Por Fabrizio Lorusso
El 25 de agosto de 2020 se publicó el Informe sobre la situación de las fosas clandestinas en Guanajuato (2009-julio de 2020), producto del esfuerzo conjunto de los investigadores Jorge Ruiz Reyes (Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana), Fabrizio Lorusso (Universidad Iberoamericana León) y Óscar Elton Susarrey (Data Cívica), así como de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Article 19 Oficina para México y Centroamérica (A19). Además, el trabajo ha contado con la colaboración y el aval de los siguientes colectivos de familiares del estado: A Tu Encuentro, Sembrando Comunidad, y el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, integrado por Justicia y Esperanza, Mariposas Destellando-Buscando Corazones y Justicia, Buscadoras Guanajuato y Colectivo Cazadores.
Asimismo, las y los colegas del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab.Mx) diseñaron un micrositio con un mapa, una tabla y gráficas interactivas que se actualizarán periódicamente y facilitan la consulta de la información contenida en la base de datos original, que también se publica para fines de investigación y transparencia. Además, las ilustraciones e historias de vida allí reunidas van a tejer una narrativa sobre la desaparición, la búsqueda, el dolor, y la esperanza del encuentro.
En el estado de Guanajuato la información sobre las fosas clandestinas proviene fundamentalmente de fuentes hemerográficas, partes ministeriales replicados por la prensa, videos y notas basadas en observación directa de periodistas. Pese a estas evidencias, la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a peticiones ciudadanas cuyo contenido se detalla en el mismo Informe. En la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno. Más allá de la nota o del parte inmediato relativos a la denuncia, el descubrimiento, la excavación o la exhumación de una fosa u otro sitio de depósito, en la mayoría de los casos es casi imposible conocer y dar seguimiento posterior a la información sobre lo que allí se encontró, sobre la identificación de los cuerpos y las dinámicas criminales y sociales de ese contexto de hallazgo. Tampoco ha habido participación de las víctimas indirectas de los homicidios, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones acompañando el trabajo forense y los hallazgos, como lo prevén, en cambio, las Leyes Generales en materia de Víctimas y de Desaparición. Más bien, ha habido reticencia, cuando no evidente oposición, para responder a las legítimas demandas de transparencia de la información y acceso de las familias a Semefos, sitios de hallazgo, expedientes y carpetas, o avances de investigación (muchas veces mínimos o nulos).
En 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación señalaron el hallazgo de una fosa clandestina en Guanajuato. Sin embargo, en los informes de enero y julio de 2020 sobre personas desaparecidas y fosas en el país, el dato ya no se volvió a mencionar, aunque se destacó que Guanajuato no había entregado información actualizada.
En la respuesta a la solicitud de información pública con folio n. 00924720 (oficio 421/2020), recibida el 13 de agosto de 2020, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que “no se cuenta con registro de fosas clandestinas en el estado”.
También dio a conocer, después de dos años de no comunicar datos actualizados, que había “2,178 personas no localizadas (paradero desconocido)”, es decir personas desaparecidas, al corte del 13 de julio de 2020, cifra muy superior a las 840 personas que en esa misma fecha figuraban en la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que mantiene la Comisión Nacional de Búsqueda.
Aun así, las respuestas oficiales siguen sin dar detalles fundamentales como el número, género, edad, condiciones especiales y de contexto, municipio de la desaparición, entre otras, acerca de las personas que deben ser buscadas en el estado.
Tan sólo en el anexo, se detalla el número de “indagatorias aperturadas por la no localización de personas”, que al parecer no son ni averiguaciones previas ni carpetas ya que no se explicita esta información, en cada año de 2012 al 16 de julio de 2020: éstas han pasado de 952 en 2012 a 2,883 en 2019, dando cuenta de un aumento significativo del fenómeno.
Pese a que colectivos, organizaciones internacionales y académicos formularon distintas propuestas para incluir una definición de fosa clandestina en la Ley de Búsqueda de Personas de Guanajuato, aprobada en mayo pasado, éstas fueron desechadas.
Una de ellas, entre otras que en el Informe se describen, concibe la fosa clandestina como cualquier sitio en el que se colocaron en un espacio en el subsuelo, o en el que se inhumaron, total o parcialmente, uno o más cuerpos o restos humanos, y que no fue específicamente determinado por las autoridades para dicho fin.
Tras la primera búsqueda en terreno realizada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en un sitio de disposición de cuerpos y restos humanos en el municipio de Uriangato, del 3 al 7 de agosto pasado, varios familiares de personas desaparecidas y colectivos volvieron a pedir al Congreso estatal que reconsidere la posibilidad de definir más claramente en la Ley de Búsqueda local qué entiende por “fosa clandestina”.
También cabe señalar que en la entidad se han multiplicado los grupos de familias en búsqueda de sus seres queridos en los últimos meses, así que otra petición importante al Congreso es que amplíe la participación de estos en el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, ya que ahora en la Ley está contemplados tan solo tres familiares entre los integrantes del Consejo, mismo que aún no ha sido formado.
