En rueda de prensa, familiares de personas desaparecidas en Jalisco junto con organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que las y los Diputados del Congreso del Estado de Jalisco, particularmente quienes integran y presiden la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, han fallado en cumplir con el compromiso adquirido durante las mesas de trabajo del mes de enero, sobre garantizar un proceso abierto, transparente, incluyente y que tuviera las condiciones para hacer una revisión adecuada del paquete de leyes en materia de desaparición de personas y atención a víctimas en Jalisco.
El pasado 17 de julio enviaron una carta a las y los legisladores de dicho órgano, donde solicitaron una reunión que les permitirá trazar una hoja de ruta sobre el proceso, sin embargo, advirtieron, además no haber recibido una respuesta, la Junta de Coordinación Legislativa del Congreso emitió una orden para dictaminar las tres leyes y pasarlas al pleno en los próximos días: “sin informar de manera oficial” a familiares de personas desaparecidos y demás víctimas de la violencia.
Fue sólo después de que se diera a conocer algunos casos de COVID-19 hacia adentro del Congreso del Estado que el plan se detuvo hasta que se reanuden actividades en dos semanas.
Asimismo, reclamaron no conocer el contenido real de los dictámenes de ley a los cuales sólo han tenido acceso de manera extraoficial. Por ello, además de enviar una comunicación ante diversas instancias internacionales de derechos humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, las familias realizarán la clausura simbólica del Congreso del Estado de Jalisco el próximo martes 28 de julio.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Con más de dos años de retraso y el paso de dos legislaturas (la pasada LXII y la actual LXIII), el Congreso del Estado de Jalisco ha buscado una vez más dictaminar y votar la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, sin cumplir debidamente con el principio de participación conjunta previsto en la Ley General de Desaparición de Personas.
La cual, junto con la Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas forman parte del paquete legislativo que, durante el mes de octubre de 2019, envió al Congreso del Estado el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Si bien, en aquel momento Alfaro Ramírez afirmó que los documentos presentados contaban con la anuencia de los colectivos de familiares y personas expertas en el tema, las familias rechazaron que estos fueran dictaminados y votados sin antes pasar por una revisión profunda; que respondiera a un proceso real sin simulaciones, transparente, abierto y participativo, donde se contara, además, con la intervención de familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia de todo el estado y organizaciones de la sociedad civilexpertas nacionales e internacionales.
Algunos meses después, en enero de 2020, gracias a la exigencia de las familias de personas desaparecidas en el estado y sus organizaciones acompañantes, consiguieron que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios ofreciera las condiciones para llevar a cabo una jornada de tres días de mesas de trabajo para poner en común el contenido de las tres leyes vitales para el segundo estado en el país con más víctimas de desaparición y de la violencia.
En el desarrollo de éstas, se denunció que el proceso había formado parte de una simulación, donde, además de carecer de una estructura funcional para la discusión del material legislativo, no se había contado con la presencia de las y los diputados del Congreso del Estado, pese a que dichas mesas se realizaron en el recinto legislativo.
Luego de que las familias y sus acompañantes presentaran un ultimátum a las y los legisladores, se pactó -sin una fecha clara- la realización de mesas técnicas de trabajo que incorporaran a las familias en las discusiones técnicas de las leyes donde, según advirtieron defensoras y defensores “artículo por artículo vayan (las y los diputados) incorporando las peticiones de las familias”.
Sin embargo, a cinco meses de este acuerdo y luego de la llegada de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, las y los diputados, particularmente quienes integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y su presidente, diputado Jorge Gonzáles Arana, han sido nuevamente negligentes y omisos en hacer valer las peticiones y acuerdos a los que se llegó con las familias y sus organizaciones acompañantes.
