Después de siete meses de lucha, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) accederán al 50% de los recursos que les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Si bien eso les permitirá seguir atendiendo a mujeres indígenas embarazadas y víctimas de la violencia de género durante los próximos meses, así como remunerar el trabajo de quienes trabajan en las casas, la Red Nacional de las CAMI no dejará de exigir el presupuesto completo para garantizar los derechos de las mujeres indígenas.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
El pasado 13 de julio, la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) informó a la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) sobre una ampliación de 8 millones de pesos al presupuesto destinado para las 35 CAMI ubicadas diferentes comunidades indígenas de México.
Esta nueva asignación se aplicará la primera semana de agosto, y junto con la recibida el pasado 17 de junio por otros 8.5 millones de pesos, suma el 50% de los recursos totales que estaban programados para las CAMI en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 (anexo 13, rubro 47, dentro del “Programa de Derechos Indígenas”).
La lucha por conseguir el presupuesto completo, destinado a la atención de mujeres indígenas embarazadas y víctimas de violencia de género en comunidades aisladas, con perspectiva intercultural, en su lengua y rescatando sus saberes tradicionales para la sanación, comenzó con la llegada de la pandemia del COVID-19 a México.
El 3 de abril el INPI anunció que pospondría la entrega de recursos económicos destinados a las Convocatorias del Programa de Derechos Indígenas, entre ellos los de las CAMI, debido a “la imposibilidad de iniciar con la implementación de los proyectos” garantizando las medidas sanitarias adecuadas para la mitigación y control del coronavirus.
Sin embargo, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia fueron considerados actividades esenciales en el ACUERDO para atender la emergencia sanitaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.
Semanas más tarde, el 22 de mayo, la Secretaría de Gobernación anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había cancelado definitivamente los recursos para las CAMI con el fin de reasignarlos a la atención del COVID-19.
“Esto nos hace darnos cuenta de que seguimos invisibilizadas, que no nos están mirando como una población vulnerable. Se repite la discriminación, el abandono, la desigualdad de género hacia las mujeres indígenas”, dijo entonces Nelsy Maricela Ku Chay, Coordinadora de la Red Nacional de las CAMI.
La falta de recursos puso a las casas en una situación crítica y en inminente riesgo de cierre. Algunas aun sin luz, internet y con recortes de personal siguieron operando, pues reconocieron su compromiso con mujeres indígenas víctimas de violencia, sobre todo durante la epidemia, con la cual ha aumentado la demanda de servicios en las CAMI.
Fue gracias a la insistencia de la Red Nacional de las CAMI y sus negociaciones con el INPI que han logrado acceder al 50% de su presupuesto. Con ello seguirán protegiendo los derechos de las mujeres indígenas durante los próximos meses, pero su lucha no ha terminado.
Además de que los gastos se han atrasado más de medio año, en algunas CAMI, como la de La paloma Ju Wo kkow San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa, Sonora las representantes buscaron alternativas como préstamos financieros para seguir operando. Ahora tienen una deuda que la mitad de los recursos que les fueron asignados en el PEF no pueden solventar.
“Queremos dejar en manifiesto que seguiremos en la lucha para alcanzar el presupuesto suficiente para las CAMI, para que se respeten nuestros derechos y para que se garantice el presupuesto para el 2021”, comunicaron las integrantes de la Red CAMI en un boletín informativo el pasado 13 de julio.
En él también reiteran la necesidad de la creación de un Programa Integral para Mujeres Indígenas en el INPI, que sea etiquetado de manera específica en el Anexo 13 del PEF.
En 2019, las CAMI atendieron a un promedio de 24 mil personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños indígenas. Este año, así como los que vienen, la vida y los derechos de esta población no pueden esperar.
