Personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que aguardan la resolución de sus casos bajo el Protocolo Quédate en México, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares para que el Gobierno mexicano les garantice condiciones de seguridad, acceso a la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19, el libre tránsito por el país para acudir a sus audiencias en Estados Unidos y facilitar la reunificación familiar.
Junto con las organizaciones que les acompañan y sus representantes legales, han denunciado en los últimos meses que este Protocolo además de violentar su derecho humano a la protección internacional, vulnera su seguridad ya que en México han sido víctimas de asesinatos, secuestros, desapariciones, reclutamiento forzado, extorsiones, asalto y violencia sexual.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil informaron que el pasado 17 de junio personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que se encuentran en territorio mexicano bajo el Protocolo “Quédate en México” -MPP, por sus siglas en inglés- solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares para que el Gobierno de México garantice su integridad y salud en el contexto del COVID19; el libre tránsito por el país para que lleguen a sus audiencias sin el riesgo de ser detenidas y/o deportadas, además de facilitar la reunificación familiar, puesto que, han sido separadas y separados de sus seres queridos luego de ser regresados a México a esperar sus audiencias.
Es importante advertir que, en diciembre de 2018 el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión arbitraria y unilateral de enviar a México a todas las personas solicitantes de asilo en su país, para que éstas esperaran la resolución de sus casos en la corte, fuera de su territorio. México aceptó e, incluso, el 7 junio de 2019, el Gobierno Federal aprobó la ampliación de la medida para evitar el incremento de los costos arancelarios y “formalizar esta práctica para frenar la migración”.
Según refieren las organizaciones en su comunicado, el 29 de enero de 2019 se registró el primer caso de una persona solicitante de asilo en Estados Unidos que fue regresada a México por el estado de Tijuana. De esta fecha al mes de marzo de 2020, informan, “han sido regresadas más de 62 mil personas quienes viven en campamentos, albergues y otras viviendas temporales”.
Estas condiciones en las que han sido obligadas a vivir, contrarias a las que el Gobierno de México se comprometió a cumplir, como: garantizarles empleo, regularización migratoria y protección, les ha llevado a enfrentarse a situaciones de violencia y precarización de la vida; principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de asesinato, secuestro, desapariciones, asaltos, extorsiones y violaciones sexuales, además del reclutamiento para el trabajo forzado.
Por ello, en la petición que se realiza a la CIDH se solicita que el Estado mexicano “termine su participación en dicha política y rechace el ingreso al país de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos”, así como garantice “la integridad de las personas bajo MPPP que se encuentran en el norte de México, debido a las condiciones de inseguridad que allí se viven”.
En el mismo sentido, las organizaciones que también son representantes legales de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos: Clínica de Migración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Clínica Legal Trasnacional de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, Latin America Working Group y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), denuncian que las autoridades mexicanas “han sido acusadas de desalentar las peticiones de asilo en Estados Unidos advirtiendo a las personas sobre los peligros en la frontera norte y ofreciéndoles transporte gratuito a la frontera sur del país, pagado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que puedan regresar a sus países”.
Al respecto, han recordado a las autoridades que las y los peticionarios de medidas cautelares ante la CIDH, “son parte de una población que ha salido de sus países huyendo de la violencia y persecución política”, por lo tanto, “bajo su derecho de solicitar asilo en el país donde se sientan seguras, Estados Unidos se convirtió en su opción”. De tal manera, ambos gobiernos en complicidad “violaron el principio de no devolución y han devuelto a esa población a territorio mexicano a esperar sus procesos”.
Frente a esto, las organizaciones ven con preocupación que tras el inicio de la emergencia sanitaria el Gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de suspender de manera indefinida las resoluciones de casos ante las cortes; una situación que consideran pondrá a las personas a permanecer en México con pocas certezas y en medio de una espera indeterminada.
Finalmente, señalan que, de manera paralela a la solicitud de medidas cautelares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo promovido por la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el IMUMI contra la política migratoria “Quédate en México”; por lo que se espera que “las y los ministros puedan fijar criterios entorno: al incumplimiento de México del principio de no devolución presente en el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y garantías de debido proceso; el estatus migratorio que el gobierno mexicano brinda a la población bajo MPP; y la importancia de que la política migratoria deba contener una perspectiva de género”.
Consulta el comunicado completo en el siguiente enlace: https://mailchi.mp/imumi.org/personas-bajo-protocolo-qudate-en-mxico-solicitan-medidas-cautelares-ante-la-cidh?fbclid=IwAR0o21N7-WTYiELYRKNGxrpSYZpxaaIofKbd99hiIBXPPxBM3zA-SNDA_9s