Según advirtieron en rueda de prensa este lunes 27 de julio el Colectivo Por Amor a Ellxs; el Colectivo Entre Cielo y Tierra; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD); el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.; el Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); así como el Observatorio Legislativo ITESO; y la organización TÓMALA, no existe voluntad de parte de las y los legisladores para generar leyes que respondan a la realidad que enfrenta el estado en materia de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, puesto que:
“Una ley que ignora a las familias no es una ley que responde a las víctimas”, exclamaron.
Así mismo, refirieron que hasta el momento “no se cuenta con un marco legal adecuado” que permita atender la crisis de derechos humanos, violencia, desapariciones y fosas que lacera la vida de miles de personas en Jalisco.
SIN RESPUESTAS A LA CARTA ENVIADA
El pasado 17 de julio, como parte de los esfuerzos que organizaciones y familiares han venido realizando posterior a las mesas de trabajo de enero y como respuesta a los nuevos contextos de trabajo producto del inicio de la pandemia, enviaron una carta ante el Congreso del Estado, dirigida a la Comisión Legislativa para requerir una reunión donde pudiera presentarse “la hoja de ruta que ha previsto el Congreso del Estado para la revisión, discusión, dictaminación y posterior votación” de las tres leyes.
Sin respuestas reales y, por el contrario, declaraciones públicas de parte del diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge González Arana, que buscaron inculpar a las familias sobre la demora en los procesos, asegurando que: éstas se negaron a aceptar el trabajo legislativo desde la virtualidad; poco después las y los diputados informaron que, en los siguientes días, se dictaminarían y votaría en el pleno las leyes.
Integrantes del colectivo Entre Mar y Tierra en manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco (Foto: Dalia Souza).
RECHAZO A LA VOTACIÓN EXPRÉS DE LAS LEYES
En su intervención, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, (CEPAD),afirmó que “no hubo respuesta oficial a la carta”, sino, sólo la orden de la Junta de Coordinación de la Comisión de Derechos Humanos para “dictaminar las tres leyes y pasar esta semana al pleno sin informar de manera oficial a familiares de personas desaparecidas”.
Si bien, el plan se detuvo, no fue porque así se buscase; según precisó Anna Karolina Chimiak, esto responde a los recientes casos de contagio de COVID-19 dentro del recinto legislativo. La información que se tiene es que las actividades permanecerán detenidas hasta nuevo aviso.
Frente a lo señalado, Esperanza Chávez, líder del colectivo Por Amor a Ellxs dijo “rechazar la aprobación exprés del paquete de leyes” y exigió en nombre de las organizaciones y demás colectivos de familiares que, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y demás legisladores “no pasen al pleno ni voten las leyes, hasta que se genere un proceso abierto, transparente y participativo”, como se requirió y están obligados a través del principio de participación conjunta.
Por su parte, la señora Lety Vázquez como integrante del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), señaló que “las y los diputados les han dado la espalda” al no notificarles sobre la reunión en el pleno y el proceso de dictaminación de las leyes; y, por lo tanto, “violan los acuerdos e impide los estándares más amplios” en materia de protección y derechos humanos de las víctimas de la violencia:
“En el congreso se priorizan los intereses y negociaciones políticas en lugar de las necesidades de las víctimas. Hacemos un llamado y exigimos que no pasen al pleno y no se voten los dictámenes hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología ampliamente trabajada, que cumpla con las necesidades de las familiares de desaparecidos y demás víctimas de la violencia”, afirmó.
FRENTE A LA VOTACIÓN EXPRÉS: SIN INFORMACIÓN REAL SOBRE DOCUMENTOS Y DICTAMENES DE LEY
Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. y Anna Karolina Chimiak del CEPAD, afirmaron que no han recibido de manera formal los documentos de los dictámenes que pretendían votarse; ya que, a los que han tenido acceso, han sido recibidos de “manera extraoficial”. En éstos, precisaron, “no se tiene claridad” y “no se sabe cuáles pasarían al pleno”:
“Nos han filtrado documentos que pareciera incorporan las observaciones, documentos que ni siquiera parecen ser oficiales” expresaron.
