La Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas hicieron público un documento donde relataron la serie de violencias y violaciones a sus derechos humanos durante las manifestaciones del pasado sábado 22 de agosto en León, Guanajuato, por parte de policías municipales y estatales.
En éste narraron cómo las autoridades de seguridad policial hicieron uso excesivo de la fuerza y agredieron a mujeres manifestantes, algunas de ellas menores de edad, de manera física, verbal y también sexual. Incluso, señalaron las omisiones y negligencias en las que incurrieron las dependencias encargadas en el estado para ofrecer atención a las jóvenes que resultaron con lesiones, y para ofrecer certeza jurídica sobre el paradero de quienes presuntamente fueron víctimas de desapariciones forzadas.
De acuerdo con la información que han logrado recopilar, se presume la infiltración de personas dentro del movimiento el sábado 22 de agosto, para “sacar registro de las compañeras feministas y usarlo para represalias”, así como, para iniciar provocaciones y revueltas hacia el interior de la movilización.
Al respecto de los casos que evidencian tortura sexual cometida por elementos de seguridad pública, las feministas exhortan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que atraigan el caso para su investigación.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada: Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas
A través de una relatoría, la Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas en Guanajuato logró reunir las voces de las mujeres, jóvenes y adolescentes que fueron víctimas de la brutalidad policial la noche del sábado 22 de agosto en la ciudad de León; mientras se manifestaban para exigir justicia por Evelyn, joven agredida sexualmente por policías municipales.
En este de documento, las mujeres organizadas refieren que cerca de las 7:50 p.m. del sábado 22 de agosto comenzaron a documentar las primeras detenciones arbitrarias en contra de las asistentes a la convocatoria. Éstas se registraron en el lugar conocido como Arco de la Calzada en la ciudad de León. Tras los primeros informes, las feministas acudieron a las Centrales de Policías (CEPOL) Norte, Oriente y Poniente de la misma ciudad, en busca de sus compañeras detenidas.
Para las 8:40 p.m. precisaron en su comunicado, se tiene el registro de más detenciones arbitrarias, ahora en la Plaza Expiatorio, así como, en otros lugares aledaños a la manifestación y bajo ciertos modus operandi, esto pese a que ya había terminado la manifestación. De acuerdo con las colectivas, los elementos de la policía comenzaron a ingresar a las paradas del sistema de transporte público Optibus “en búsqueda de compañeras para detenerlas”.
Diez minutos más tarde, a las 8:50 p.m., las colectivas observaron como varias patrullas estaban deteniendo a más jóvenes, mujeres y adolescentes “a punta de golpes, jalones y agresiones, llevándolas rumbo al CEPOL Norte”.
En los separos ya se encontraban algunas mujeres organizadas preguntando sobre la situación jurídica de las manifestantes detenidas, así como, observando lo que ahí sucedía. Según manifiestan en la relatoría de hechos, a las 9:10 p.m. ingresaron las ultimas camionetas, sin embargo, la autoridad no ofreció información sobre quiénes y cuántas eran, sólo les informaron que serían trasladadas al CEPOL Poniente. Por ello, y dada la forma violenta en la que fueron retenidas, las colectivas señalan que hasta ese momento se presumía de desapariciones forzadas.
Refieren con ello que para las 10:20 p.m. de esa misma noche, las familias de las jóvenes detenidas comenzaron a llegar a las instalaciones del CEPOL Norte; de acuerdo con sus testimonios, denunciaron que algunas de las jóvenes habrían sido sustraídas de sus vehículos para detenerlas y otras más, fueron detenidas sin que hubiesen asistido a la manifestación sólo porque caminaban cerca del lugar o porque se encontraban en las paradas del transporte público.
A esa hora, se tenía un registro de 13 mujeres desaparecidas ya que, la autoridad continuaba negando la información:
“Se solicitó información sobre las detenidas al personal de Cepol Norte, preguntamos directamente al C. Dolores Valadez quien se negó a dar datos y se presentó como telefonista, posteriormente nos enteramos que era el procurador en turno”
Fue hasta después de las 11:20 p.m., tras diversas acciones de exigencia y denuncia en redes sociales, así como, luego de la emisión de un comunicado donde se solicitó habeas corpus para exigir la información de los paraderos de las jóvenes, que la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde en un primer momento anunciaba que 25 mujeres y un hombre habían sido detenidas y, después, posterior a la actualización de los datos, se dijo que se trataba de 22 mujeres y un hombre.
“A las 11:23 p. m., nos confirmaron en Cepol Norte el nombre de 4 compañeras detenidas, por la presión que se ejerció desde distintas instancias, medios y redes sociales, ya que en ese momento estaba circulando el video donde la compañera Paola E. era detenida por elementos de la policía quienes la estaban ahorcando, visibilizando el uso de la fuerza excesiva contra las compañeras”.
