Ciudad de México. El Estado mexicano no consigue reparar el daño a Romeo, huérfano a los 3 años de edad. Su madre, Serymar Soto Azúa, fue víctima de feminicidio en Coahuila en 2017. Ella tenía apenas 21 años de edad el día que su pareja la impactó intencionalmente con un vehículo.
Hoy Romeo está nuevamente en una situación de vulnerabilidad sin que el Estado responda por su protección. Su abuelo materno, quien obtuvo su custodia tras el feminicidio de Serymar, falleció por COVID-19. Romero y su abuela también contrajeron la enfermedad, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila aún evalúa si es pertinente otorgarles suministros esenciales como medicamentos y artículos de limpieza para la salud del niño y la adulta mayor.
La petición a la Comisión de Atención a Víctimas la realizó hace tres semanas la tía de Romeo, Sandra Soto Azúa, sin embargo, el periodo de cuarenta de la familia está apunto de terminar sin ninguna respuesta por parte de las autoridades.
“Como siempre somos las personas cercanas a las familias de las víctimas quienes tenemos que sacar esto adelante, y el Estado siempre es indiferente a estas situaciones”, expresó Soto en entrevista con Cimacnoticias.
Sandra Soto exigió en 2018 por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el Estado mexicano garantice la reparación integral del daño a la niñez y adolescencia por no prevenir el feminicidio de sus madres. Presentó ante el organismo quejas no sólo por el caso de su hermana Serymar, también acompañó a otras familias de víctimas de feminicidio en Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Durante y Nuevo León.
La CNDH entonces recomendó al gobierno de Coahuila crear un programa específico para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio. Romeo es hoy uno de los 18 niños, niñas y adolescentes que reciben una compensación económica de 4 mil pesos bimestrales. La atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la educación, así como el apoyo extensivo para otras víctimas que crecen cada vez que una mujer es asesinada, son aún una deuda en la entidad, señaló Sandra.
A pesar de la lucha de Sandra Soto, ella como otras víctimas indirectas del feminicidio no han sido llamadas para que se escuchen sus voces en la construcción del “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio” (PNNAOF), cuya creación anunció el pasado julio el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Cimacnoticias solicitó entrevistas al DIF y el Sipinna, responsables de la política de la infancia en este país, para conocer con detalle las implicaciones de este Protocolo y su aplicación, no obstante, han negado las peticiones bajo el argumento de que es una política a cargo del Inmujeres; por su parte, el Inmujeres dijo a esta agencia que el Protocolo estaría listo en próximos días y que sería hasta entonces cuando se concediera la entrevista.
FOTOCIMAC: Hazel Zamora Mendieta.
Una reparación integral no es sólo económica
En la sentencia “Caso González y otras (Campo Algodonero) V.S México”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los familiares de las víctimas de feminicidio pueden ser, a su vez, víctimas. En esa sentencia, la primera para la CoIDH en este tema, las madres de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, narran que los delitos ocurridos contra sus hijas afectó a toda la familia al grado de que otros integrantes, en algunos casos, buscaron el suicidio.
“Nos dañaron a toda la familia, mis hijos, ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque les quitaron también una parte, ya no estamos completos, Ahora les exijo retribúyanme toda mi vida, porque mi vida ya no es la misma”, relató una de las madres.
A fin de conocer los aspectos que debe tener el “Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”, Cimacnoticias entrevistó a la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, socióloga Edith Olivares Barreta; a la psicóloga Edith Escareño Granados que ha participado en peritajes de impactos psicosociales en caso de hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas; y la psicóloga Ximena Antillón, experta en acompañamiento psicosocial y directora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
Las tres expertas coincidieron en que si bien el feminicidio es un delito cometido por un particular, el Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por permitir que este delito siga ocurriendo en el país al no prevenir, no atender a las mujeres en riesgo, no investigar adecuadamente ni sancionar a los agresores.
Una reparación integral del daño, dijeron, tiene como objetivo principal que estas niñas y niños, así como sus abuelas que en muchos casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado por el feminicidio.
