Por Carlos Manuel Juárez/Proyecto #Másde72*
Fotos: Ginnette Riquelma y Familia Euceda Aguilar.
Entre los cuerpos tirados de los 58 hombres y 14 mujeres migrantes asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, estaban las pertenencias con las que algunos viajaban, como actas de nacimiento, licencias de conducir, pertenencias marcadas con sus nombres. Algunos cuerpos también tenían tatuajes o rasgos que daban pistas sobre su identidad. Sin embargo, tras las identificaciones iniciales, y sin haber procesado a fondo las evidencias, las autoridades mexicanas echaron a la fosa común a 12 cuerpos en calidad de desconocidos.
En los años 2014, 2017 y 2018 fueron identificados tres migrantes hondureños enterrados en México en calidad de desconocidos. Uno de ellos, Wilmer Gerardo Núñez, tenía consigo su credencial de manejo y un tatuaje con el nombre de su hija, pero fue devuelto a su casa ocho años y tres meses después de la matanza. Otro caso similar es el de Marvin Leodán, quien portaba documentos que le permitían ser identificado al momento en que su cuerpo fue encontrado, pero por errores, burocracia y fallas en los procedimientos forenses volvió a Honduras hasta el 8 de septiembre de 2017.
La identificación de los tres últimos migrantes (la tercera era una mujer: Eva Nohemí Hernández Cerratos) se dio gracias a que organizaciones mexicanas y centroamericanas presionaron al gobierno mexicano para que reabrieran el caso: en septiembre de 2013 lograron que se firmara la creación de una Comisión Forense para que peritos de PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) abrieran las tumbas y analizaron las evidencias y documentación de la masacre.
Ese mismo año 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en la recomendación 80/2013 las fallas en las identificaciones realizadas por la Procuraduría de Tamaulipas y la PGR, entre las que mencionaba mal procesamiento de las evidencias, entrega de cuerpos equivocados e identificaciones y repatriaciones de los restos hechas de manera desordenada, sin información a los familiares.
Uno de los afectados por esa cadena de errores fue Marvin Leodan Euceda Aguilar. Esta es su historia.
El 3 de agosto de 2010 Marvin Leodan bajó de la casa de sus papás a la ciudad de Comayagua, Honduras. Allí se encontró con un primo y juntos salieron rumbo a San Pedro Sula. Ambos compartían anhelo y destino: vivir en Estados Unidos. El plan elegido indicaba cruzar Guatemala, atravesar México por la zona del Golfo, llegar a la frontera y hablar a un tío que ya vivía el sueño americano para que lo cruzara.
El plan cambió pronto. Su primo se quedó en la capital hondureña. Marvin continuó en el camino al norte sin perder la comunicación con su familia. Al entrar a Guatemala dejó de llamar, pero días después, el joven de 23 años llamó a casa de sus papás, de su hermana, de su hermano, para contarles que estaba en un lugar de nombre Tabasco y que necesitaba dinero.
Días antes de la partida, Marvin y su hermano mayor, Orlin, platicaron del plan. Orlin le explicó los riesgos de cruzar por México. Orlin le contó la violencia que había en el territorio mexicano. Orlin le pidió que no lo hiciera. Nada lo detuvo. Antes del viaje, Orlin le regaló una camisa. Marvin la tomó para emprender la travesía.
Marvin y sus diez hermanos nacieron y crecieron en un poblado rural del departamento de Comayagua, en el seno de una familia de agricultores de maíz, frijol y café. Él aprendió las tareas de la tierra de su padre Leopoldo. Sin embargo, el joven quiso intentar una nueva vida; fue el único de las y los Euceda Aguilar que intentó migrar.
“Entonces cuando él llegó a México pedía el dinero a nombre de un señor y él casi no hablaba, era una mujer que hablaba por él. La comunicación con él era bastante complicada porque no explicaba qué pasaba, no decía cómo estaba, solo pedía dinero que necesitaba; no sé que realmente estaba pasando”, recuerda vía telefónica Orlin, de 35 años y convaleciente de Covid 19.
Marvin viajó sin coyote, afirma Orlin. Su primo, al regresar a Comayagua, contó que se había juntado con una familia guatemalteca que viajaba a Estados Unidos. Orlin, quien da seguimiento al caso, supone que su hermano se unió a Efraín Pineda Morales, Richard y Nancy Pineda Lacan, y Mayra Cifuentes Pineda.
El 25 de agosto por la mañana, Orlin terminó su jornada de trabajo y al regresar a casa escuchó la noticia de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. “Los medios estaban alarmados por la noticia que había pasado, fue algo exagerado”. Orlin vio las escenas que mostró la tele e identificó a Marvin, quien vestía la camisa que días antes le había regalado.
“Yo sí estaba seguro que mi hermano había muerto ahí. Para mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, él no había muerto porque, usted sabe, es lo que menos piensan de un hijo”. La familia Euceda Aguilar esperó una nueva llamada de Marvin, pero nunca llegó. Pasaron los meses y años esperando un mensaje del joven migrante.
De 2010 a 2016, la familia de Marvin se presentó en la embajada de México en Honduras para denunciar la desaparición. La respuesta gubernamental fue un silencio. En 2016, la familia Euceda Aguilar conoció al hermano de una víctima de la masacre de Cadereyta. El hombre les platicó de la Comisión Forense, la instancia creada entre la FGR, el EAAF y organizaciones de familiares de migrantes centroamericanos, para revisar diversas masacres de migrantes, revisar los expedientes e intentar recuperar la identidad de los cuerpos no identificados.
“Mi familia créame que se negaba a hacer este proceso porque es algo duro. Cuando aceptaron documentar, fueron y tomaron algunas muestras de mi papá y de mi mamá, hicieron las comparaciones (genéticas) y así pudieron comprobar que de él se trataba”, lamenta Orlin.
El cuerpo de Marvin llegó a Comayagua el 8 de septiembre de 2017. Ese mismo día lo sepultaron cerca de la casa de sus padres.
La familia Euceda no entiende cómo los gobiernos mexicano y hondureño no encontraron el acta de nacimiento que Marvin llevaba consigo en el viaje. Dicha situación vuelve a poner en evidencia la ineficacia en el levantamiento de los cadáveres e indicios de la masacre de las y los 72 migrantes en San Fernando; esta falla es señalada en la recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La familia Euceda Aguilar visitó México para asistir a la audiencia de las familias con la Fiscalía General de República y la subsecretaría de Derechos Humanos el 27 de agosto de 2019. De la estancia en territorio mexicano, Orlin tuvo dos reflexiones: no toda la gente mexicana es mala, ni todos los migrantes son malos. A la par de las buenas experiencias, los Euceda cuestionan la actuación de la Fiscalía General de la República en la investigación de la masacre de San Fernando.
Orlin admite que el pesar por el asesinato de su hermano nunca se acabará. Por ello, recalca, las personas que tienen la intención de migrar a Estados Unidos deben tener clara la decisión que toman y, agrega: México debe ser más responsable con los migrantes.
“Queremos que se marque un precedente porque las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”.
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*#Másde72 es un proyecto dedicado a investigar masacres de migrantes en México. Para consultarlo visita: https://adondevanlosdesaparecidos.org/masde72-una-decada/
Familiares de los tres migrantes hasta ahora identificados: Madre de Wilmer Gerardo (Foto 1) y padres de Eva Noemí (Foto 2).
Fotos: Ginnette Riquelme.
Memorial de Misael Castro Barrales (Foto: Ginete Riquelme).
Memorial de Marvil Leodán Euceda Aguilar (Foto: Ginete Riquelme).
