La Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y demás organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, se han unido para recordar al Gobierno de México que la Guardia Nacional se creó como una autoridad encargada de la seguridad pública y la persecución de delitos, y no como hasta ahora ha operado arbitrariamente, realizando acciones que sólo competen al Instituto Nacional de Migración.
Desde julio de 2019, ambas organizaciones de la sociedad civil han promovido un amparo contra las atribuciones otorgadas a la Guardia Nacional para hacer revisiones migratorias, sin embargo, luego de casi un año de lucha y negativas constantes de parte de los jueces que consideraron que “una persona extranjera no tiene permiso para impugnar la Ley de la Guardia Nacional” aun cuando ésta le afecte directamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la oportunidad de decidir a favor de las personas migrantes que transitan por el país y han sido víctimas de revisiones migratorias arbitrarias y discriminatorias.
Con el hashtag “La Guardia No Es Policía Migratoria”, han lanzado una campaña para concientizar a la población y a las autoridades del país para que reconozcan las razones por las que la Guardia Nacional no debe desempeñarse como una policía migratoria.
Por Redacción ZonaDocs /@ZonaDocs
Fotografías: Pueblo Sin Fronteras
Después de casi un año de lucha y rechazos constantes de parte de jueces que consideraron que “una persona extranjera no tiene permiso para impugnar la Ley de la Guardia Nacional”, advirtiendo que dada “su condición migratoria la ley permite que la revisen”, este 19 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el amparo promovido por la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) desde el mes de julio de 2019; el cual, se presentó en contra de las atribuciones otorgadas a la Guardia Nacional para realizar revisiones migratorias.
Desde este día, recordaron las organizaciones de la sociedad civil en un comunicado, la SCJN tiene en su poder la decisión de proteger a las personas que transitan por el país de las revisiones migratorias arbitrarias y discriminatorias que cotidianamente comete la Guardia Nacional en territorio mexicano.
De esta manera, advirtieron las y los defensores, “al estudiar el caso, la y los ministros tienen la oportunidad de poner un alto a leyes claramente discriminatorias y abonar a que México tenga una política migratoria que respete a todas y todos”.
Pero ¿por qué la Guardia Nacional no debe ser una policía migratoria?, las organizaciones han considerado necesario concientizar a las y los ciudadanos, así como al Gobierno de México sobre por qué esta dependencia creada en mayo de 2019 para la seguridad pública y la persecución de delitos no debe ejercer labores que sólo competen a la autoridad migratoria.
Agentes de la Guardia Nacional llevan a cabo una redada en contra a personas migrantes durante la Caravana Migrante en enero de 2020. Fotografías: Pueblo Sin Fronteras
En primer lugar, es importante señalar que en México desde el año 2008 ya no es un delito ser migrante y no tener documentos, por lo tanto, estas revisiones y retenes que se realizan en diversas zonas de la ruta migratoria son contrarias a ley.
Mientras que, las detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Guardia Nacional ponen en riesgo a las personas migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes extranjeros, pero también mexicanos; y es que, las organizaciones han advertido que, bajo la legislación actual, cualquier persona puede ser detenida y revisada si las autoridades consideran que “no es mexicana”, ya sea por su color de piel, su acento o aspecto.
Estas detenciones arbitrarias se cometen al amparo de la Ley de Migración, ocurren en los autobuses, en retenes instalados por la Guardia Nacional y en contra de quien, a juicio de los agentes, “no parezca mexicano”; por ello, desde el IMUMI se han pronunciado para decir ¡basta de discriminar a las personas por no parecer mexicanas! y ¡basta de utilizar a la Guardia Nacional para contener la migración!
Desde julio de 2019, más de 26 mil agentes de la Guardia Nacional fueron desplegados en los territorios fronterizos del norte y sur del país, así como en diversos puntos de la ruta migratoria mexicana. Esta decisión fue tomada por el Gobierno de México tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos para reducir los flujos migratorios. A partir de esta fecha, el IMUMI tiene el registro de al menos “tres grandes incidentes donde hubo intento de allanamiento, acoso y hostigamiento” a los albergues que ofrecen ayuda humanitaria a la población migrante en Agua Prieta Sonora; Saltillo, Coahuila; y Veracruz.
También se cometieron actos de criminalización, hostigamiento y persecución de defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes. A esto se sumó la represión en contra de la Caravana Migrante en enero de 2020. Uso excesivo de la fuerza y encapsulamiento de personas con necesidades de protección internacional, fueron algunos de los hechos de violencia que enfrentó esta población en manos de agentes de la Guardia Nacional.
En el marco de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, refieren las organizaciones, también se registró un acto de represión donde participó la Guardia Nacional dentro de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, mientras personas migrantes pedían su salida después de semanas de detención prolongada e incertidumbre, así como, por la no aplicación de protocolos de sanidad para evitar la propagación del virus.
Finalmente, en el marco de las decisiones que podrán tomar las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante para las organizaciones recordarles que:
- La Guardia Nacional está para cuidar la seguridad de las y los ciudadanas, no para violar derechos humanos.
- La Guardia Nacional no se creó para detener violentamente a mujeres y niñez migrante.
- La Guardia Nacional no debe operar como policía migratoria. Eso es inconstitucional, es ilegal y es inmoral.
