A través de un video difundido en las redes sociales, algunas de las víctimas de la violencia policial agrupadas en el Colectivo #Somos456 y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acordaron realizar un foro de diálogo para discutir la estructura y trabajo de las instituciones de seguridad que los días 4, 5 y 6 de junio violentaron de manera grave los derechos de las y los jóvenes que se manifestaron en Guadalajara por la detención arbitraria y ejecución extrajudicial de Giovanni López, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificaron lo ocurrido como una grave violación a los derechos humanos que no se podrán resarcir hasta que no se garantice justicia y medidas de no repetición; sobre ello, no se abordó nada en el video, pero sí en la respuesta que el Gobierno de Jalisco entregó a la ONU, a quien aseguró que se está realizando una investigación que llegará al fondo de los hechos.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Detenciones arbitrarias, tortura, violencia policial y desapariciones forzadas fueron los delitos que se cometieron contra las y los manifestantes que protestaron los días 4, 5 y 6 de junio en Guadalajara por la detención arbitraria y ejecución extrajudicial de Giovanni López, cometida por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillo, el 4 de mayo de 2020.
Sin embargo, ninguno de estos delitos fueron pronunciados en el video mediante el cual el Colectivo #Somos456 y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaron la creación de un foro de diálogo para darle cambio a la retórica con la que se ha tratado la violencia y brutalidad policial de la que fueron víctimas muchos de las mujeres y hombres jóvenes que aparecen en el video junto al gobernador en el Palacio de Gobierno de Jalisco, sitio donde, a través de varios testimonios, se sabe que se torturó a varios de los jóvenes detenidos.
Por los delitos cometidos en manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio, a la fecha, sólo se tiene a dos integrantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco sentenciados y a 14 elementos suspendidos por su posible participación en la detención arbitraria de 30 jóvenes y en la desaparición forzada de más de 80, esto además de la decena de denuncias por violencia y brutalidad policial cometidas durante las protestas.
“Somos más de 100 jóvenes agrupados en un colectivo surgido de una tragedia que conjunta mucha manos entrelazadas buscando justicia porque soñamos con una patria distinta donde la sociedad, el gobierno y las corporaciones policíacas no deberían ser entes separados, por el contrario, proponemos desde #Somos456 que conformemos una sola realidad”.
Fueron las palabras con las que abre el video con el que jóvenes víctimas y el gobernador acordaron:
“Crear un proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad, reconstruir la relación con las víctimas y sus familias, así como para recuperar la confianza entre sociedad y las instituciones públicas a partir del diálogo y la participación ciudadana”.
En esta apertura al diálogo, las y los jóvenes del Colectivo #Somos456 aseguraron que siguen en pie de lucha y que esto es un camino esperanzador para conseguir la justicia respecto de los hechos que les tocó padecer:
“Es tiempo de repensarnos como sujetos políticos e ir más allá de los partidos y las instituciones. Necesitamos vernos a los ojos y afirmar que es más lo que nos une que lo que nos separa, nuestra voz rebasa la pantalla porque detrás de este cubrebocas hay una idea y las ideas son aprueba de ataques. Esperamos que la voz ciudadana resuene con la fuerza necesaria para comenzar la transformación hacia un Jalisco de paz, hasta que la justicia sea costumbre y la victoria sea histórica”.
Por su parte, Enrique Alfaro reconoció la voluntad de los jóvenes para hacer de lo ocurrido un punto de partida para cambiar a las instituciones de seguridad, aunque hizo poco énfasis en la falta de justicia a más de dos meses de los hechos:
“El primer paso, como Gobierno, es reconocer que en los días 4, 5 y 6 de junio, quedó en evidencia que tenemos muchas cosas que cambiar de fondo en las instituciones públicas de seguridad (…) Por esta razón, hemos decidido emprender un proceso de diálogo entre los cuerpos policiales, las instituciones, la academia y las víctimas para revisar y adecuar los marcos legales que norman el uso legítimo de la fuerza”.
Este “Diálogo colaborativo para la Construcción de paz, la seguridad ciudadana, la reforma policial y los derechos humanos en Jalisco” iniciará el 15 de agosto mediante foros virtuales divididos en cuatro ejes:
Eje 1. Derechos Humanos y Cultura de Paz
Eje 2. Revisión del funcionamiento de las policías
Eje 3. Revisión del modelo de investigación ministerial
Eje 4. Arte, Cultura y Filosofía para Todos-as
A decir de la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra:
“los documentos y relatorías generados en cada eje, servirán de insumos para las mesas técnicas en las que plantearan las reformas jurídicas, los reglamentos, protocolos, se analizaran las necesidades de formación para la dignificación y la profesionalización de nuestros policías”.