No obstante, actualmente algunas entidades que –por exigencia de las víctimas– han impulsado políticas públicas al respecto, sólo prevén compensaciones económicas. En muchos casos, explicó Ximena Antillón, estas remuneraciones pueden resultar ofensivas para las familias. Ha habido casos, aseguró, en los que las autoridades les dicen que después de recibir dinero ya no pueden buscar justicia.
En otros casos, una política de compensación económica mal ejecutada podría traer consecuencias negativas. Por ejemplo, dijo la también investigadora, en Ciudad Juárez se aplicó una especie de “dolorímetro” bajo el que se asignaba más dinero a unas víctimas que a otras. Eso generó la vivencia de desigualdad entre víctimas que pertenecen a colectivos. Las medidas económicas no tienen que generar más daños, conflictos o divisiones dentro de los colectivos, dijo Antillón.
Una reparación integral, coincidieron las expertas, incluye atención psicológica especializada, particularmente para quienes fueron testigos del asesinato y que considere la condición particular por edad, situación económica, discapacidad, origen étnico, y otra circunstancia diferencial de cada niña y niño. Asimismo, las personas que las atienden deben estar capacitadas y ser evaluadas sobre cómo realizan este trabajo.
Si bien, el Estado ha priorizado hasta ahora la atención psicológica, ha dejado de lado necesidades de salud, alimentación o vivienda, las cuales –antes del feminicidio– las cubría la madre o el padre, que en varios casos es quien comete el crimen. Por ello, el Estado debe cubrir también estas necesidades a largo plazo y reforzar a las y los cuidadores en esta tarea, además de estar al tanto de las implicaciones del sobrecuidado de quienes quedan cargo, agregó Editht Escareño.
Para la psicóloga, la ayuda para estas familias debe ser permanente y no restringirse hasta los 18 años de edad, ya que la violencia feminicida deja secuelas a largo plazo. Esto implica, dijo, cubrir cuestiones de atención psicológica y de educación. Además, destacó, el Estado debe garantizar la protección de las y los adultos que se hacen cargo de las niñas y niños en condición de orfandad, toda vez que en muchos casos enfrentan amenazas.
Por otro lado, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica de esas niñas y niños asegurando la patria potestad, explicó la socióloga Edith Olivares. La integrante de Amnistía Internacional, puso de ejemplo el caso de Alondra Guadalupe González Arias, asesinada en 2017 por su expareja en Jalisco, su madre, Nancy Arias, ha enfrentado fuertes dificultades para obtener la patria potestad del bebé de Alondra.
Cuando Alondra fue asesinada, su hija recién nacida ni siquiera estaba inscrita en el registro civil. La madre de Alondra ha estado a cargo de la menor de edad todo este tiempo, pero sin ninguna certeza jurídica. Esto se debe a que las normas jurídicas, explicó Olivares, no establecen qué hacer en los casos que la madre de las y los niños es asesinada a manos del padre. A esto se suma que en algunas entidades la legislación establece que cuando muere la madre, la patria potestad queda automáticamente a cargo de los abuelos paternos.
Las tres expertas en acompañamiento psicosocial refrendaron que para que una reparación del daño sea integral, tienen que participar la víctima, ser escuchada en sus necesidades particulares y ser atendida. Especialmente, dijeron, se debe escuchar a las niñas y niños para no dejar fuera de las investigaciones su vivencia.
Para Ximena Antillón, la reparación del daño es parte de la justicia, ya que ésta no sólo es la sanción penal contra quien comete el feminicidio. El objetivo de la reparación integral no es regresar a las familias al estado anterior, que es de violencia y discriminación contra las mujeres, sino ir hacia uno mejor. “¿Cómo hace el Estado para garantizar a esas familias que eso que vivieron no va a volver a ocurrir? ¿Qué significa devolverle a la familia la dignidad que tenían antes del feminicidio?”, expresó.
