El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que, el miércoles 29 de julio de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el amparo presentado por la omisión legislativa en la que han incurrido las y los diputados al no modificar el marco normativo que genera discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres en Veracruz.
Una lucha que, han considerado, lleva gestándose más de cuatro años y busca garantizar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en aquel estado.
Por Samantha Anaya/ @ Sam_An16
El 5 de abril de 2016 fue solicitada la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Veracruz, por agravio comparado –que se busca eliminar las desigualdades insertadas en los ordenamientos jurídicos y/o políticas públicas que nieguen el reconocimiento y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres-, debido a que se encontró que a más de 400 niñas se les negó acceder a un aborto por violación.
El informe sobre la AVGM ante el agravio comparado se obtuvo un año más tarde, en marzo de 2017. Dicho informe, señala los derechos reproductivos de las mujeres y los obstáculos de acceso al aborto legal, además de que incorpora los modelos de mayor protección de los derechos de salud reproductiva de las mujeres. También, en este documento se establecen recomendaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales tomaron el compromiso de garantizar el cumplimiento de dichos derechos humanos para cada una de las mujeres en el estado.
En 2016, se llevó a cabo una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 4° de la Constitución, el cual actualmente reconoce la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por esta misma razón, más del 90% del personal de salud se declaró en contra de la iniciativa, lo cual se vio reflejado en la nula garantía del derecho humano de las mujeres al aborto legal.
Ante esta situación, las organizaciones peticionarias de la AVGM interpusieron un recurso de amparo por la omisión legislativa en la que incurrieron las y los diputados al no modificar el marco normativo que genera discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres. En consecuencia al otorgamiento del amparo, el Congreso de Estado impugnó la resolución mediante recursos de revisión, lo cual fue tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito; este último finalmente declinó y solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción del mismo.
El 19 de junio de 2019, la Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad de garantizar el control de la legalidad con rango constitucional, por la posible omisión legislativa de reformar diversos artículos del Código Penal veracruzano y que forman parte de las recomendaciones presentes en el informe de la AVGM.
El 20 de julio de 2020, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dio a conocer que el caso fue listado para su resolución el próximo 29 de julio.
Por ello, con fundamentos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención de Belém do Pará, se le exige al Poder Legislativo del estado modificar los artículos 149, 150 y 154 de Código Penal del estado de Veracruz, ya que actualmente marcan normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra las mujeres que debieron haber sido reformadas sin retraso por el Gobierno del estado.
En el comunicado se puntualizó que el proyecto de sentencia (que busca modificar el marco penal en materia de aborto) tiene algunas debilidades, especialmente el no considerar vinculatoria a la AVGM por agravio comparado, a pesar de que sí evidencia las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y las obligaciones de las autoridades legislativas.
Desde el OCNF, responsable de la articulación de varias declaratorias de AVGM, incluyendo la de Veracruz, se considera que el argumento de no reconocer como vinculante a la AVGM por agravio comparado puede llegar a confundirse con algunos estándares internacionales en la materia, lo cual, declara el OCNF, harán del conocimiento del Ministro ponente y del resto de la Primera Sala de SCJN, a través de un documento de Amicus Curiae, previsto para el 27 de julio.
En este documento se presenta la naturaleza de la AVGM, el cual funge como un mecanismo de protección para las mujeres en situación de violencia, por lo que se debe considerar vinculante con las acciones que buscan modificar el marco obligatorio del Estado mexicano en materia de derechos humanos, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, se reitera en el comunicado la obligación que tiene el Congreso del Estado de Veracruz de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, así como sus obligaciones insertadas en los tratados internacionales ratificados por México.
Con ello, recuerdan que las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo son parte de su esfera privada, las cuales no deben estar sujetas a la potestad sancionadora del Estado.
Sancionar el aborto con una “medida educativa” o “de salud” representa una forma de infantilizar a la mujer, puesto que ponen en duda su capacidad de poder tomar decisiones por su cuenta, y prejuzga que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es la correcta, la cual tiene de trasfondo un listado de ideas preconcebidas desde los roles de género replicados por la sociedad.
Ante este panorama, el debate que realizará la SCJN el próximo 29 de julio sienta un precedente para garantizar el derecho a la salud y a la interrupción legal del embarazo para niñas, adolescentes mujeres.
