A un mes y medio de los hechos que atentaron contra la tranquilidad y la vida de una niña de 10 años en Puerto Vallarta, Jalisco, luego de que Luis Alonso ‘N’, Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de aquel municipio, la agrediera sexualmente dentro de su vehículo, la representante legal del caso, Sandra Quiñones, compartió en entrevista con ZonaDocs que las investigaciones continúan para determinar el grado de su responsabilidad en los hechos, así como en otros delitos y otras víctimas.
Y es que, si bien, el sujeto fue vinculado a proceso el pasado 1 de agosto por el delito de abuso sexual infantil y, posteriormente, el 21 de agosto por el delito de corrupción de menores agravado, el caso permanece en la etapa de la investigación complementaria, donde de manera particular se está indagando sobre el modus operandi que el ahora exfuncionario utilizó para “seleccionar a su víctima” y advertir que no se trató de “alguien al azar”.
Asimismo, la abogada argumentó que no descartan la posibilidad de que esta práctica la utilizara con otras menores, incluso, señaló que, las pruebas que se están analizando, podrían “de manera tangencial vincularlo al tema de trata, prostitución, pornografía o cualquier otro delito”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografías: Colectivos de mujeres Puerto Vallarta
YJJH son las iniciales de la niña de 10 años que el pasado 26 de julio fue víctima de Luis Alonso “N”, funcionario en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Según se dio a conocer por medios de comunicación locales, así como, por las colectivas y organizaciones de mujeres en el estado, el hombre fue encontrado en flagrancia por elementos de la policía municipal mientras agredía sexualmente a la menor de edad dentro de su vehículo particular.
Como también lo denunciaron cientos de mujeres organizadas en el estado, el proceso judicial estuvo plagado de omisiones y negligencias para integrar la carpeta de investigación y, por supuesto, rodeado por funcionarios públicos y un juez que carecían de perspectiva de género y de conocimientos básicos sobre el Interés Superior de la Niñez, que permitieran determinar la responsabilidad del ahora exservidor público en los hechos que atentaron contra la vida, la seguridad, la integridad y la tranquilidad de una niña.
Por un lado, si bien el 1 de agosto de agosto Luis Alonso “N” fue vinculado a proceso por el delito de agresión sexual infantil, dadas las omisiones y graves faltas en las que incurrió la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta al “no perseguir más de dos agravantes” y al no acreditar también el delito de corrupción de menores, la decisión del juez Jorge Luis Solís Arana, fue rechazar la vinculación a proceso.
De esta manera, el viernes 14 de agosto en la segunda audiencia de vinculación sobre el caso, manifestó que no podía acreditarse el delito de corrupción de menores, pero, además, no dudo en advertir que esto era así porque la niña de 10 años “no había sentido placer”, denunciaron las colectivas.
Luego del señalamiento público que realizaron las organizaciones de mujeres, así como por el acompañamiento legal que llevó a cabo la representante legal de YJJH y su familia, la Fiscalía del Estado de Jalisco apeló la decisión del juez sobre no vincular a proceso al exfuncionario de Puerto Vallarta por dicho delito y, finalmente, el 21 de agosto se logró la vinculación a proceso por corrupción de menores agravado.
Sin embargo, ha pasado un mes y medio de los hechos y el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, según advirtió en entrevista Sandra Quiñones, abogada feminista y representante legal de la niña y su familia. Ahora mismo, señaló, se está indagando sobre más datos de prueba que se consideran necesarios para presentarlos dentro del juicio y determinar el grado de responsabilidad del exfuncionario.
En ese sentido, explicó que la computadora y los equipos electrónicos de la oficina donde laboraba el imputado, fueron recuperados y enviados a la Fiscalía del Estado para que se les realizara los peritajes pertinentes y así, recabar más datos de prueba que robustezcan el caso. Al mismo tiempo, advirtió que desde la representación legal fue nombrado un perito cibernético independiente para que éste tenga acceso también a los equipos y se tenga otra opinión además de la oficial.
Lo que se busca, señaló Quiñones, es lograr determinar que ni YJJH, ni los hechos del 26 de julio fueron elecciones al azar o eventos fortuitos, ya que, hasta el momento, existen elementos para advertir que el sujeto “había estado siguiendo a la menor” y “estudiando a su familia” con premeditación:
“Nosotros sabemos que el imputado había estado siguiendo a la menor, osea (sic), lo que sucedió el 26 de julio no fue un hecho fortuito. No fue algo al azar, sino que, como que ya tenía tiempo estudiando a la niña y a su familia desde tiempo atrás. Entonces, conociendo los patrones que suelen tener los pedófilos, en el sentido de ir estableciendo rutas y patrones de las presuntas víctimas y todo lo que eso conlleva, por eso solicitamos la intervención de sus equipos electrónicos para poder corroborar esa parte”.
Con ello, precisó que dados estos patrones de conducta -que podrían desprenderse o conocerse a través de los datos de prueba-, no descartan que esto les permita conocer si hay más víctimas además de YJJH:
“Sabemos que, de un momento dado, de manera tangencial podríamos obtener información respecto a otra clase de víctimas que hubiera por ahí, que no fuera la única niña que hubiera estado siguiendo y que de manera documental probablemente lo podría tener a través del uso del internet, correos electrónicos o fotografías y demás”.
Por otro lado, agregó que también esto podría llevarles a indagar sobre una presunta participación en otro tipo de delitos como la trata, la prostitución y la pornografía:
“Eso es parte de lo que pretendemos corroborar con el desahogo de esta prueba, en primer lugar: corroborar que no fue una víctima al azar, si no que uso una serie de actos encaminados específicamente con ella; y ver si de manera tangencial pudieran vincularlo al tema de trata, prostitución, pornografía o de cualquier otro delito donde pudieran estar inmiscuidos menores de edad”.
Sandra Quiñones, recordó que esta etapa de investigación complementaria permanecerá abierta por tres meses, según lo marca el código de procedimientos penales; tres meses que, hay que decir, comenzaron a correr el pasado 1 de agosto luego de la primera audiencia de vinculación a proceso. De no desahogar todas las pruebas podrían solicitar otros tres meses, hasta que por fin se lleve a cabo el juicio para dictar la sentencia en contra del exfuncionario.
Por ahora, Luis Alonso “N” se encuentra en prisión preventiva, sin acceso a llevar el proceso en libertad al haberse acreditado el delito de corrupción de menores agravado.
Respecto al delito de corrupción de menores, de acuerdo con el artículo 142-A del Código Penal del Estado de Jalisco, “se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario mínimo, a la persona que por cualquier medio faciliten, provoquen, induzcan o promuevan en un menor de edad o con quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho: I. El hábito de la mendicidad; II. El hábito de consumir alcohol, drogas o sustancias similares; III. La iniciación o práctica de la actividad sexual; o IV. La comisión de cualquier delito”.
En este caso, establece además que, “… cuando el sujeto activo del delito empleare cualquier tipo de violencia, o se valiese de alguna situación de mando, poder, función pública o autoridad que tuviere, la pena será de cuatro a siete años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo”. Asimismo, podría aumentarse una cuarta parte de la pena que corresponda cuando la víctima sea menor de 12 años.
En tanto, sobre el delito de abuso sexual infantil, el artículo 142-L, advierte que se podrá imponer una pena de tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad.