Un objetivo del Informe es tratar de visibilizar ante la opinión pública la realidad de las fosas clandestinas en Guanajuato, la cual es común a casi todo el país, entendidas como espacios de impunidad criminal, excepción y ocultamiento, escenarios de múltiples violencias y graves violaciones a los derechos humanos. La esperanza es que pueda ser una herramienta de apoyo para autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, así como a los colectivos de familiares para la búsqueda de sus seres queridos, la exigencia de identificación y de registros adecuados, y abonar a la construcción de la verdad y la justicia. Asimismo, se hacen públicas y se dejan a disposición de investigadores y lectores en general las bases de datos en Excel en que se fundan las gráficas y las conclusiones del estudio.
En seguida destaco los aportes principales del informe:
Primero, señalar el hallazgo, entre 2009 y el 31 de julio de 2020, de 109 fosas clandestinas en 107 sitios de hallazgo, con entre 268 y 272 cuerpos en 29 municipios de Guanajuato, o sea en el 63% de los municipios del estado, que pertenecen a las regiones: Centro-Oeste, Sur-Oeste, Sur, y Centro-Este.
Pénjamo (11), Irapuato (11), Celaya (8), Acámbaro y Villagrán (7) son los municipios con más fosas (cifra en paréntesis) en el periodo mencionado, concentrando cerca del 40% del total de las fosas registradas por esta investigación. León, Salamanca y Cortazar tienen 6 fosas clandestinas cada uno (Gráfica 1).
Por número de cuerpos encontrados destacan los municipios de Villagrán (43), Irapuato (40), Celaya (23), Apaseo el Alto (18), Pénjamo (17), sumando entre los cinco el 46.3% del total de 268 cuerpos. Silao y Salamanca siguen con 16 y 13 (Gráfica 1).
El número de fosas por año (Gráfica 2) fue: 20 en 2020 hasta el 31 de julio; 40 en 2019; 18 en 2018; 8 en 2017; 9 en 2016; 2 en 2015; 4 en 2014; 1 en 2013; 2 en 2012; 2 en 2011; 1 en 2010; y 2 en 2009. El 71.5% de las fosas fue registrado en tan solo dos años y medio, entre 2018 y julio de 2020 (Gráfica 1).
El número de cuerpos encontrados por año fue de 51 en 2020, hasta el 31 de julio; 85 en 2019; de 63 en 2018; 17 en 2017; 10 en 2016; 3 en 2015; 11 en 2014; 4 en 2013; 4 en 2012; 3 en 2011; 1 en 2010; y 16 en 2009. El 74% de los cuerpos fue encontrado entre 2018 y julio de 2020 (Gráfica 2).
Mientras el propio Informe estaba en fase de edición, otras dos fosas clandestinas, que no se incorporaron en el Informe y en las gráficas, han sido ubicadas en el estado, elevando el total a 111. El primero de agosto en Salamanca, comunidad La Capilla, fue hallada una fosa clandestina con número indeterminado de cuerpos y el diez de agosto otra fosa fue localizada en Juventino Rosas, a poco más de un kilómetro de la comunidad de Valencia y del camino que va a la comunidad Dulces Nombres, frente a las instalaciones de la Universidad Politécnica, posiblemente con 10 cuerpos envueltos en bolsas de plástico en su interior.
El modelo estadístico predictivo sobre fosas clandestinas, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), muestra que los municipios con mayor probabilidad de tener fosas clandestinas aún no localizadas y que podrían considerarse para operaciones de búsqueda en terreno son: Irapuato, Celaya, Salamanca, León, Guanajuato, Francisco del Rincón, Cortazar, Silao de la Victoria, Uriangato, Acámbaro.
Para el rastreo en notas de prensa de las fosas clandestinas se usó la siguiente definición:
“Sitio donde uno o más cuerpos y/o restos de personas fueron enterrados o semienterrados, de forma anónima e/o ilegal, con el intento de ocultar o destruir evidencia, y que posteriormente fueron exhumados por particulares u autoridades”.
Este mismo documento, entre otros aportes, destaca la noción de las fosas clandestinas como lugares que significan una “disputa social y política” acerca de la verdad, la justicia, los derechos individuales y colectivos, y la identidad de las personas que allí están enterradas.
Finalmente, se trata de espacios clandestinos que, en el contexto mexicano caracterizado por graves violaciones a derechos humanos, múltiples violencias, un modelo socioeconómico históricamente excluyente y conflictos armados territorializados, implican una ruptura extrema de cualquier comunidad, un quiebre radical de comprensiones y categorías sobre nuestra realidad. Representan la emergencia de agujeros negros y epicentros de dolor y búsqueda que pueden constituirse, a la vez y paradójicamente, como condiciones de posibilidad para su afrontamiento y cierre, individual y socialmente. Allí, pues, se encuentra un enorme desafío para la reconfiguración de la vida en común.
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Texto publicado en colaboración con Blog Insyde-Animal Político.
Ver: González Núñez, Denise; Ruiz Reyes, Jorge; Chávez Vargas, Lucía Guadalupe; Guevara Bermúdez, José Antonio (coords.), Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, México, Universidad Iberoamericana, 2017, p. 24 (link).
