Columna AMEDI Jalisco
Por Araceli Fabián /@Lafabianne
AMEDI Jalisco / @AmediJalisco
La libertad de expresión es un derecho humano universal, civil y político consagrado en la constitución mexicana en sus artículos 6° y 7°, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19. Esta libertad, de la que como individuos gozamos para expresar nuestros pensamientos, reflexiones y cuestionamientos de forma responsable, ha sido motivo de un constante acecho por diversas fuerzas restrictivas del poder político y económico en México desde el siglo XIX.
Fuerzas que han intentado por todos los medios socavar este derecho, ya sea por la vía jurídico-legal, físico-emocional o económico-laboral. No obstante, a pesar de estos obstáculos, garantizar política y legalmente la libertad de expresión es esencial para las sociedades democráticas, pues nos invita a todos como ciudadanos a ser partícipes activos en la deliberación de asuntos de interés público en torno a decisiones político – económicas, que nos interpelan.
Expresiones que en el ámbito social pueden darse desde muy diversas aristas y enfoques, a través de la manifestación en las calles y espacios públicos, o la presencia en redes sociales como símbolo de involucramiento político, que; empero, se sustenta o debe sustentar -en buena medida-, en la exigencia ciudadana a una excelente calidad informativa de los medios y sus periodistas, por tanto, una justa exigencia al derecho fundamental de la libertad de prensa, de la protección y seguridad para los informantes.
Así pues, las esferas de lo social y lo informativo se deben complementar mutuamente, entendiendo, que; de la calidad de una, dependen las posibilidades críticas, reflexionas y analíticas de la otra. Este binomio por décadas separado, debe tomar un nuevo cauce que a ambos beneficie para defender los derechos y libertades que les son propios: el de la información y expresión. Pues sin una información seria, veraz, objetiva, contrastada y comprometida con la verdad, no pueda ser posible una sociedad crítica, exigente y cero tolerante con la corrupción, la violencia y la impunidad, tan características de nuestro sistema político mexicano.
Es en este orden de ideas, que, para dar cuenta de las condiciones actuales de la libertad de expresión en México, tanto de los periodistas como de los Defensores de Derechos Humanos, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE), presentó en este mes de julio su informe 2020, sustentado en datos de distintas regiones del norte, centro – occidente y sur del país, entre las que se encuentran: Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Chiapas con algunos breves apuntes de Colima y Michoacán.
El citado informe planteó en términos metodológicos un trabajo de grupos focales de discusión para analizar el contexto en que se lleva a cabo o no, el ejercicio de libertad de expresión en dichas regiones, para ello se clasificaron seis categorías en la que se identifican las mayores problemáticas: inseguridad, autocrítica, medios de comunicación, mecanismos de protección y acceso a la justicia, acceso a la información pública y hostigamiento y acoso sexual.
En el caso puntual de los periodistas, que es el que me interesa tratar en esta reflexión persisten viejas problemáticas que se agudizan con los años como el permanente vacío del Estado de Derecho, el discrecional gasto en materia de publicidad, las constantes agresiones y la cada día más aguda polarización social y política, que hace de los periodistas blanco de estigmatizaciones, aumentando así su vulnerabilidad.
Aunado a lo anterior, se evidencia un esfuerzo por opacar la exigencia a transparentar recursos y rendir cuentas, al burocratizar el acceso a la información por parte del gobierno, así como, por parte del gremio periodístico, la incómoda existencia de una permanente lucha de poderes que suponen divisiones internas, complicando así, la articulación de demandas conjuntas y acciones comunes que impliquen mejoras en materia de seguridad y derechos para los propios periodistas, muchos de ellos poco autocríticos con su trabajo y posición de mediación, y otros conscientes de la necesidad de realizar y fomentar un periodismo mucho más crítico y ético.
Un periodismo de investigación, que se complica considerando la ausencia de un Estado democrático sólido, independiente de poderes alternos o cúpulas empresariales. Las divisiones del gremio, la profesionalización desigual, la ausencia de políticas de protección en ambientes con altos niveles de inseguridad, los problemas económicos para solventar las investigaciones y la sensación de abandono por buena parte de la sociedad para comprometerse con esta ardua tarea que a todos beneficia.
Así pues, en esta línea argumentativa, el informe expone un resultado poco sorpresivo que evidencia condiciones laborales precarias, ausencia de protocolos de protección y códigos de ética que fomentan, cual círculo vicioso, condiciones de constante subalternidad y co-dependencia para los profesionales de la información, mismos que subsisten en entornos adversos por todos los flancos: económicos, emocionales y desde el 2006 a la fecha; de total indefensión, pues la confianza y credibilidad en las Instituciones de impartición de justicia o mecanismos de protección para su cuidado es nula. Siendo sujetos a un constante hostigamiento judicial, laboral y social que trasciende la incomodidad patronal y se exhibe en patrones culturales de acoso por parte de funcionarios públicos.
En conclusión, el panorama para el ejercicio de la libertad de expresión en México en el 2020 continúa siendo gris, pues de pronto los claros se tornan oscuros y persisten los obstáculos histórico – estructurales de décadas de autoritarismo, que complican equilibrar la balanza de poder, es decir, si la sociedad en su conjunto no concibe como relevante el riesgo que para otros implica informar, caemos en un vacío. En una zona de silencio como la que por décadas ha imperado en las regiones del norte del país y parece comenzar a imponerse en el Bajío.