Por ello, una reparación integral debe contemplar también medidas de satisfacción: acceso a verdad y justicia, y medidas simbólicas para dignificar a la víctima. Éstas contribuyen a dignificar la imagen que las niñas y niños van a construir de su madre y de su abuela en el futuro y dan un mensaje a la sociedad de reprobación del feminicidio. También tienen una dimensión pedagógica, explicó, que contribuiría a una reparación transformadora.
Por un Plan Administrativo de Reparación
En México, explicaron las expertas, hay dos problemas con el feminicidio: el primero es la cantidad de víctimas de este delito y el segundo es la impunidad. Si el Estado funcionara eficientemente, lo que seguiría para las familias tras un feminicidio sería una etapa de duelo, pero en México después del feminicidio se entra en un proceso de exigencia de justicia y de burocracia.
Las tres expertas coincidieron en que los obstáculos que encuentran las familias para acceder a la justicia o a la reparación son revictimizantes, toda vez que ocurren filtraciones por parte del Estado y experimentan burocracia excesiva (papeleo, lenguaje técnico, cambio de personal) incluso para acceder a la atención médica o un asesor jurídico y no tienen perspectiva de Derechos Humanos o género.
“La ruta de atención a víctimas podría estar bien trazada, pero al momento de ejecutarla no es nada factible. Llegar a estas atenciones requiere gastos, tiempo y dejar las laborales o tener que dedicar gran parte de su tiempo al proceso jurídico, que deja de lado las necesidades reales y objetivas de estas familias”, explicó Escareño.
Para Antillón, dada la cantidad de víctimas de feminicidio en el país, el Estado tendría que pensar en cómo abarcar, a través de este Protocolo, al mayor universo de víctimas, hacerles saber que este es su derecho y difundirlo en los medios de comunicación. Para ello, explicó, tiene que hacer un registro ágil, sin estándares de pruebas altos y que no esté supeditado a un proceso judicial. Para FUNDAR, la respuesta está en crear un programa administrativo de reparación del daño.
De acuerdo con Antillón, ya hay muchas experiencias de la sociedad civil del acompañamiento de estas víctimas y de desaparición que pueden retomarse por el gobierno, ya que es común los mecanismos de reparación para víctimas se hagan pensados en cómo filtrar o repeler a las personas para que no se integren a los programas.
“Nosotros somos cercanos a familiares de personas desaparecidas con quienes trabajamos. A través de ellos vemos cómo se implementan las medidas a través de la CEAV: reparaciones inconsistentes, con diferentes criterios, hay una incapacidad de construir esta visión de un programa administrativo”, detalló.
La experta dijo que en ese sentido saludaba la creación de un Protocolo de Atención Integral a las víctimas indirectas del feminicidio, no sólo por la grave condición de vulnerabilidad en la que están sino porque México debe crear condiciones para que las siguientes generaciones puedan no olvidar, integrarlo en nuestra historia y generar las condiciones para que esto no se repita.
“Es muy importante cortar esos espirales de violencia con las víctimas, generar oportunidades para que las niñas y los niños no terminen otra vez en estas redes de violencia que operan ahí donde no hay oportunidades”, detalló. No obstante, dijo, se espera que el Protocolo integre la participación de la sociedad civil y que tenga esa visión de un programa administrativo.
Por otra parte, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, llamó la atención sobre que este programa aún no es público en el Diario Oficial de la Federación: “Los anuncios son importantes pero nos gustaría conocer los documentos que están detrás de estos anuncios, porque nos ha pasado con el Programa de Acción Emergente para atender los feminicidios, o el de Igualdad de Mujeres y Hombres, que desafortunadamente tenemos un gobierno que anuncia en materia de igualdad pero no conocemos los documentos”.
“Es muy difícil pronunciar documentos que no conocemos. Dijeron que estaban revisando este Protocolo y lo iban a publicar en el DOF, pero en los hechos aún no existe un protocolo para atender a niñas y niños en condición de orfandad. También se requiere un diagnóstico sobre la situación que viven las niñas y niños víctimas de feminicidio, que hasta ahora no hay”, agregó.
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