El 22 de diciembre de 1997 a las 11:00 horas, un grupo paramilitar entrenado y financiado por el Gobierno de México, en aquel momento priísta, entró en el campamento de desplazados Los Naranjos ubicado en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas y ejecutaron a 45 miembros de la comunidad Las Abejas. Los hechos de aquella masacre histórica se prolongaron hasta las 17:00 horas, sin que la policía interviniera aun cuando se encontraba a 200 metros de la escena.
Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, y las y los sobrevivientes de la masacre convocaron a una conferencia de prensa el pasado 12 de agosto para denunciar la impunidad que ha rodeado sus casos, así como, para exigir la justicia que por casi 23 años el Estado mexicano les ha negado y les ha impedido reivindicar la memoria de las 45 víctimas.
Con ello, demandaron el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual está en la etapa de resolución.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ha acompañado a Las Abejas en este largo proceso.
Rubén Moreno, abogado del caso e integrante del Frayba, compartió con ZonaDocs el camino legal que llevan estas exigencias y lo que se busca con el Informe de Fondo, principalmente, para ofrecer verdad sobre la responsabilidad del Estado mexicano, quien entrenó y financió a un grupo de civiles para gestar esta masacre en contra de la comunidad de Las Abejas de Acteal.
Por Samantha Anaya/@Sam_An16
Fotografías: Grupo de Comunicación Las Abejas (https://acteal.blogspot.com/)
Antecedentes: el Estado mexicano y el financiamiento del grupo paramilitar
Bajo las órdenes del expresidente priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, fueron asesinados 45 indígenas tsotsiles en el marco de la guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94. Este Plan permitía al ejército mexicano dispersarse y tener presencia en todo el estado, esto luego del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. A partir de entonces, el Estado comenzó una lucha contra los pueblos en Chiapas. Durante los primeros 12 de días de 1994 fueron asesinadas y desaparecidas varias y varios miembros de los pueblos que buscaban reivindicar su autonomía.
Rubén Moreno, abogado que ha llevado el caso de la Masacre de Acteal, expresó que Las Abejas, quienes son una comunidad pacifista, fijaron su postura de apoyo hacia el EZLN en aquel entonces:
“Nosotros pensamos que la razón por la que este grupo paramilitar asesinó a estas 45 personas fue para dar un mensaje de intimidación a los otros pueblos. Los campamentos militares siempre han estado presentes en el territorio, pero en aquel entonces aseguraron que no había escuchado balazos, aun cuando estaban a 200 metros y cuando el hecho duro casi 6 horas”, precisó el abogado.
En Chenalhó (lugar donde se perpetró la masacre), se presentaron diversos avisos para alertar sobre el riesgo que corría la población civil. Sin embargo, a partir de agosto de 1996, la violencia se incrementó como respuesta a la creación del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro Polhó, y las amenazas, robos, homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido en eventos cotidianos en la región, lo que provocó el desplazamiento de miles de familias.
Para llevar a cabo la masacre, “el ejército reclutó a civiles para hacer ‘el trabajo sucio’, ya que el ejército no podía hacerlo porque a nivel internacional se les acusaría de violación a los derechos humanos”, afirmó Rubén Moreno.
El 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a los autores materiales de la masacre, al argumentar que hubo irregularidades en la investigación, ya que se alteró la escena. En su comunicado de presa, la organización sociedad civil de Las Abejas de Acteal denunciaron que el entonces gobernador de Chipas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales. La condición para que recibieran estos beneficios era que no regresaran a vivir a las comunidades de Chenalhó, lo cual no sucedió: los asesinos de Acteal siguen cerca de la comunidad y gozan de los regalos que les otorgó el gobierno.
Por todo ello y ante la negativa de las instancias federales para castigar a los responsables de la masacre, la comunidad de Las Abejas y las y los sobrevivientes de la masacre decidieron buscar alternativas: una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y la otra ha sido construir desde los pueblos organizados una justicia verdadera, digna, duradera y humanizada, a la que llaman “La Otra Justicia”, en la que se reconoce y se busca castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen, para tomar medidas efectivas y evitar que se repitan estos hechos.
La búsqueda de la justicia
El 2 de marzo de 2005 la CIDH recibió una denuncia presentada por la Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., en la que se expone la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la masacre del 22 de diciembre de 1997 cometida en contra de indígenas tsotsiles en Acteal y por la falta de sanción a todos los autores materiales e intelectuales de los hechos.
La petición presentada a la CIDH denuncia que el Estado mexicano violó los artículos: 1.1 (obligación de respetar los derechos), 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 17 (protección a la familia), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de entonces, la CIDH recibió información de los peticionarios el 29 de noviembre de 2007, el 2 de septiembre de 2008, el 4 de noviembre de 2009 y el 23 de abril de 2010, la cual fue trasladada al Estado. Posteriormente, la CIDH obtuvo información enviada por el Estado el 29 de enero, 24 de agosto, 28 de noviembre de 2007 y el 23 de junio de 2010.
Tras el análisis de la petición, la CIDH concluyó que la petición era admisible a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y de los artículos 30 y 36 concordantes de su Reglamento, así como, por la violación al artículo 1.1 del mismo instrumento internacional: I) al artículo 4 en perjuicio de las víctimas asesinadas; II) artículo 5 en perjuicio de las víctimas heridas; III) 5, 8 y 25, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de todas las víctimas; y IV) 19, en perjuicio de las y los 18 niños y niñas asesinados en la masacre.