Finalmente, Alfaro Ramírez señaló:
“Como gobernador, refrendo mi compromiso con ustedes y con todos los integrantes de #Somos456, con sus familias y con todas las personas que se vieron afectadas de alguna manera: vamos a iniciar juntos, un proceso de diálogo, de construcción, de debate de la mano de especialistas, de las instituciones públicas y de las víctimas”.
Conforme a la Ley General de Víctimas en su artículo 26, las víctimas de la violencia más allá de un foro de diálogo tienen derecho a:
“Ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.
Incluso, uno de los mecanismos internacionales que se proponen cuando ocurren graves violaciones a los derechos humanos como las ocurridos el 4, 5 y 6 de junio en Guadalajara es el establecimiento de una “Comisión de la Verdad”, mecanismo con el que se busca el esclarecimiento histórico de un hecho mediante herramientas y metodologías de las ciencias sociales y las humanidades, esto con el objetivo de producir un informe que brinde una narrativa objetiva y aceptable por la sociedad respecto de a los hechos que menoscabaron los derechos humanos de las víctimas.
Un mecanismo de este tipo se considera no revictimizante para las víctimas porque no las coloca de frente a sus victimarios y en situaciones que son inequitativas para la consecución de justicia y medidas de no repetición.
Gobierno de Jalisco responde PARCIALMENTE A recomendaciones de la ONU por violencia policial
Un mes y medio después de que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviara al Gobierno de Jalisco una serie de recomendaciones por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado contra las y los manifestantes de las protestas del 4, 5 y 6 de junio; el Gobierno de Jalisco emitió el oficio 84/2020 donde responde cada uno de los señalamientos.
Uno de los puntos más relevantes fue el cuestionamiento al actuar de las corporaciones de seguridad a lo que el Gobierno de Jalisco se comprometió a realizar capacitaciones, talleres y actividades para fomentar una cultura de derechos humanos entre las y los policías; mismas que, según sus propios informes, han venido realizando y que no han incidido en una disminución en las denuncias por abuso policial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Sobre la realización de una investigación penal y administrativa “rápida, imparcial, eficiente y transparente”, la respuesta firmada por Enrique Alfaro señala que la Fiscalía del Estado de Jalisco: “ya está trabajando para llegar al fondo de los hechos y, a la fecha, ya se tienen dos elementos procesados”.
Sin embargo, ambos agentes han presentado una revisión de sus casos al considerar que se les quiere fincar toda la responsabilidad de los hechos: “Ellos recibieron órdenes de sus superiores y ahora resulta que fueron responsables de todo lo que pasó, el 5 de junio”, señalaron sus familiares.
Sobre las investigaciones internas que se realizan tanto en la Fiscalía Anti-corrupción y en la Dirección de la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco se aclaró que siguen en curso y que son 14 elementos separados temporalmente de sus cargos; no obstante, no se aclaró la dimensión de la operación que logró la desaparición forzada de más de 80 jóvenes durante el 5 de junio.
Testimonios recabados por ZonaDocs señalan que, por lo menos, ocho policías se vieron involucrados en la detención y posterior liberación, luego de sufrir tortura y vejaciones, de grupos de cinco a seis jóvenes que fueron dejados a las afueras de la ciudad. 14 elementos no corresponderían al número de elementos involucrados, la tarde del 5 de junio.
Sobre la modificación de los protocolos de actuación policial y la reforma de las instituciones de seguridad, el Gobierno de Jalisco se comprometió a realizar un ejercicio abierto a la opinión de la ciudadanía, víctimas y expertos en la materia; uno de los primeros esfuerzos será el “Diálogo colaborativo para la Construcción de paz, la seguridad ciudadana, la reforma policial y los derechos humanos en Jalisco” que iniciará el 15 de agosto y el cual se construyó de manera conjunta con el Colectivo #Somos456.
El documento respuesta, también plantea la creación de un “grupo especializado en manejo y desescalamiento de protestas sociales”, el cual busca evitar la violencia durante manifestaciones, así como recurrir al diálogo para la resolución de conflictos, proteger el patrimonio público y privado, y asegurar artefactos peligrosos como explosivos o armas.
Los delitos cometidos por elementos de la Fiscalía y diversas policías municipales, los días 4, 5 y 6 de junio fueron: Detenciones arbitrarias, tortura, violencia policial y desaparición forzada.
Momento en que policías estatales detienen de manera arbitraria y con violencia a un joven que participó en la manifestación del 4 de junio en el centro de Guadalajara (Foto: Mario Marlo).
