Tan sólo en este año se han recibido 74 quejas por acoso y hostigamiento ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UdeG. Las recomendaciones emitidas por este organismo, desde su creación en 2018, no implican el cese de los violentadores.
Por Mariana Quintero / @mariquigoglez
La hostigó en repetidas ocasiones mientras transitaba por las jardineras, el estacionamiento, los pasillos, las canchas y a las afueras de la Escuela Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara (UdeG). David López Bautista, su profesor de deportes, le pedía su número y le decía que quería salir con ella.
Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2019, quedaron documentados en la queja DD/V3/007/2019 que fue levantada en febrero del año pasado ante los directivos de ese mismo plantel. Luego intervino la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la UdeG, quien dictaminó que David era culpable de las acusaciones y que, por ello, violaba los derechos universitarios de la víctima.
En la resolución sólo se le exhortó a que cesara su contacto con la alumna agredida y que realizara cursos de capacitación en materia de derechos humanos y violencia de género. Pese a los antecedentes, este docente todavía imparte clases en la Preparatoria 12 y en otras dos prepas, la 11 y 17.
En los casos de hostigamiento y acoso la Defensoría se ve obligada a darle seguimiento a la queja desde una perspectiva de género. Esto implica tener en cuenta que este tipo de agravios, por lo general, se presentan sin la posibilidad de que existan testigos, y es por ello que los elementos probatorios recaen en el relato de la víctima sobre los hechos.
La DDU también tiene la atribución de emitir recomendaciones; esto ocurre cuando se ha comprobado que existieron actos violatorios de los derechos universitarios, y tienen como propósito garantizar el respeto de éstos. Sin embargo, las determinaciones plasmadas en las recomendaciones no son vinculatorias.
Al respecto, Alejandra Cartagena, abogada y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), mencionó que si las recomendaciones no son vinculatorias el impacto es mínimo, pues el agresor puede o no acatar la recomendación.
“Si no se deja claro que la UdeG está en contra de esta situación, pues de nada no sirven sus recomendaciones, no sirven que se tomen la foto y que hagan pronunciamientos. Seguimos teniendo a estos agresores dentro de la universidad, dejando en un contexto de vulnerabilidad a las mujeres que estaban frente a estas personas”, añadió.
Otro caso similar se suscitó en febrero de 2019 en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el cual quedó registrado en la queja DDU/V1/0006/2019. Una alumna se encontraba a solas con uno de sus profesores en una de las aulas del plantel, pues le haría entrega de un proyecto. El docente comenzó a decirle que era muy guapa y sexy, que el hecho de sólo verla “lo hacía feliz y le aceleraba el corazón”.
Le dijo que no se preocupara, que la materia la tenía acreditada y antes de que ella se fuera le propuso insistentemente que él la llevaba a su casa, pero ella se negó. Aunque el nombre del agresor se mantuvo oculto en la recomendación 2/2019 que derivó de dicha queja, el medio Líder 19 dio a conocer el nombre. Se trata del profesor Francisco Javier Quintanilla Moreno, perteneciente al Departamento de Ciencias Computacionales, quien a la fecha, continúa dando clases en CUCEI.
“La única recomendación viable es que sus agresores queden fuera de la UdeG”, comentó Cartagena, quien hizo referencia al caso del ex coordinador de la carrera de antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Horacio Hernández Castillo, quien luego de ser acusado de acoso y hostigamiento por una profesora y alumnas, fue retirado del cargo.
Sin embargo, nunca dejó de aparecer en la nómina, pues una vez destituido, la UdeG comenzó a pagarle su jubilación.
“En ese mensaje de impunidad, a estos tipos les parece muy fácil seguir agrediendo y seguir acosando a las mujeres sin que pase nada”, sentenció Cartagena.
Según el artículo 40 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, es deber de la UdeG y de todas las Instituciones Públicas de Educación Superior: “promover la difusión, entre la comunidad estudiantil, de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres”.
Sin embargo, las denuncias públicas hechas por alumnas de esta casa de estudios, evidencian la falta de efectividad en la promoción de esas garantías. En una nota publicada el 15 de mayo de 2020 en el periódico Mural, se dio a conocer que del primero de enero hasta finales de marzo se levantaron 39 quejas por acoso y hostigamiento, según información dada por Dante Haro Reyes, presidente de la DDU.
En ese mismo texto se reveló que durante el periodo de aislamiento se han recibido 23 quejas por medio de formularios en línea y otras 12 de manera escrita en el sitio web de la UdeG. En total son 74 quejas hasta la mitad de mayo de este año. No se han podido conseguir datos más actuales y precisos debido a que los plazos de transparencia no se encuentras vigentes para la UdeG.
UdeG y la “Cero Tolerancia”
En marzo de 2019, dos alumnas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) fueron víctimas de agresión sexual por parte de Josue Jafet Gutiérrez Jiménez y Juan Pablo Plascencia Villegas, entonces estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero. Los dos formaban parte de la banda “Los Tornillos”, conformada por siete estudiantes de ese centro. Las dos víctimas, además de hacer público el caso, decidieron levantar una denuncia penal ante el Centro de Justicia Para las Mujeres Jalisco.
En julio de ese mismo año, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la expulsión definitiva de los agresores y les restringió el acceso a los planteles de la institución. A raíz de ello surgió la colectiva Me Too CUCS, la cual, además de acompañar el caso y publicarlo en redes sociales, comenzó a denunciar por ese medio a presuntos profesores hostigadores y alumnos acosadores del CUCS.