El 20 de octubre de 2015, Las Abejas de Acteal y el Frayba sostuvieron una audiencia pública con la CIDH para exponer el caso. Durante el 156 período de sesiones de este organismo con sede en Washington D.C., una delegación de ambas organizaciones presentó un estudio titulado Estudio psicosocial de los antecedentes, en la que se abordan los factores asociados al hecho y el manejo de la emergencia, las consecuencias psicosociales y, el impacto colectivo en la comunidad de Acteal, así como un Informe Pericial Médico Forense.
En este documento de estudios psicológicos, Pedro Faro Navarro, director del Frayba, afirma que la masacre de Acteal se inscribió en un contexto de guerra, donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno mexicano.
La existencia de dichos grupos paramilitares ya había sido denunciada por este Centro de Derechos Humanos en los meses anteriores a la masacre. Un primer dossier fue presentado a la Secretaría de Gobernación, y el obispo Raúl Vera López fue quien se entrevistó con el entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, para exponerle el suceso. Este mismo dossier fue elaborado por el Frayba y exponía la situación de riesgo y de guerra en que vivían los pueblos y comunidades indígenas. En una segunda ocasión, un nuevo dossier fue entregado al Ministerio Público a inicios de 1998, posterior a las denuncias del obispo Vera sobre la existencia de los grupos paramilitares en la zona.
El resultado de este ataque fue la ejecución de 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación: 7 hombres adultos; 16 adolescentes y niñas de entre los 17 años y 8 meses de edad; 4 niños de entre los 15 y 2 años. Un total de 26 personas resultaron heridas, en su mayoría menores, 16 de los cuales fueron hospitalizados con heridas graves.
Los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de 4 horas, sin el consentimiento de sus familias; los cuerpos fueron amontonados en un convoy de redilas de la misma policía. En la capital del estado se les quitaron los órganos y algunos cadáveres fueron entregados con un alto grado de descomposición.
Una vez presentadas las evidencias y testimonios, esta exigencia de justicia está en la última etapa del proceso, en la que se espera la resolución de la CIDH para señalar la complicidad del Estado en el caso de Acteal.
En su comunicado, Las Abejas señalan que toda esta lucha y búsqueda que han sostenido por casi 23 años es para recibir una justicia cabal y para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos.
“La justicia que anhelamos es investigar a todos los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, empezando con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Genera Enrique Cervantes Aguirre, el ex Secretario de la Defensa Nacional, Emilio Chuayfet Chemor, el ex Secretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, el ex Gobernador de Chiapas, el General Mario Renán Castillo y todos los otros ex funcionarios que son responsables de dicha masacre”.
La “investigación” de los hechos
En la madrugada del 23 de diciembre de 1997 la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una diligencia judicial, la cual dio a conocer que:
- No se preservó el lugar de los hechos.
- No se dio intervención a peritos en criminalística de campo.
- No se fijó fotográficamente, con la pericia requerida a cada uno de los cuerpos.
- No se practicó legalmente las diligencias de levantamiento de cadáveres.
Al inicio fueron emitidas 13 averiguaciones previas, para ubicar la responsabilidad de los autores materiales, funcionarios públicos de bajo nivel que no tomaron acciones para evitar la consumación de los hechos y que, incluso, ayudaron al fortalecimiento de los grupos paramilitares. Estas 13 averiguaciones dieron lugar a 11 causas penales
En 5 causas penales fueron procesados 15 exservidores públicos de bajo nivel y algunos de estos obtuvieron su libertad dos años después; otros fueron condenados a 8 años de prisión; y 11 fueron acusados de haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre, y sus condenas iban de 3 a 7 años de prisión, con derecho a fianza.
Jacinto Arias Cruz, expresidente municipal de Chenalhó (liberado el 10 de abril de 2013), fue condenado a 36 años y 3 meses de prisión, sin condena a la reparación de los daños.
El exmilitar Mariano Pérez Ruiz fue acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, lo que lo hizo acreedor a una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión.
En cuanto a las siete causas penales restantes, fueron procesados 87 civiles indígenas tsotsiles, acusados como autores materiales de la masacre. De estos, 6 fueron absueltos porque el juez consideró que no existían elementos que acreditaran su participación en los hechos, a pesar de que dichas personas fueron reconocidas por los sobrevivientes. Otros fueron liberados por razones de humanidad y uno falleció en prisión durante el proceso penal.
En el 2008, varios sentenciados presentaron amparos directos ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contra las sentencias definitivas. A su vez, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su faculta de atracción para resolver los juicios de amparo.
En espera de la resolución definitiva por parte de la CIDH, las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal buscan que ésta señale la responsabilidad y la participación del Estado ante la grave violación a sus derechos humanos.
El abogado en el caso, Rubén Moreno, reitera que este es el último y más importante paso:
“Es la palabra de una Comisión internacional, y ya no sólo la palabra de nosotros, las y los acompañantes de la comunidad. Con esto, las familias podrán ver la reparación integral de este crimen, lo cual no se ha podido lograr mediante alguna de las instancias nacionales. Esto demostrará que esta larga lucha ha valido la pena, y que la voz de las y los sobrevivientes tiene fuerza”.
