La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que este 21 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia de imputación en contra de Luis Alonso “N”, exfuncionario de Puerto Vallarta, por el delito de corrupción de menores.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografía de portada por Christian Noe Cantero Mora /@Christian CH
La nueva fecha, explicó la dependencia de seguridad estatal, fue solicitada ante un nuevo juez de control y oralidad del municipio de Puerto Vallarta, lugar donde acontecieron los hechos de violencia sexual en contra de una niña de 10 años. Asimismo, señalaron que lo anterior fue posible luego de que el Ministerio Público a cargo, obtuvo más datos de prueba.
Habrá que recordar que el pasado 26 de julio, la menor de edad fue víctima de Luis Alonso “N”, Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta, quien la retuvo de manera forzada dentro de su vehículo particular y abusó sexualmente de ella. El ahora exfuncionario fue detenido en flagrancia por policías municipales y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil el pasado 3 de agosto.
No obstante, en la audiencia de vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores llevada a cabo el viernes 14 de agosto, el Juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta, Jorge Luis Solís Arana, decidió no vincular al imputado por este delito al manifestar que no podía acreditarse, puesto que, la niña de 10 años “no había sentido placer”.
Las colectivas y organizaciones de mujeres que han acompañado el caso, habrían denunciado que la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta fue omisa en “no perseguir más de dos agravantes; al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio”; e, incluso, advirtieron que fue el propio Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, el encargado de asegurar que los peritos no habían encontrado huellas de abuso sexual ni maltrato.
Por ahora, Luis Alonso “N” permanecerá en prisión preventiva por seis meses vinculado por el delito de abuso sexual infantil, al que busca sumarse el delito de corrupción a menores; asimismo las autoridades de justicia en el estado establecieron un periodo de tres meses para el cierre de la investigación.