“Se ha normalizado el acoso sexual (…) hay alumnas que nos oponemos y lo decimos abiertamente; muchas estamos dispuestas a vivir las consecuencias de hacer señalamientos pero hay muchas que prefieren seguir calladas por miedo a represalias”, comentaron miembras de la colectiva en entrevista para este reportaje.
Como ellas nacieron otros grupos feministas tales como: CUCEI Fem, Feministas en CUCBA, Me Too CUAAD y Me Too UDG, que tomaron plataformas como Facebook y Twitter para señalar agresores de la comunidad universitaria.
Al respecto, las chicas de Me Too CUCS comentaron que también han realizado denuncias penales:
“ tienen conocimiento en la Defensoría, la Rectoría, el abogado y el Secretario General, pero nadie ha hecho nada para prevenir, sancionar, ni erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro centro universitario”.
En abril de 2019, Ricardo Villanueva Lomelí tomó protesta como Rector General de la UdeG, “en esta casa habrá cero tolerancia a cualquier acto de acoso”, dijo entonces. Reiteró lo mencionado en aquel discurso cuando se dio a conocer, en febrero de 2020, la situación de acoso y hostigamiento que vivían alumnas de la Preparatoria Tonalá, “sus denuncias ya no quedarán solo en tendederos anónimos”, publicó en un mensaje en Facebook.
Sin embargo, durante la marcha feminista del 8 de marzo de 2020, mujeres pertenecientes a dicha casa de estudios plasmaron sus consignas en el edificio de Rectoría General y en el Museo de las Artes (MUSA), ambos propiedad de la UdeG. Éstas hacían referencia a las violencias cotidianas de las que son víctimas dentro de la institución.
Justo al día siguiente, la universidad emitió un comunicado en donde aseguró que las pintas no serían borradas hasta cada una de ellas hubiera sido documentada. Además se comprometieron a mejorar los protocolos de atención a víctimas, desde una perspectiva feminista, y trabajar en las sanciones a los agresores.
Ese mismo 9 de marzo, durante el paro de mujeres que tenía como propósito la reflexión sobre las violencias machistas, alumnos del CUCEI decidieron hacer una “carne asada” para “festejar” la ausencia de sus compañeras. Dos días después de ello, alumnas de este mismo centro universitario que se mostraron indignadas, y realizaron una marcha para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia que viven.
“Algunos compañeros se tornaron un poco renuentes, o se burlaban (…) respecto a las autoridades, estas medidas no les parecen adecuadas y nos han dicho que existe un protocolo para hacer denuncias”, mencionó Karla estudiante de CUCEI. El nombre es ficticio para resguardar su identidad.
Ella misma dijo que otra de las alternativas que han surgido para exponer y visibilizar agresores, ha sido la de colocar tendederos, en los que cuelgan sus fotos y datos de identificación:
“ no les gustó la idea del tendedero, por lo mismo lo quitaron y pidieron que que no se diera nombres (…) nosotras mismas tenemos que probar otras maneras, tampoco podemos sentarnos a esperar a que a ellos se les ocurra hacernos caso”.
Los alcances de la Defensoría y las demandas
El 29 de octubre de 2018, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la creación de la DDU, que contaría con un titular, un secretario y tres visitadurías. Éstas últimas son las encargadas de llevar el registro de las quejas por presuntas violaciones a los derechos universitarios emitir medidas cautelares para evitar que se sigan violentando derechos de la víctima mientras está en curso una investigación, y si es necesario, llevar procesos de conciliación.
Pese a la existencia de este mecanismo, tanto Karla como la colectiva Me Too CUCS señalaron que las demandas no se atienden satisfactoriamente y que la omisión ha sido una constante:
“Los pronunciamientos se realizan muy fácilmente cuando no hay fechas compromiso, no las hay y no las habrá. El rector Villanueva llegó hace un año y las cosas no han cambiado”, mencionaron las integrantes de Me Too CUCS.
Cartagena señaló que es necesario que la UdeG y el resto de instituciones educativas públicas y privadas, comience a incluir en sus currículas la perspectiva de género y de derechos humanos, además de contar con sanciones rigurosas que expliciten la cero tolerancia a los agresores.
“Quién va a querer denunciar, si cuando las mujeres denuncian las que están expuestas, atacadas, de las que se burlan, las que son señaladas, son las mujeres. No es que falta una cultura de la denuncia, lo que falta es una cultura de acompañar a las mujeres que están viviendo la violencia tan normalizada”, dijo Cartagena.
Hasta el momento solo diez de los quince centros universitarios de la red, cuentan con un representante de la DDU; para la atención de 71 preparatorias, se cuenta únicamente con dos representantes de esta Defensoría. Lo anterior se traduce en que tampoco hay una cobertura total de para toda la Red Universitaria.
“Les pediría conciencia y también más firmeza hacia los compañeros o maestros que tienen este tipo de conductas (…) actualmente han comenzado a hacer talleres o pláticas sobre equidad de género o cosas por el estilo, pero creo que hace falta mucho más”, mencionó Karla al respecto.
Cartagena comentó que la UdeG debería dar acompañamiento legal de las víctimas, respaldándolas con la atención de abogados con los que la misma institución cuenta. Reiteró también que no sólo se trata de crear organismos, ni diseñar protocolos, “se trata de que no tenemos servidoras y servidores públicos con perspectiva de género y derechos humanos que quieran hacer bien su trabajo”.