Con ello, advirtió la codirectora del CEPAD, la mayoría de las observaciones realizadas de manera concreta por organizaciones y familiares, en el marco de las mesas de trabajo de enero y posterior a éstas, no resultan incorporadas:
“La mayoría de las observaciones no se resulta incorporada, hay una postura de muy poca apertura para incorporarlas. Se presentaron múltiples observaciones y no existe aún una postura unánime que necesita mayor discusión. Además, se desconoce cuáles fueron los criterios que se utilizaron para incorporar ciertas observaciones”.
Tampoco queda claro cuál fue el criterio para incorporar las observaciones realizadas durante las mesas de enero. Entre las observaciones que, señala la organización, no fueron incorporadas a estos documentos recibidos de manera extraoficial se encuentran: limitaciones en el concepto de búsqueda inmediata; se excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos; el Consejo Ciudadano Local se reduce a un órgano de consulta en la Comisión Local de Búsqueda; y con ello, expresó Chimiak, se dejaron fuera señalamientos importantes relacionados con la búsqueda de menores de edad y mujeres con perspectiva de género, además del enfoque diferenciado.
Respecto a la Ley Estatal de Atención a Víctimas, consideraron que ésta debe ser trabajada de manera independiente, ya que requiere incorporar más opiniones, visiones y contextos múltiples de todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado, no sólo de quienes han sido víctimas de desaparición y sus familiares.
Madre de desaparecido en una de las mesas temáticas organizadas por el Congreso de Jalisco (Foto: Dalia Souza).
CLAUSURARÁN EL CONGRESO DE JALISCO
Esperanza Chávez del Colectivo Por Amor a Ellxs informó que, frente a las decisiones arbitrarias que ha decidido tomar el Congreso del Estado, este martes 28 de julio han decidido clausurar de manera simbólica sus instalaciones “para que se den cuenta (las y los diputados) de la magnitud del problema y puedan atendernos”; mientras que, en 15 días (fecha en la que se tiene previsto reanudarán las labores en el recinto legislativo) lo harán nuevamente:
“Hoy va a ser simbólico y en 15 días cuando abran lo haremos otra vez. Es algo que tenemos que hacer por todas las familias, no se vale que quieran hacer unas leyes que no tomen en cuenta a las familias” afirmó.
La cita es el martes 28 de julio a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco en el Centro Histórico de Guadalajara.
PEDIRÁN COLABORACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Por su parte, Alejandra Nuño del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., anunció que el pasado domingo 26 de julio presentaron ante varias instancias internacionales de derechos humanos una comunicación donde se informó sobre el actuar de las y los legisladores del Congreso de Jalisco, para que éstas requieran respuestas de la autoridad Federal y local en el tema.
Entre las instancias informadas se encuentra: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, quienes en su momento participaron en las mesas de trabajo organizadas por las y los diputados en el mes de enero y se encuentran trabajando en conjunto con las familias y sus organizaciones acompañantes.
Según refirió Alejandra Nuño, no es la primera vez que organismos internacionales ponen en discusión en actuar de los Congresos de los estados en México, ya que de las diez sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitido al país, en siete de ellas se hacen señalamientos sobre leyes violatorias o contrarias a tratados internacionales.
“TIENEN 15 DÍAS”
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y su Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios tiene 15 días para generar la hoja de ruta solicitada por las familias y sus organizaciones que, contemple, lo ya previsto y establecido en la carta enviada el pasado 17 de julio, de lo contrario, han advertido, podrían comenzar a iniciar algunos amparos al respecto.
Finalmente, sobre las declaraciones realizadas por el diputado Jorge González Arana en una entrevista con en el medio local Notisistema (donde culpabilizó a los familiares de no querer llevar a cabo en la virtualidad los trabajos de análisis y discusión respecto a la ley), las familias dijeron sentirse decepcionadas; ya que, días antes, éste se habría mostrado con disposición para trabajar las peticiones.
