En el marco de la pandemia de COVID-19, la labor de defensa de los derechos humanos se ha visto vulnerada más que nunca; a la par, han denunciado mujeres defensoras de México y Centroamérica, la pandemia ha generado condiciones adversas para las y los defensores en Latinoamérica.
En México, desde que inició el confinamiento al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas, cuatro de ellas mujeres y dos periodistas, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Ilustración de Emma Gascó
El incremento de la violencia de género; la militarización; la intensificación del extractivismo; las restricciones en el acceso a la justicia; las medidas de austeridad; y los límites al acceso a la información, son algunas de las barreras estructurales que la emergencia sanitaria agravó para garantizar la defensa de los DDHH.
A través del webinar organizado desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres defensoras en México y Centroamérica alertaron que la pandemia se sumó a un contexto de crisis grave de violaciones a derechos humanos, por lo que, el derecho a defender se ha vuelto más complicado y riesgoso.
“De enero a junio 266 defensoras y defensores han sido atacados desde la difamación, detenciones arbitrarias, hasta asesinatos. Esto nos pone sobre la mesa el riesgo que implica en la región defender los diversos derechos humanos”, aseguró Yésica Sánchez, abogada del Consorcio Oaxaca de la Red de Defensoras de México, donde brindan acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio.
Por su parte, Marleny Montenegro integrante de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) en Guatemala, señaló que los ataques a personas defensoras actúan como un doble silenciador tanto a nivel individual como social, procurando el debilitamiento y fragmentación de los procesos organizativos.
Desde ECAP luchan por la defensa de las víctimas de violencia o represión, mujeres, pueblos originarios y migrantes; sin embargo, también han documentado agresiones a personas defensoras como: criminalización, intimidación y amenazas, denuncias falsas, uso indebido del derecho penal, violencia sexual y ataques contra la vida e integridad física.
A pesar de que la pandemia paralizó a las autoridades, la labor de las defensoras ha continuado, ya que, en opinión de María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (México), la “pandemia de la violencia” sigue desapareciendo y asesinando a mujeres.
“El feminicidio es una pandemia, sabemos que el confinamiento ha traído más feminicidios en el ámbitos doméstico y comunitario México tiene 21 declaratorias de alerta de género, la mayoría por feminicidio y desaparición. Nosotras no hemos parado, hemos sido creativas para no paralizarnos y dar una respuesta ante la inacción de las autoridades”, agregó María de la Luz.
El aumento de la violencia también se ha presentado en El Salvador, donde el Gobierno se ha posicionado autoritario y ha vulnerado derechos bajo la justificación de la protección del derecho a la salud, de acuerdo con Bianka Rodríguez, directora de Comunicado y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS).
Desde COMCAVIS han documentado alrededor de 315 afectaciones a derechos humanos, entre ellos el derecho a la identidad. Registraron agresiones a mujeres trans en zonas de trabajo sexual, donde fueron amenazadas por militares con ser llevadas a centros de contención (de cuarentena) si no mostraban sus genitales:
“Los defensores de derechos humanos pareciera que no nos vamos a infectar de COVID haciendo la labor que el estado debería de estar haciendo en materia de tutela y protección de derechos hemos sido criminalizados por el presidente, ha habido detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales porque se ha posicionado la pandemia desde la militarización”, expresó Bianka.
Por otro lado, en Nicaragua la falta de medidas de prevención por parte del gobierno ha provocado que defensores enfermen o presenten síntomas relacionados con el COVID-19. Incluso, se ha desprestigiado a quienes promueven las medidas de protección contra el virus, aseguró Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más.
Wendy, quien forma parte de los 80 mil nicaragüenses exiliados y refugiados en Costa Rica, opina que el Estado está inactivo frente a la pandemia, pero represivo frente al ejercicio de derechos civiles. Por ello, el trabajo en redes ayuda a exigir una respuesta del Estado y poner en evidencia las violaciones a derechos humanos.
“El Observatorio Ciudadano de COVID reporta 2 mil 225 muertes, el Estado reporta 99. El personal de salud demanda medidas de protección y el Estado reprime a quienes lo hacen, tenemos a más de 40 médicos despedidos por brindar equipos de protección”, agregó Wendy.
Las defensoras coincidieron en que, si bien, los grandes problemas estructurales que atraviesa la región se agudizaron con la pandemia, ahora representan una oportunidad de seguir visibilizando realidades que se traduzcan en políticas públicas afirmativas para garantizar la dignidad, como una alternativa para el reconocimiento de los derechos humanos; seguir fortaleciendo alianzas con otras organizaciones defensoras; encontrar nuevas formar de acompañar y denunciar, sin dejar a un lado el autocuidado y el de sus propios espacios.
“Asumir la defensa de los derechos humanos no sólo implica hacer lo que el estado no hace, sino que también implica resistir frente a la crisis de derechos de un sistema capitalista, clasista, colonialista; que históricamente ha demostrado que tiene fallas y es insuficiente”, aseguró Alejandra Burgos, quien moderó la webinar.
Habrá que advertir que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un llamado a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la necesidad de la protección, acceso a la justicia y mecanismos de denuncia para las y los periodistas y personas defensoras.
