximas semanas para sesiones, reuniones y mesas de trabajo sobre:
- Reglamento de la Ley de Búsqueda estatal: se reciben sugerencias del 1 al 20 de septiembre y habrá una sesión de discusión específica el día 25
- Programa Estatal de Búsqueda e Investigación, recolección de comentarios a través de un correo y vínculo en Internet para bajar el Programa
- Mesas de búsqueda e investigación del 10, 11 y 14, 15 de septiembre
- Mesa de seguimiento de apoyos, 14-18 de septiembre (reunión informativa) y luego sesiones una vez al mes hasta diciembre, con inscripción de quien quiera participar, máximo 40 personas por día o 20 para cada horario
- Mesa de identificación con FGE, 21 de septiembre, inscripción de quien quiera participar
Una propuesta sostenida por la mayoría de los colectivos sobre la agenda, la metodología básica y el calendario de las mesas de trabajo, enviada por escrito días antes de la reunión por trámite del colectivo Buscadoras Guanajuato, no fue comentada, incorporada o suscrita como tal. Aunque ésta, como las precedentes mencionadas, tiene puntos en común con el acuerdo final planteado por el gobierno, vale la pena rescatar algunos elementos que, en mi opinión, todavía deben ser tenidos en cuenta y monitoreados para el buen funcionamiento de las mesas al final del tortuoso camino arriba descrito:
- particularmente importante es la presencia en las mesas de servidores públicos tomadores de decisiones del gobierno estatal, de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas y de fiscalía, así como de las y los representantes de colectivos y familiares de personas desaparecidas, pero también de acompañantes, expertos, autoridades u organizaciones que, en su caso, puedan ser requeridas a solicitud de los colectivos y familias o de las instituciones;
- las mesas de trabajo deberán tener un orden del día preestablecido; insumos e información para la sesión y la toma de decisiones, previsión de recursos y facilidades de traslado y otros gastos; una minuta final de acuerdos; y el establecimiento de la fecha siguiente para dar seguimiento a compromisos y avances.
Mesas de trabajo: retos y propuestas de mejora
La pregunta que guía este análisis preliminar, basado en la información pública que se tiene a la fecha y lo que el autor pudo escuchar en la reunión del día 31 es la siguiente: entre las actividades propuestas por el gobierno e independientemente de su denominación, ¿cuáles constituyen realmente “mesas de trabajo”, como se plantearon a lo largo del 2020, con posibilidad de incidencia, continuidad y decisión substancial de las familias y colectivos?
Las primeras dos (puntos 1 y 2) son sesiones que se van a agotar con la discusión de propuestas o aportes sobre los documentos mencionados con la comisión de búsqueda, así que no las consideraría “mesas de trabajo” propiamente. Son, desde luego, espacios muy valiosos y hasta innovativos para fomentar una discusión sobre el Reglamento y el Programa de búsqueda, pero entonces el auspicio es que se dé seguimiento y escucha real a las propuestas que lleguen de las familias en su redacción, tratando de no repetir el accidentado camino que tuvo la participación social en el proceso de Ley de Búsqueda el semestre pasado. Además, faltaría prever explícitamente la posibilidad de inscripción y participación de integrantes de la sociedad civil propuestos por los colectivos.
En el punto 3 se prevé la realización de “mesas de búsqueda e investigación”, cuya metodología y alcances tienen, al menos en el papel, varias de las características deseables para este tipo de proceso, al contar con minutas y acuerdos públicos al final de las sesiones, uso de insumos e información procesada o compartida previamente, participación de víctimas, colectivos, organizaciones, expertos y acompañantes, bajo la conducción del comisionado de búsqueda. Sin embargo, no estaría de más explicitar que el orden del día de cada reunión pueda integrarse por parte de todos los participantes y que los recursos necesarios para todas las reuniones serán proporcionados por el gobierno. Destaco esto porque, en otras ocasiones, no ha pasado, y la agenda y los tiempos han sido determinados en su gran mayoría por las autoridades.
Asimismo, a partir de las experiencias de otros estados, además de reuniones con diferentes colectivos, podría preverse la participación en una única mesa de trabajo con un número máximo, ágil, de representantes para cada colectivo y grupo de familias. No queda muy claro, entonces, cuántas personas en cada mesa de trabajo podrán participar, ante el riesgo de que se tornen disfuncionales o sobrecargadas.
En general, los colectivos de cada estado participan en las mesas, juntos y a través de vocerías, y su separación en distintas fechas y horarios podría darse en ciertos casos, dependiendo de la temática de las sesiones, pero no en todos los casos. Esto es para evitar el peligro de diluir los contenidos, recibir tratos desiguales y de dificultar la toma de decisiones, especialmente cuando se trate de lograr la incidencia sobre malas prácticas generalizadas, lineamientos válidos para todas las víctimas o pautas compartidas para las relaciones con las autoridades. Diferentes son, en cambio, las mesas de seguimiento de casos particulares o grupales que se pueden analizar por separado o por bloques, y no implican impactos sobre políticas públicas o criterios universales.
Un ejemplo de esto lo representa la “mesa” del punto 4, que en origen era de “atención a víctimas” y discusión de los lineamientos respectivos, y quedó, en cambio, como seguimiento de apoyos, que es en efecto otra cosa, no una mesa de trabajo. El gobierno prevé recibir hasta 40 personas en los días establecidos para facilitar y corroborar de alguna forma el trámite de los apoyos, pero no abre ningún espacio real para la discusión con las familias y personas expertas de los criterios que guían y guiarán la entrega de las ayudas a las víctimas.
Cabe destacar que éstas son un derecho, cuyo cumplimiento depende, por ley, de la Secretaría de Gobierno y, cuando se haya integrado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Como en Guanajuato la Ley de Víctimas se aprobó con 7 años de retraso, apenas en mayo de 2020, además, hay una enorme deuda histórica acumulada con las víctimas, lo cual debe de considerarse por parte de la futura Comisión y del gobierno para recuperar el tiempo perdido y los mayores problemas ocasionados. Sería, al respecto, un acto debido abrir inmediatamente una mesa de trabajo real, concreta, que redefina los lineamientos de estos apoyos para evitar la revictimización y los inconvenientes que muchas familias han denunciados en el último año, además de ayudarles a tener lo más pronto posible los documentos necesarios para ser reconocidas como víctimas y acceder digna y fácilmente, tanto ahora como en el futuro, a sus derechos legítimos.
La mesa del punto n. 5, sobre identificación fue a petición expresa de los colectivos durante la reunión, visto el gran número de casos y las ineficiencias de los Semefos en la entidad, pues van aumentando preocupantemente la crisis forense por las desapariciones y los asesinatos, así como las denuncias de los colectivos sobre abusos e incumplimientos, entregas indignas, incluso con meses de retraso, y fallas en el manejo y recolección del ADN y en la identificación de familiares desaparecidos.
Esta mesa debería de fortalecerse, así como la de búsqueda e investigación y la de atención a víctimas, para evitar simulaciones y prever momentos diferenciados: el seguimiento de casos y grupos para avanzar más rápida y eficazmente en la búsqueda y los demás temas de las sesiones; pero también momentos ad hoc para la participación directa y efectiva de las familias en la formulación de criterios, lineamientos y acciones que ayuden a cambiar malas prácticas y, finalmente, la cultura y operación institucional en estos asuntos de primaria importancia.