Como advierten las colectivas en el comunicado, Paola E. es una de las menores de edad que experimentó violencia durante su detención, fue golpeada, agredida verbalmente, sufrió de ahorcamientos, humillaciones y también es una de las víctimas de tortura sexual por parte de los elementos de seguridad pública. Ella fue liberada hasta después de las 11:40 p.m. tras diversas llamadas realizadas por las colectivas a la Procuraduría Estatal de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (PPIDNNA).
Posterior a la salida de Paola, otras jóvenes fueron liberadas de a poco, precisaron. Para recibirlas estuvieron colectivas feministas de León, quienes documentaron las situaciones a las que habían sido expuestas, así como para orientarlas sobre los servicios de atención médica y brindarles acompañamiento para interponer sus denuncias. No obstante, y pese a los llamados reiterados de las colectivas, ninguna dependencia o institución oficial estuvo presente:
“Hasta ese momento no había ninguna institución ni organismo oficial ofreciendo apoyo ni acompañamiento a las mujeres y adolescentes agredidas, aun cuando se les llamó y solicitó su atención ante los hechos”.
También, durante estos momentos realizaron la verificación de los nombres de las jóvenes detenidas en los separos, respecto al listado generado de manera independiente sobre quienes se desconocía su paradero.
Mientras tanto, denuncian las defensoras, elementos de seguridad pública que se encontraban a las afueras del ministerio público realizaron actos de intimidación y hostigamiento a las jóvenes que se encontraban a la espera de sus compañeras:
“Es importante señalar, que durante la espera fuera del Ministerio Público Norte, elementos de seguridad pública se burlaron y trataron de intimidarnos al dejarnos ir una perrera a toda velocidad y repitiendo consignas feministas a manera de burla, por reiteradas ocasiones. Demostrando así, su falta de sensibilidad y enfoque de derechos humanos”.
Paola, fue llevada al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, para recibir atención y valoración médica por sus lesiones, mientras que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional por los Derechos de la Infancia (REDIM) acompañaron el proceso de denuncia de las colectivas y la difusión del testimonio de la joven menor de edad.
Respecto a las demás jóvenes que resultaron con lesiones producto de la violencia aplicada en su contra al momento de las detenciones, si bien, se buscó el acompañamiento de la PPIDNNA, quien dio la instrucción de llevarlas al Hospital General para su valoración, esto no fue posible ya que el nosocomio está destinado para la atención de pacientes con COVID-19. Finalmente, por indicaciones de la Coordinación Estatal del Programa de Atención a La Violencia Familiar y de Género fueron canalizadas al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León.
Al mismo tiempo, refieren en el comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respondió a la petición de las colectivas y se interpuso la queja con número de folio 62898/2020; además se asignó como observador al Lic. Oscar Ortiz, para que acudiera a la ciudad León y realizara los acompañamientos pertinentes.
Después de las 4:00 a.m. del domingo 23 de agosto salió la última joven detenida.
Atención médica demorada y sin presencia de personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato
Si bien, Paola E. fue llevada al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León para recibir atención médica ésta no le fue proporcionada hasta después de las 7:30 a.m. más de ocho horas después de haber ingresado. A la par, las integrantes de las colectivas que se encontraban ahí junto con personal de la Procuraduría de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (PPIDNNA), tuvieron que esperar al agente del ministerio público para que la joven rindiera sus declaraciones, ya que éste llegó hasta las 8:47 a.m.:
“Siendo las 7:29 am aún no había llegado el Ministerio Público y no se recibía atención médica para Paula. Que, en palabras del personal del Hospital Materno Infantil, era por la falta de personal médico, señalando que sólo había un doctor. No fue hasta las 8:47, casi 9 horas después de solicitar su presencia, que llegó el agente del ministerio de trámite común a levantar la denuncia”.
Su llegada estuvo acompañada de prepotencia, refieren las colectivas, y de actitudes revictimizantes hacia la joven y su madre; además, señalan que éste quería levantar la denuncia sin la presencia de la PPIDNNA y de la Unidad Especializada de Atención a las Mujeres:
“Sin querer esperar a la Unidad Especializada, con actitud prepotente y re victimizante con la compañera y su mamá. Nos comunicamos con el Instituto estatal para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), para solicitar la presencia de agentes del Ministerio Público, quienes estuvieron interviniendo para que se esperará a la Unidad Especializada de Atención a las Mujeres y se pudiera tomar la declaración a las compañeras, en este sentido queremos reiterar que durante toda la madrugada y la mañana no hubo presencia ni contacto alguno desde la Fiscalía Estatal”, expresaron.
