La organización Pueblo Sin Fronteras, informó sobre el fallecimiento por COVID-19 de una persona migrante de origen hondureño el pasado 23 de julio en Caborca, Sonora. Según advirtieron, la persona había sido llevada al hospital para recibir atención médica, sin embargo, fue enviada de regreso a las instalaciones del albergue que dirige esta organización donde perdió la vida.
Si bien, Pueblo Sin Fronteras aseguró que fue provisto de cuidados y se cumplió en la medida de lo posible con el aislamiento obligado, denunciaron que las autoridades estatales y sanitarias hasta ahora no han brindado atención a la situación para resguarda la salud de las personas migrantes, así como, de la comunidad de Caborca; por ahora, les han solicitado medidas cautelares.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de Portada: Pueblo Sin Fronteras
Tenía 47 años, era originario de Honduras y murió en México a causa del COVID-19, así pudo confirmarlo el médico forense que examinó su cuerpo. Falleció durante la mañana del jueves 23 de julio dentro del Albergue para personas Migrantes de la organización Pueblo Sin Fronteras ubicado en Caborca, Sonora, luego de que personal médico de la Secretaría de Salud en aquel municipio no considerara sus síntomas suficientes como para hospitalizarle.
Por ello, para quienes forman parte de Pueblo Sin Fronteras, “esta muerte se debe a la negligencia médica… y pudo haber sido evitado si no fuera por las políticas anti-migrantes y actitudes xenofóbicas de las autoridades municipales y estatales en Caborca y Sonora”.
De acuerdo con la organización que lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, la persona de origen hondureño permaneció enfermo por una semana, hasta que, dos días antes de su muerte, el martes 21 de julio, fue solicitada una ambulancia de la Secretaría de Salud para ser llevado a un hospital, donde se buscaba que se le aplicase una prueba para detectar si se trataba de un caso de COVID-19.
Sin embargo, a decir del personal médico la prueba resultó “negativa”, mientras que, el diagnóstico ofrecido por el doctor a cargo fue que “el paciente presentaba solamente un cuadro de deshidratación y que su elevada hipertensión se debía seguramente a la ansiedad y preocupación de haber recibido alguna mala noticia de su familia en Honduras”.
Posteriormente, afirma la organización en un comunicado, la persona migrante fue “sacado del hospital a la calle, donde la policía municipal lo encontró y llevó de regreso ya por la tarde al albergue”. En este espacio, se hizo lo posible para mantenerlo aislado de la población general y ofrecerle los cuidados necesarios; no obstante, advierte Pueblo Sin Fronteras “su condición de salud fue empeorando al grado que al siguiente día ya no pudo levantarse de la cama y así permaneció el resto del día y noche”.
Aunque se intentó buscar nuevamente el apoyo de los servicios de salud locales, nunca hubo respuesta.
Cerca de las 6:30 a.m. del pasado 23 de julio, personal del albergue confirmó que había fallecido en su cama y, si bien, se realizaron distintas llamadas al 911 y a la Cruz Roja para que acudieran a recoger su cuerpo, fue hasta las 11:00 a.m. que personal de la Cruz Roja llegó al lugar. Poco más tarde, el encargado del albergue recibió una llamada del médico forense que examinó el cuerpo de este migrante hondureño y pudo confirmar que “tras haber realizado prueba de COVID-19, ésta había salido positiva” aseguraron en el comunicado.
Por lo anterior narrado, desde la organización Pueblo Sin Fronteras se hace un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-Sonora) para que, a través de su intervención, se convoque a los tres niveles de gobierno y a las autoridades sanitarias para que atiendan y den cobertura a la “emergente situación y brinden la atención necesaria y “medidas cautelares” para preservar la salud y seguridad de las personas que actualmente se encuentran en el albergue “Casa del Migrante Caborca”.
Particularmente, han señalado la necesidad de que se atienda de manera urgente a todas las personas migrantes que se encuentran en albergues, casas del migrante y centros de asistencia de la sociedad civil y de la Iglesia Católica en el estado de Sonora, ya que las autoridades no han generado ningún tipo de acción hasta el momento.
Y es que, advirtieron que lo ocurrido es prueba de la “falta de atención y entendimiento de la situación crítica que enfrentan las personas migrantes que diariamente son deportadas y de las que se encuentran alojadas en los espacios o albergues atendidos por organizaciones de la sociedad civil e iglesias”; puesto que, pese a que “insistentemente y con anticipación” se les ha advertido a las autoridades sobre “el alto índice de contagios ocurridos en la entidad” se han negado al diálogo y a la construcción de estrategias que permitan garantizar el acceso a la salud para esta población vulnerable:
“De parte de los representantes de PSF hemos solicitado a las autoridades municipales y estatales un espacio para el diálogo y la construcción de estrategias encaminadas a prevenir situaciones de salud y seguridad que vulneren aún más las condiciones de la población migrante de los albergues y la que fluctúa diariamente en el Estado derivado de las deportaciones de EE.UU., sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta; al contrario, en lugar de diálogo y entendimiento, lo que hemos recibido es hostigamiento y persecución en contra de los espacios para personas migrantes y en contra de ellas directamente”, expresaron.
Concluyeron advirtiendo que, como organizaciones de la sociedad civil, la salud y los derechos de las personas migrantes seguirán siendo su prioridad, sin embargo, se mantendrán a la espera de que el gobierno estatal y municipal responda a su compromiso y atienda “este tema de salud pública que es importante para todas y todos”.