Alrededor de las 10:14 a.m. del domingo y después de transcurrir cerca de 12 horas de espera ya se encontraban reunidos la CNDH, el IMUG, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), la PPIDNNA y el IMM para tomar la denuncia de Paola, aunque esto tuvo que esperar, ya que le indicaron que tenía que acudir a rendir su declaración en las oficinas de Prevención Social, (ubicadas a más de 10 kilómetros de distancia), señalan las defensoras.
Hasta las 6:30 p.m. Paola logró salir del Hospital Materno con un diagnostico donde se señala que tiene “inflamaciones en los tejidos blandos (cuello y muñeca), además de tener lastimado el cartílago de la nariz” aunque sin fracturas, advirtieron las colectivas. Posterior a su salida acudió a presentar su declaración.
Las exigencias
Como parte de las exigencias y denuncias que la Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas, junto con las agrupaciones feministas y por la defensa de los derechos humanos: Barrio Feminista, AUDE, Verde Aquelarre, Mujeres en bici León, Resistencia Radical Irapuato, Comunidades Feministas Irapuato, Red de mujeres que lucha en León, Red por los Derechos de la Infancia en México, Sororidad DH y Brujas del Rincón han realizado públicamente, se encuentran las siguientes.
Durante la manifestación pudo identificarse a “una mujer de cabello rojo, blusa blanca, pantalón de mezclilla y mochila color beige”, que “era resguardada por elementos policiacos y que tomaba registro de las caras de muchas de las compañeras feministas que se encontraban en la manifestación”.
Según señalan, esta misma mujer se encontraba en el Cepol Norte, “saliendo y entrando del estacionamiento con comportamiento sospechoso y evidente autorización para transitar por esa zona exclusiva para personal del Cepol”.
En ese sentido, consideran que esta mujer vestida de civil “fue infiltrada en el movimiento para sacar registro de las compañeras y usarlo para represalias en contra de ellas”. Asimismo, no descartan que, al igual que ella, las autoridades pudieron “utilizar más elementos infiltrados para iniciar las provocaciones y las revueltas para poder hacer uso de la fuerza”.
Para las colectivas, los actos de represión y uso excesivo de la fuerza policial experimentados durante la manifestación del 22 de agosto, son una muestra clara de que a las dependencias encargadas de salvaguardar y proteger la integridad de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas “no les interesa la protección de nuestros derechos, y que al contrario son quienes los violentan con mayor brutalidad y crueldad” sentenciaron. Con ello, afirmaron que “no se trató de voluntades aisladas de algunos elementos de la policía, sino que se trató de una estrategia frente a la movilización y exigencia de las mujeres en León”.
Por ello, solicitaron que se investigue con enfoque de derechos humanos y de género el caso de la violencia ejercida en contra de Evelyn por parte de policías municipales, así como los casos ocurridos el 22 de agosto. Asimismo, piden la destitución inmediata de las y los agentes policiales responsables de la violencia ejercida en contra de las mujeres manifestantes, “toda violencia cometida por funcionarios públicos representa violaciones a derechos humanos”.
Demandan la destitución inmediata del Secretario de Seguridad Pública de León, “quien a través de estos dos últimos sucesos, ha demostrado su incapacidad como funcionario público para garantizar, respetar, proteger los derechos humanos de las mujeres”. Además, de una disculpa y reconocimiento público de parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el Gobernador Diego Sinhúe y el alcalde de la ciudad de León, Héctor López Santillana, donde se pronuncien sobre los hechos cometidos y reconozcan que se trató de tortura sexual.
Respecto a las autoridades municipales y estatales de procuración de justicia, tal es el caso de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les recordaron que es “su obligación garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de las 22 compañeras”. En tanto, a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, le exigen la emisión de recomendaciones a las instancias públicas que violentaron los derechos humanos de las manifestantes.
Finalmente, debido a la naturaleza de las graves violaciones a derechos humanos cometidas, así como, frente al contexto de violencia e impunidad que enfrenta el estado de Guanajuato, las colectivas feministas exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atraiga el caso “considerando que los hechos cometidos corresponden a tortura sexual”.
“Reafirmamos que la alianza entre colectivas feministas es clave para apoyar, acompañar y hacer posible el respeto a la dignidad de las mujeres, que nosotras y sólo nosotras somos capaces de agotar todos nuestros recursos para que no exista ni una compañera más asesinada, ni una compañera más desaparecida, ni una compañera más violentada. Nos queda claro que sólo nos cuidamos entre nosotras, y que ahora más que nunca “ME CUIDAN MIS AMIGAS, NO LA POLICÍA”.
